Santa Cruz

TOMA DE TERRENOS CRECE Y ASUSTA A MONTERO

En el último año al menos cuatro terrenos privados y uno del Estado, que van de 10 a casi 300 hectáreas, han sido tomados en el municipio de Montero. Uno de ellos pertenece al Ministerio de Defensa que, desde 2008, ha iniciado un juicio contra el diputado masista Edwin Tupa Tupa y otras personas por asentarse en el área.

Un grupo de loteadores tomó hace un tiempo una propiedad privada llamada El Cidral, atrás del dique de contensión, en un área prohibida para asentamientos, advierte el director del Plan Regulador de Montero, Imbar Zegarra.

Santa Bárbara, otra propiedad privada ubicada al este, también fue avasallada. En el lugar había una cabaña y pastizales para ganado, además de un proyecto de urbanización. Los propietarios iniciaron acciones legales.

En el barrio Virgen de Guadalupe, ubicado sobre la carretera a Portachuelo, frente a la Exponorte, y que está dentro de la urbanización Cofadena reclamada por el Ministerio de Defensa, también hay asentamientos ilegales, declara el coronel Henry García Canelas. El caso se inició en 2008, cuando ingresó un centenar de personas.

En los terrenos de la Escuela Salesiana Muyurina, ubicados en las unidades vecinales 40 y parte de la 47, hay más de 800 familias asentadas desde noviembre de 2011.

Se sabe que en la mayoría de los casos, los propietarios han presentado amparos constitucionales que salieron a su favor, pero hasta ahora no se ejecutaron los desalojos.

“Creemos que hay protección por parte de las autoridades de Gobierno, esto ha provocado que se generen estas tomas y lastimosamente por falta de acción de la Policía se ha llegado a conformar una federación de ocupantes de terrenos, estamos hablando de unas 3.000 a 4.000 personas que están dispuestas a salir en defensa, unas de otras”, lamenta el presidente del Comité Cívico de Montero, Miguel Ángel Hurtado.

El Ministerio de Defensa, a través de su apoderado, el coronel García, demandó al diputado Edwin Tupa, Santiago Valenzuela Arévalo, Ignacio Céspedes y otros. Según García, Tupa tiene terrenos en los predios del Ministerio de Defensa e incluso ha construido un depósito donde almacena motos chinas para su venta.

En septiembre del año pasado este lugar sufrió un incendio en el que se consumieron cerca de 500 motocicletas. Casi paralelamente, Tupa pidió licencia temporal como jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) para defenderse en el proceso.

En primera instancia la justicia falló por la restitución de la propiedad a favor del ministerio. Pero en noviembre de 2011, el juez Víctor Hugo Rojas anuló los obrados por supuestos errores procesal, explica García. El ministerio presentó un amparo constitucional para revertir el fallo y el viernes 3 de este mes, cuando debía llevarse a cabo la audiencia en la Casa Judicial de Montero, un grupo de avasalladores apareció en el edificio enfrentándose con la Policía a piedras y palos.

Aunque la movilización se la relacionó con la toma de tierras en Muyurina, según García, “cuando hubo los disturbios, estaba presente Tupa en la Casa Judicial junto a sus abogados, también al día siguiente en dependencias de la policía provincial”.

García acusa a Valenzuela como uno de los colaboradores de Tupa “en todas las acciones de loteamiento, asentamiento y repartición de lotes”.
El pasado jueves 9, ante el enfrentamiento en Montero, el juez de amparo constitucional de la capital cruceña, Juan Carlos Barrientos, falló a favor del Ministerio y determinó que el juez primero de partido dicte un nuevo auto inicial. Con esto, el proceso que involucra a Tupa sigue.
Según el líder cívico del norte, “la Policía tiene miedo de desatar algo grande”.

Hurtado recuerda también la demostración de poder que hicieron estos grupos hace unas tres semanas, cuando los padres de Muyurina y otros afectados por loteamientos hicieron una marcha con pañuelos blancos.

“Los loteadores llegaron a la plaza, ocuparon la tarima que habían armado los de la marcha, estaban encapuchados y con machetes. La Policía no hizo nada ni pidió refuerzos”.
El alcalde de Montero, Mario Baptista, del MAS, dice que como autoridad es respetuoso de la Constitución por lo que respeta la propiedad privada.
“Como autoridad queremos mantener la paz, pero más allá el que debe pedir desalojo es el propietario. Hay que aplicar la ley nomás y para eso tiene que haber autoridad, no solo del alcalde, sino del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Subgobernación y la Policía”, manifestó.

