Proliferan loteamientos ilegales y casos de estafas en el cerro de Cota y todo el Calvario
Instituciones de Quillacollo convocan a las autoridades municipales, eclesiásticas, ambientales, turísticas y de la Gobernación de Cochabamba a salvar de un inminente desastre ecológico a la serranía de Cota o Calvario de Urkupiña, por constituir un patrimonio boliviano protegido por la Ley 3194.
Según el dirigente del Comité Pro Qollqas de Cotapachi, Jorge Ovando, el cerro de Cota, que se extiende desde el templete del Santuario de Urkupiña hasta el límite tripartito con los municipios de Vinto y Sipe Sipe, actualmente enfrenta una depredación y degradación ecológica y ambiental, que pone en riesgo su integridad debido a la proliferación de loteamientos y asentamientos urbanos ilegales.
Recordó que en 2007, el presidente Evo Morales Ayma aprobó la Ley 3194 que declara a toda el área de influencia del Calvario de Urkupiña como patrimonio religioso, arqueológico y ecológico, medida que alcanza a la denominada Microcuenca de Cotapachi, que incluye a las jurisdicciones de Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe.
“Los alcances de esta ley prohíben todo tipo de asentamientos y loteamientos en el Calvario de Urkupiña, que lamentablemente no fueron cumplidos por las sucesivas autoridades municipales quienes permitieron emplazamientos de más de 15 urbanizaciones ilegales, que atentan a este patrimonio de todos los bolivianos”, dijo.
De la totalidad de asentamientos, sólo tres urbanizaciones son legales y el resto ilegales. Asimismo, tres urbanizaciones enfrentan conflictos de sobreposición y otros no cuentan con títulos de propiedad debidamente reconocidos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, por encontrarse en proceso de saneamiento.
DESTRUCCIÓN
Ovando denunció que por la acción de loteadores profesionales, está en peligro la Vertiente o Gruta, lugar donde según la afamada leyenda de Mercedes Anaya de Urquidi, hace más de 300 años, hizo su revelación la Virgen de Urkupiña a una humilde niña pastorcita del rancherío de Cota.
Dijo que en la zona aparecieron de la “noche a la mañana como hongos después de la lluvia” construcciones de viviendas ilegales que afectan a la imagen y jerarquía religiosa de la Gruta. El lugar, cada 17 de agosto, es visitado por miles de devotos cruceños, quienes tienen la creencia que las aguas de la Vertiente tienen facultades milagrosas relacionadas con la cura de enfermedades terminales. Existen muchos testimonios conmovedores que dan cuenta de los milagros de la Virgen, relacionados con el agua que sale de las entrañas de la serranía.
“Si las autoridades municipales y eclesiásticas no ponen freno a la acción devastadora de los loteadores, que están identificados, en pocos años el lugar quedará reducido a nada, perdiéndose un patrimonio de todos los bolivianos”, dijo.
PREOCUPACIÓN
El equipo sacerdotal de la parroquia de Quillacollo lamentó que las urbanizaciones ilegales avasallen y amenacen sitios consagrados a la fe de miles de devotos y turistas.
De proseguir los loteamientos, está en riesgo la futura construcción de una capilla en la zona donde apareció la Virgen María de Urkupiña. Asimismo, se afectará la jerarquía de la futura Basílica Mariana con capacidad para más de 30 mil personas sentadas y más de 50 paradas, y que será construida en la explanada detrás del templete del Calvario.
Piden a las autoridades municipales proteger y preservar el Calvario de Urkupiña de una inminente destrucción, cuidando el lado humano y social, caso contrario se consolidarán villas sin servicios básicos que degradarán aún más la zona.
Actualmente, el tráfico de tierras en el Calvario de Urkupiña genera enfrentamientos entre los supuestos propietarios y adjudicatarios, por presuntas estafas millonarias de intermediarios, ya que la zona está protegida por una ley donde se prohíbe toda forma de asentamiento.
Investigaciones: Gran parte del Calvario es tierra fiscal
Según un informe técnico jurídico de 1993, realizado por una comisión de abogados, historiadores y arquitectos, por encargo del Colegio de Arquitectos de Quillacollo, el lado Oeste del Calvario de Urkupiña en jurisdicción de Quillacollo, es de propiedad fiscal, es decir de la Municipalidad.
