Si bien en 2011 los medios de comunicación tradicionales voltearon la mirada hacia las redes sociales debido a un intercambio de ideas, vía Twitter, que surgió entre Sacha Llorenti, entonces ministro de Gobierno, y Carlos de Mesa, fue el lunes 4 de mayo de este año, la primera vez en que el presidente Evo Morales incluyó en su discurso y, con ello en la agenda informativa, a las redes sociales y sus dinámicas. En aquel entonces, la máxima autoridad del Estado Plurinacional cuestionaba frente a los medios de comunicación: “¿Qué dicen en los últimos días en el llamado Facebook? A mí no me molesta, (pero) dicen que hay que matar a este indio antes de que tenga muchas crías.” Entonces, los medios optaron por hacerse, por primera vez y de forma masiva y uniforme, la misma pregunta: ¿es posible regular las redes sociales?
Fue el 21 de octubre la segunda vez en que una autoridad de alto rango del Estado (el vicepresidente Álvaro García Linera) apeló a este espacio, cuando dijo: “El presidente Evo es objeto de insulto, maltrato y humillación; aquí tengo guardadito en el celular cómo en las redes sociales, en el Facebook, en el internet, lo insultan al Presidente”. Dicha declaración provocó que, por segunda vez, el conglomerado mediático tradicional dirigiera su mirada hacia lo que ocurre cotidianamente en las comunidades virtuales de bolivianos y bolivianas, formadas en y a través de las redes sociales; nuevamente persiguiendo la incógnita de si es posible esta regulación.
La terminología de regulación está relacionada con la creación de un marco normativo específico para su aplicación en un determinado territorio y tiempo. En las últimas semanas, algunos asambleístas han salido a mencionar que existen iniciativas para regular los contenidos dentro de las dinámicas comunicativas de las redes sociales; sin embargo, el mismo Vicepresidente ha indicado que es “imposible” hacerlo.
Marcelo Durán, consultor en comunicación y tecnología, señala que desde la perspectiva legal existen algunas experiencias, en la región, de regulación y/o monitoreo a redes sociales (la mayoría de ellas truncadas en su debate por la polémica desatada). Así, nombra las experiencias de Chile (contratación de empresa de monitoreo), de México (Ley Duarte) y de Argentina (Observatorio de Redes Sociales), entre otras.
En Bolivia, lo que sí ha sido confirmado por Roberto Rojas, jefe de la bancada de diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), es el trabajo conjunto que ha iniciado dicha bancada con la empresa telefónica Entel para la obtención de asesoramiento en la materia y la elaboración de un proyecto de socialización y concienciación sobre “el uso adecuado de las redes sociales”. Pues, explica el legislador, “el control es casi imposible porque los servidores son empresas de Estados Unidos; lo que tendríamos que hacer es un convenio binacional a través de la Cancillería y eso podría ser difícil”.
Y es que una manera posible de controlar la emisión de contenidos en una determinada red social es restringiendo el acceso a ella. En ese sentido, Durán expresa que “cada gobierno tiene un centro de control de telecomunicaciones que regula el tráfico nacional e internacional de internet, por lo tanto (para restringir el ingreso), técnicamente, se solicita a dicha entidad que no permita el acceso a un sitio específico”. Otra opción surge desde dentro de cada red social que “entrega mecanismos para denunciar las malas prácticas dentro de las mismas y poder permitir que cada usuario pueda regular su espacio personal”. Esta forma de autocontrol permite que dichas redes sociales puedan coexistir sanamente, tanto en el mundo análogo como en el digital.
No obstante, en el país existe ya normativa vigente, tanto para el uso de tecnologías en comunicación para la educación y para la promoción contra la discriminación (artículo 72 de la Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación, y artículo 6 de la Ley 45 contra el Racismo y toda forma de Discriminación) como para sancionar la difusión de mensajes discriminatorios y/o difamatorios (artículo 16 de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación y Título IX del Código Penal). Ello, a pesar de que ninguna de estas leyes desarrolló puntualmente en su reglamentación cómo sería su aplicación para el caso de las redes sociales.
La democracia y la política en las redes sociales. Las tecnologías de información y comunicación (TIC), de forma general, y las redes sociales, de forma particular, están generando múltiples cambios en casi todas las esferas de la vida cotidiana y dentro de las mismas sociedades. Lógicamente, tanto la política como la democracia no están exentas de dichas transformaciones, y el caso boliviano se ve además matizado por la escasa conectividad con la que contamos en Bolivia.
Según Eliana Quiroz, experta en redes sociales, uno de los principales cambios en la democracia es “que (ahora y debido a las redes sociales) sucede en varios lugares y ha multiplicado sus actores. Hay nuevos actores que usualmente son jóvenes y hay nuevos temas. Por lo tanto, la exigencia hacia los actores clásicos políticos es mayor porque tienen que entender los nuevos espacios, temas y actores, pero además deben tener mayor tolerancia”.
