La invisibilización de su aporte a la economía, sociedad y a la familia es alarmante
Días atrás, el Observatorio de los Derechos de los Adultos Mayores presentó los resultados de una encuesta realizada en La Paz, donde se indaga percepciones acerca de la vejez y sus derechos. Previsiblemente, los resultados son desalentadores: casi siete de cada 10 personas creen que los abuelos no aportan al hogar, que son tristes y que es difícil cuidarlos.
En términos generales, la gente tiene una visión negativa de la vejez y el envejecimiento, y es esta visión la que determina creencias como las señaladas, al mismo tiempo que explica la ignorancia sobre los derechos de las personas adultas mayores y, fundamentalmente, la invisibilización de su aporte a la economía, a la sociedad y a la familia.
En efecto, según datos de la Fundación Horizontes, responsable del Observatorio y del estudio encargado por éste, entre seis y siete ancianos trabajan por cuenta propia para asegurar su propio sustento y en muchos casos el de sus descendientes; en total, 32% de los adultos mayores del país son cabeza de familia, lo que implica que son responsables de la alimentación y la vivienda familiar, cuando menos.
Por otra parte, el estudio permitió evidenciar que así como el común de las personas desconoce los derechos de los adultos mayores, los directos interesados también ignoran las normas y disposiciones que los amparan preferentemente. Entre los derechos expresamente reconocidos a los adultos mayores están la atención médica gratuita, la rebaja del 20% en pasajes del transporte aéreo, terrestre y pago de servicios básicos, además del más elemental de todos: a la dignidad.
La preocupación por el estado de los derechos de los adultos mayores así como, sobre todo, por las representaciones e imaginarios asociados con la vejez y el envejecimiento, no son únicamente motivados por una sensibilidad especial, sino por la evidencia de que, al margen de lo que se piense respecto del paso de los años y su efecto en el cuerpo y la vida de todas las personas, nadie está exento de llegar a la edad en que las funciones físicas y mentales comienzan a fallar, lo que demanda un cambio de actitud desde la juventud, para prepararse y, sobre todo, hacer cuanto se pueda para asegurar una vejez digna, cuando importa menos el dinero o los bienes que la salud y el bienestar integral.
Considerando que en 2010 casi el 7% de la población boliviana tenía más de 60 años de edad, y que según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística en 2020 los adultos mayores sumarán el 14% de la población, preocuparse por la vigencia de los derechos de estas personas y, fundamentalmente, comenzar a generar políticas públicas destinadas a favorecer sus condiciones de vida, y asegurar su cumplimiento, más que un favor o un acto de caridad, es una necesidad imperiosa. No hacerlo ahora es permitir los problemas de mañana.
