Análisis

LA NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES

Las diferentes organizaciones de la prensa y de medios de Bolivia advirtieron sobre los riesgos para el periodismo y para el funcionamiento de radios y canales de TV la aprobación en primera instancia de la nueva ley de telecomunicaciones en la Cámara de Diputados, que es controlada por el oficialismo.

Criticaron que la normativa, impulsada por el MAS, haya sido hecha “sin diagnóstico previo de la situación y a espaldas del sector, que es quien debe cumplir con la regulación”.

También previnieron que esta ley permitirá que el control de las radios y los canales pase a manos del Estado y que los medios serán obligados a transmitir dos mensajes del presidente Morales al año y de forma gratuita, entre otros asuntos discutibles.

La norma “es parte de una arquitectura jurídica que trata de vulnerar las libertades constitucionales con el control de los medios de comunicación y el trabajo periodístico”, agregaron. Determina, asimismo, un 33% del espectro electromagnético para el sector privado comercial, otro 33% para el Estado, un 17% para los pueblos indígenas y el restante 17% para organizaciones sociales.
Según los críticos, en la práctica el Gobierno controlará hasta un 66% del espectro debido a su relación con las organizaciones indígenas y sociales, existiendo un peligro de manipulación informativa en todo el país.

Añadieron que el Gobierno tendrá la facultad de cancelar las licencias de medios comerciales para dar espacio a otro tipo de propietarios como el Estado o grupos indígenas, pues técnicamente el espectro tiene límites.

Para el oficialismo, no obstante, la ley simplemente brinda las reglas del juego en el tema de telecomunicaciones, afirmando que ningún artículo habla de quitar recursos, de confiscar o de eliminar derechos; por el contrario, garantiza los derechos de las cooperativas, de las empresas estatales y privadas.

Por su parte, la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel) se ha reunido a mediados de la semana pasada para analizar la última propuesta de esta ley, que ya ha sufrido varios cambios. Sin embargo, hace dos meses el ministerio mandó -sin mostrarlo- un proyecto de ley al Parlamento, pero lo paradójico es que han escuchado muchas ofertas y sugerencias, pero se han tomado en cuenta muy pocas y ya no dialogaron, dejando la búsqueda de consenso para la etapa de la reglamentación.

Entonces, estamos frente a una ley torcida que no considera seis artículos de la Constitución, ya que se basa ‘en la libre concurrencia de todos’. O sea, que todos somos iguales ante el mercado, pero desconociendo la Carta Magna y ocasionando serios daños a las cooperativas. Por consiguiente, esta norma busca beneficiar a Entel, porque le perdona toda la deuda que heredó de los italianos, siendo que el año pasado esta empresa declaró Bs 600 millones de utilidades y solo paga 200 por concepto de impuestos, por lo cual no necesita de esa ayuda, ya que le saca recursos de obras sociales al erario para fortalecer a una empresa estatal, pero desde una óptica errada, pues le inflige un daño grave al Estado, en su afán de proteger los ingresos de la telefonía móvil, incluyendo las transnacionales, que no tienen ninguna restricción, al mero estilo neoliberal que tanto desdeñan, pero en franco detrimento de la telefonía fija.

Esperamos, pues, que no se hagan las cosas de forma unilateral, que se dé la oportunidad de discutir, competir y disentir. No es mucho pedir. ¡Hasta la próxima!