Respecto de la participación de los actores políticos en estos nuevos espacios, dice que “aunque las organizaciones sociales del Pacto de Unidad están presentes en la web y en las redes sociales, los partidos políticos en general o no están presentes o tienen un perfil muy bajo”. No obstante, también en las últimas semanas la agenda informativa ha estado copada de representantes gubernamentales que han salido, por vez primera, a declarar sobre el tema, acción que generó críticas en las mismas redes acerca de su desconocimiento de ellas, precisamente porque es en éstas en las que se extraña su presencia. Sobre esto, Quiroz afirma que “hay una sobrerrepresentación de oposición porque no es como vemos en la vida offline; hay más presencia de gente de oposición y gente que está más separada del Gobierno y hay menos gente del Gobierno”. Esto debiera, idealmente, complementarse con una política o estrategia comunicacional destinada a garantizar la presencia de entidades gubernamentales en la web —hecho que ciertamente ha tenido un crecimiento en el último año— con el objetivo de garantizar el derecho a la información pública. O, el ingreso de más actores del Gobierno podría finalmente coadyuvar al equilibrio del flujo informativo que encuentra lugar en estos espacios virtuales.
Como asignaturas pendientes a futuro, tanto para el Gobierno como para la oposición, Durán señala que “no sólo este Gobierno, sino cualquier otra forma vinculada al poder, debe considerar el ‘diálogo’ antes que la ‘censura’. En ese sentido, deben establecer mecanismos de conversación con la ciudadanía a través de estas herramientas y convertirse en un Gobierno 2.0”. Por su parte, Quiroz asegura que “los partidos sí tienen ahí (en lo que se refiere a web) un tema pendiente”. Los medios de comunicación ante las redes sociales.
Ante la cantidad de cambios que generan las TIC y las redes sociales en diversos ámbitos, algunos actores tienen mayor cantidad de desafíos que asumir. Es el caso de los medios de comunicación, que deben afrontar el reto del periodismo digital. Sobre el tema, Wilfredo Jordán, periodista digital, indica que “el periodismo digital en Bolivia es aún incipiente” y que, entre sus avances se puede decir que ya “hay producción de contenidos multimedia y actualización de noticias”, pero que solamente se ha llegado hasta ahí.
Y si bien también es cierto que, sobre todo este último año, casi la totalidad de los medios ha entendido que estos nuevos escenarios, criterios y lenguajes periodísticos, entre otros, están definitivamente cambiando el paradigma comunicacional global, y han optado por generar propuestas digitales logrando establecer alguna presencia en web, a la hora de que las comunidades virtuales evalúen dicha labor el resultado no suele ser favorable.
Es así que —afirma el especialista— de cara al futuro “el reto es afrontar este escenario sin olvidar los valores tradicionales del periodismo.” Y determina cierta responsabilidad sobre los propietarios de los medios de comunicación a quienes —dice— “(les) falta entender a internet como un medio mismo e invertir en una propuesta digital seria basada en las tendencias que marcan el periodismo hoy”.
¿Web de medios de comunicación hackeados?
En las últimas semanas, las web de las radios Pío XII y Erbol, y los periódicos Cambio y Página Siete, entre otros, han sufrido ataques en sus estructuras visibles, que han optado por denominar “hackeo”. Según el activista y experto en comunidades virtuales Esteban Lima, “los ataques a páginas web pueden tener varios niveles; el más común se conoce como deface (quitar la cara), con el que el atacante logra cambiar la página principal y reemplazarla por un mensaje o diseño propio. En este ataque no se llega a robar información, pero el atacante puede dejar algo dentro del sitio que le permita acceder una segunda vez, que es lo que parece haber ocurrido (al menos) con Erbol”.
Si bien estos medios no han señalado puntualmente quiénes podrían ser los o las autoras de dichos ataques, sí han concordado que se trata de una nueva forma de atacar la libertad de expresión en estos espacios. No obstante, al respecto, Lima considera que “cualquier sitio es susceptible de ser atacado; no hay motivaciones definidas, puede ser ego (…) o tener tiempo libre. Respecto a los medios de comunicación seguro reciben ataques frecuentes por el nivel de tráfico que tienen”.
Es importante también recordar que durante el último año otras web, como la de la estatal Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, han sido hackeadas. En esa ocasión, el grupo Anonymous Bolivia se adjudicó dicho ataque como una forma de protesta, pues, según Lima, “se dan en respuesta a la nueva codificación para la señal de las antenas satelitales.” En ello, la diferencia de los ataques a medios, en los que “parecen más con el afán de molestar o crear malestar, está en el impacto”, pues los medios de comunicación suelen tener mayor tráfico de visitas.
Para evitar estos ataques, el experto sugiere “hacer revisiones continuas, definir políticas claras de uso, poner alarmas para tratar de tener alertas tempranas y, sobre todo, concienciar a los usuarios de las medidas de seguridad”.
