Análisis

DIÁLOGO Y CONSENSO, ¿PARA QUÉ?

Dialogar y consensuar la ley de medios de comunicación y el ejercicio del periodismo es una tarea compleja para Amanda Dávila, responsable del Ministerio de Comunicación. En días pasados, conversando con colegas del gremio, apenas mencionada la intención de ampliar la Ley de Imprenta, pude constatar que por el momento no existe la voluntad de introducir cambios en el instrumento legal que ha cumplido 87 años de vigencia y que aunque es considerado patrimonio histórico del periodismo en el país, tiene grandes vacíos ante la evolución de los derechos de los sujetos activos que participan del proceso de informar.

Cuando escucho a la periodista Dávila, ahora encumbrada en el ministerio, percibo un error estratégico sobre cómo plantea el diálogo: cuando antepone la voluntad de los movimientos sociales, que ‘recomiendan’ mayor control sobre los contenidos de los medios y deja de lado la oportunidad de reflexionar sin presiones de nadie, peor de los afines al Gobierno, sobre la necesidad de incluir el precepto constitucional de autorregulación como inspiración doctrinaria jurídica para el nacimiento de una nueva ley. Es muy difícil legislar principios éticos o deontológicos, pero, en el caso boliviano, la Constitución Política del Estado menciona, en el parágrafo II del art. 107, el ejercicio de principios y normas éticas y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley, originando una figura compleja porque crea una categoría que puede interpretarse como una reglamentación de las libertades autogestionarias de los gremios periodísticos.

La pregunta que surge a partir de la lectura de ese parágrafo es: ¿a qué ley se refiere el constituyente que redactó la Carta Magna? Definitivamente no es la Ley de Imprenta, porque este instrumento legal, del 19 de enero de 1925, no contiene y no tiene prevista la administración de un derecho de cuarta generación como la autorregulación, que es un concepto que refleja casi 100 años de avance frente a la arquitectura legal de la Ley de Imprenta, que es un instrumento de excepción, que crea un ámbito extra Poder Judicial para conocer los llamados delitos y faltas de imprenta. En su morfología, sus 71 artículos crean tribunales especiales, delimitan las contravenciones a sus disposiciones y especifican delitos dividiendo los que se cometen contra la Constitución, contra la sociedad y contra las personas, cuyas penas pecuniarias no exceden los Bs 400 (art.15).

Si bien pretende garantizar la libertad de expresión, y existe jurisprudencia de su aplicación, no alcanza a la autorregulación, que en la Constitución actual da un salto cualitativo al incluir en el proceso de conocimiento de casos exclusivamente a los tribunales de ética formados por periodistas. Nadie en su sano juicio aceptará un control social sobre las libertades de los comunicadores, que en su mayoría no acepta que se toque la Ley de Imprenta por temor a que se abra una caja de Pandora que limite derechos. Sin embargo, no es menos cierto que, por lo expuesto, hay temas medulares pendientes, a ser resueltos, y ante la apatía o la negativa al diálogo, simplemente se dará paso a lo ocurrido en el pasado reciente, las leyes se aprobaron y se aplicaron sin una contraparte que exija participación en el debate. Pasó con la ley antirracismo, lo demás es historia conocida.