OTROS PROTAGONISTAS

Defensa. El abogado René Quispe asegura que los terrenos del barrio Guadalupe no son del Ministerio de Defensa. Acusa al coronel Henry García de vender lotes por el valor de $us 1 millón. Según Quispe, el diputado Edwin Tupa se ganó este juicio por defender a la gente. “El terreno donde tiene su depósito de motos en el barrio Guadalupe, él lo compró, tiene papeles”, argumenta.

Muyurina. Johnny Echave, uno de los asentados en los terrenos de Muyurina, reconoce que expulsaron a dos de sus dirigentes, Félix Olgueira y Ezequiel Ávila, porque les cobraron Bs 600 a cada uno para llegar a un arreglo con los padres, pero nunca hubo nada. Según Echave, si la Policía llega al lugar se irán pacíficamente, aunque verán cómo recuperar su dinero.

Policía. El comandante interprovincial, Juan Carlos Flores, asegura que está coordinando con el Comando  Departamental para el desalojo en Muyurina. Reconoce que los asentados son gente “bien violenta”.

‘Se está mercantilizando la tierra’

El diputado del MAS, Edwin Tupa, niega relación con la toma de tierras urbanas en Montero, aunque admite que su padre tiene un terreno en el barrio Virgen de Guadalupe, que está siendo disputado por el Ministerio de Defensa.

Tupa pide al ministerio aclarar con coordenadas el terreno que está en juicio, porque él asegura tener documentos del Instituto Geográfico Militar que demuestran en el barrio está fuera de esas tierras. También dijo haber descubierto la falsificación de minutas.
Tupa dice haber sido asesor de la Federación de Inquilinos hace 10 años, pero que siempre se logró urbanizar en forma coordinada con los propietarios.

Para el diputado, el problema de fondo es la “mercantilización de las tierras urbanas”. Por lo tanto, en marzo convocará a una reunión de alcaldes de la provincia Obispo Santisteban, para plantear que al margen del 40% exigido por la Alcaldía para urbanizar un terreno, se le pida un 10% para viviendas sociales. “Mientras la gente sin recursos no acceda a estas tierras, seguirán estas acciones (tomas) que no comparto”, advierte.

Caso Muyurina llega a la cúpula de la Iglesia

Desde hace dos meses, la tensión es permanente en los predios de la Escuela Salesiana Muyurina. El plantel docente y los padres de familia están atemorizados por la reacción que puedan tener las más de 800 personas que tomaron 46 hectáreas ubicadas al frente del establecimiento, donde está desde la primaria hasta la universidad.

Los predios tomados se asemejan a un gran sembradío de chozas con hules azules. A pocos metros de la carretera, construyeron unas cuantas casas de madera donde flamean banderas bolivianas, en medio de una veintena de vacas que pastan dentro del terreno.
La zona quedó rodeada por barrios, por lo que la Alcaldía pidió a los sacerdotes que urbanicen el lugar que era un cañaveral para las prácticas de la carrera de Agricultura.

Muyurina accedió y contrató a una empresa para que haga los trámites y el diseño de urbanización (ver infografía). Según Bellomo, en un inicio los padres negociaron con un grupo de 300 personas de escasos recursos para venderles parte de los lotes a $us 5 el metro cuadrado, pero luego aparecieron más hasta superar las 1.000, por lo que todo se vio descontrolado. Finalmente, optaron por ingresar a la fuerza y ahí están desde noviembre.

El padre Giuliano Bellomo, administrador de Muyurina, asegura que el caso ha llegado hasta el cardenal Julio Terrazas y el Vaticano. “El cardenal está de acuerdo con que se vendan las tierras, que nos pongamos de acuerdo con la gente, pero también con ir adelante con la justicia”, asegura.

Bellomo dice que es un secreto a voces que la toma tiene un trasfondo político y que sus ambiciones incluso los ha dividido. “Percibo que no saben manejar a sus bases, a veces se promete algo y luego no se puede cumplir. Las bases interpretan diferente las promesas que los políticos han hecho y exigen de una forma violenta e inmediata lo que no pueden cumplir”, explica sin especificar a quién se refiere.
La profesora Carmen Núñez, que trabaja 16 años en el colegio, confiesa que los padres y alumnos viven atemorizados por lo que pueda pasar. Esto incluso retrasó el inicio de clases en la universidad.