Análisis

¿POR QUÉ RESPETAR LA LEY DE IMPRENTA?

La anterior es una pregunta recurrente y de buena fe de la ciudadanía, pero que la vez cuestiona si la Ley de Imprenta sería un privilegio inmerecido de los periodistas, que como todos los ciudadanos tal vez debieran someterse a la jurisdicción penal ordinaria.

Creo que no y sostengo que es importante respetar la Ley de Imprenta por varios motivos.

El fundamental es éste: Sin la Ley de Imprenta el periodismo no podría ejercer una labor independiente y sin presión de los poderes económicos y políticos. Y esto es muy importante, porque sin un periodismo libre la ciudadanía no podría estar bien informada. Al contrario, estaría sujeta a lo que quieran informar los poderes políticos o económicos.

Así ya lo previeron los fundadores de la República de Bolivia, cuando luego de aprobar la primera constitución política, el 19 de noviembre de 1826, aprobaron a los pocos días la primera Ley de Imprenta, el 7 de diciembre del mismo año.

Es decir, esta ley tiene tanta tradición como nuestra República y ello se debe a que el poder político concedió a la prensa, y a la ciudadanía a través de ella, la facultad de fiscalizarlo, es decir, de controlarlo públicamente otorgándole ciertas garantías para ese trabajo. ¿Cuáles?: Tres esenciales.

En primer lugar, la garantía de publicar sin previa censura. Es decir, sin que el periodista deba enviar un borrador de lo que piensa publicar a un censor gubernamental que lo aprobará o no.

En segundo lugar, la de guardar el secreto de sus fuentes. En otras palabras, de no revelar quién le dio la información que publica a no ser que, dentro de un proceso de imprenta, se lo requiera un juez competente.

Y, en tercer lugar, el derecho de los periodistas a ser sometidos a juicio por jurados de imprenta, cuando son acusados de cometer delitos contra la Constitución o contra la sociedad por denuncias contra actos de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

¿Qué cambiaría si no existiera la Ley de Imprenta? ¿O si se hace como que no existe como pretende el Gobierno?

En primer lugar, habría un censor que verificaría lo que van a publicar los periodistas, como ocurrió en las pasadas elecciones judiciales, cuando los informadores debían “coordinar” con el Tribunal Supremo Electoral lo que publicaban o preguntaban.

En segundo, lugar los fiscales y los funcionarios de Estado podrían obligar a los periodistas a revelar quiénes son sus fuentes, como frecuentemente ocurre ahora cuando, ante las denuncias de la prensa, el Presidente, Vicepresidente, ministros y viceministros les exigen públicamente “pruebas” de lo que afirman.

Y, en tercer lugar, por cualquier sindicación de delito, como “incitación al racismo”, por ejemplo, se podría llevar a juicio penal a periodistas, que correrían el riesgo de ser encarcelados, en lugar de ser simplemente multados como establece la Ley de Imprenta vigente.

La Ley de Imprenta no es perfecta, pero hace posible que el periodista pueda cuestionar libremente al Gobierno y al poder económico, aún a riesgo de equivocarse en esta labor. Sin Ley de Imprenta estaríamos volviendo a las dictaduras del pasado que no la respetaron, como las de Jorge Córdova, José María Linares, Mariano Melgarejo, Hugo Ballivián, Hugo Banzer o Luis García Meza.

Evo Morales y su Gobierno, los comunicadores y comunicadoras que lo apoyan ahora como funcionarios de Estado, pueden escoger entre dejar hacer libremente su labor al periodismo, aún si esto les es incómodo, o alinearse a nuestro pasado dictatorial de censura y represión.

Si toman este último camino, habrá que recordarles que los dictadores son un mero vestigio del pasado, mientras que la tradición de libertad de expresión en Bolivia se ha mantenido, muy extensamente, a lo largo de 187 años de historia.

El autor es comunicador social y periodista