Los documentos consultados sostienen que la Reforma Agraria del 2 de agosto de 1953, afectó terrenos de terratenientes de esa época a favor del Estado. Toda la serranía de Cota, en el área de influencia de la Gruta, pertenece a la Alcaldía de Quillacollo, en tanto que los terrenos de la zona Este a las Fuerzas Armadas, Iglesia Católica, Alcaldía de Quillacollo y comunarios de Cotapachi, por una dotación posterior que se remonta a los años 70.
Las investigaciones apoyadas en documentos fehacientes, sostienen que la propiedad de los exterratenientes Valentín Achá y descendientes estaba ubicada en la comunidad de Cota, hoy Villa Asunción, y no así en el Calvario.
Asimismo, las supuestas propiedades de la familia Urquidi, se encuentran en la zona de Punku Molino, ubicada en otra jurisdicción municipal, por lo que nadie puede arrogarse derecho propietario, excepto el Estado por ser tierra fiscal, en este caso, la Alcaldía de Quillacollo.
La memoria de esta investigación se encuentra en los archivos del Colegio de Arquitectos de Quillacollo, a los que deben acudir los interesados.
Denuncian estafa, más de $us. 400 mil a 330 personas humildes
Un número de 330 personas pobres fueron víctimas de una estafa de más de 300 mil dólares que fueron entregados a una intermediaria para la compra de un lote de terreno en la urbanización Concordia ubicada en el Calvario de Urkupiña, donde proliferan los asentamientos ilegales.
Representantes de los adjudicatarios, hace algunos meses, presentaron denuncia formal a la Fiscalía de Materia en contra de Roberta Vargas y la familia Urquidi, identificados como los presuntos autores de la cuantiosa estafa que movilizó durante la semana precedente a los afectados.
El representante de los adjudicatarios de la denominada urbanización Concordia, Cirilo Colque informó que cada miembro entregó en manos de Vargas, entre 4 y 5 mil dólares por un lote de 300 metros en la zona del Calvario de Urkupiña. “Hasta ahora, y pese a pagar el costo de los terrenos, no nos entregan nuestros títulos de propiedad”, agregó.
Según miembros del Colegio de Arquitectos de Quillacollo, los loteamientos y emplazamientos urbanos en el cerro de Cota o Calvario de Urkupiña están prohibidos por normas municipales y nacionales, porque fue declarado como patrimonio arqueológico, ecológico y religioso por la Ley 3194 promulgada por el presidente Evo Morales Ayma en 2007.
Asimismo, la zona fue declarada área de preservación y protección ambiental, ecológica, turística y religiosa por una ordenanza del Concejo Municipal de Quillacollo.
MARCHA
Según Colque y otros representantes se movilizaron junto a los afectados, exigiendo al fiscal de Materia Jhonny Medrano mayor celeridad, y se pronuncie sobre este caso que está archivado desde hace más de un año y medio.
Denunció que entre las causas para la retardación de justicia, figuran que la principal acusada Roberta Vargas, se atiene a su condición de ser dirigenta del Movimiento al Socialismo y ser presidenta del Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE).
EN SU DEFENSA
Sin embargo, Jhonny Santos, quien asume la defensa jurídica de Roberta Vargas informó que de las 16,5 hectáreas que debía entregar la familia Urquidi sólo se les entregó 12 hectáreas, donde actualmente ya habitan los adjudicatarios, asegura que el dinero entregado sobrepasa el 80% de lo acordado, sin embargo, entrego el resto porque la familia Urquidi no entregó la extensión acordada. La familia Urquidi vendió estos terrenos entre 3 y 3.6 dólares el metro cuadrado.
CUESTIONAN
Por su parte, el dirigente del Comité Pro Qollcas de Cotapachi, Jorge Ovando afirmó que esa y otras urbanizaciones son ilegales debido a que toda el área de influencia del Calvario de Urkupiña, Laguna y Qollcas de Cotapachi y otras zonas son tierras fiscales y están protegidas por una ley del Estado.
Reveló que la degradación o destrucción del Calvario de Urkupiña no interesa a nadie, ya que las sucesivas autoridades municipales dieron su visto bueno por motivos políticos para el asentamiento de urbanizaciones ilegales.
Dijo que debido a los loteamientos, muchos proyectos turísticos, ecológicos y religiosos se van perdiendo, sin tomar en cuenta la jerarquía de esta serranía que es considerada sagrada por la presencia de la gruta y Santuario de la Virgen de Urkupiña, que es visitada anualmente por más de un millón de personas.
