La violencia vinculada a los avasallamientos de tierras vuelve a generar preocupación en la Chiquitania. Comités cívicos provinciales denunciaron un nuevo ingreso violento en la comunidad indígena Sagrado Corazón, en el municipio de San José de Chiquitos, donde el cacique chiquitano Ricardo Peña fue agredido cuando intentó dialogar con un grupo identificado como interculturales.
El dirigente indígena, de 76 años, sufrió graves fracturas en ambos brazos y lesiones en el cuello, por lo que fue evacuado de emergencia al hospital Japonés de la ciudad de Santa Cruz. Para representantes cívicos e indígenas, el ataque evidencia una escalada de violencia contra los pueblos originarios que defienden sus territorios ancestrales.
Desde el sector cívico, Marcelo Méndez advirtió que estos hechos no serían aislados y denunció la existencia de una estructura que, presuntamente, continúa operando desde el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para facilitar información sobre predios, lo que derivaría en tomas ilegales de tierras. Aseguró que no se permitirá ningún atentado contra la vida ni la cultura de los pueblos indígenas.
Tras la denuncia, se reforzó la vigilia y la toma pacífica de las oficinas del INRA en la ciudad de Santa Cruz, a la que se sumaron comunidades chiquitanas que denuncian avasallamientos recurrentes, destrucción de viviendas, afectación a fuentes de agua y daños ambientales acumulados durante varios años.
Desde la protesta, la cacique de Pailloncito, Giseli Cuéllar, recordó que su comunidad enfrenta sobreposición ilegal de asentamientos desde 2018 y afirmó que la degradación del territorio ha dejado a varias poblaciones sin acceso al agua. También expresó su solidaridad con el cacique agredido y cuestionó la falta de respuesta de las autoridades.
El Comité pro Santa Cruz respaldó la movilización y exigió una auditoría integral y la reestructuración del INRA, además de la destitución de funcionarios presuntamente involucrados en el despojo de tierras. Su presidente calificó de vergonzosa la continuidad de los avasallamientos y pidió una intervención inmediata del Ministerio Público.
Los movilizados anunciaron que la vigilia se mantendrá al menos por 48 horas y advirtieron que, de no existir respuestas concretas del Gobierno, se evaluarán nuevas medidas de presión. Comunidades indígenas y sectores cívicos reiteraron su demanda de justicia, el cese de los avasallamientos y el respeto a los territorios ancestrales de la Chiquitania.
Fuente:cecasem
Foto: Universidad Autónoma Gabriel René Moreno UAGRM
