Análisis

P. Miguel Manzanera: Sentencia abortista del Tribunal Constitucional

En Bolivia el año 2012 la Sra. Patricia Mancilla, diputada masista, interpuso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional una acción de inconstitucionalidad abstracta contra algunos artículos del Código Penal, por ser presuntamente contrarios a la Constitución Política del Estado. Entre ellos el artículo 266 que declara no punible el aborto cuando éste hubiese sido consecuencia de un delito de violación o cuando se hubiese practicado para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre que no podía ser evitado por otros medios. En ambas indicaciones el aborto debe ser practicado por un médico con el consentimiento de la mujer y la autorización judicial en su caso.

Para conocer la intencionalidad de la demanda conviene saber que fue financiada por IPAS, organización estadounidense que promueve en varios países el aborto como un derecho reproductivo de la mujer. Para ello utiliza la técnica de la aspiración manual endouterina (AMEU) con aspiradores manuales de plástico, utilizables también en zonas rurales no electrificadas. Se emplea para abortar en las primeras semanas de embarazo, aunque puede también para retirar restos del feto o de la placenta en los partos incompletos.

El 5 de febrero de 2014 el Tribunal emitió la sentencia que consideramos contradictoria. Por una parte reconoce el derecho a la vida del nasciturus desde la concepción tal como está reconocido en la misma Constitución, en las leyes bolivianas y en el tratado internacional del Pacto de San José de Costa Rica, vigente en Bolivia. Por todo ello la sentencia dictamina que el Estado en su obligación de custodiar la vida debe sancionar el aborto como un delito contra la vida, tal como expresa el Código Penal.

Sin embargo, la sentencia es contradictoria al declarar que el art. 266 es anticonstitucional, ya que exige a la mujer violada que quiere abortar a que inicie una acción penal. Según la sentencia esto sometería a la mujer a una nueva humillación al ser interrogada y examinada ginecológicamente. Para evitarla la sentencia indica que basta que la mujer haga una denuncia ante una estación policial. Con la copia de esa demanda puede acudir a un centro médico donde se procederá al aborto con la mayor celeridad posible.

De esa manera en la práctica para proceder al aborto legal basta que una mujer embarazada denuncie que ha sido violada sin que haya una comprobación de que efectivamente ha sido forzada sexualmente contra su voluntad. No es aventurado prever que habrá muchísimos casos de denuncias falsas de mujeres que accedieron a tener relaciones coitales y que al quedar embarazadas no quiere ser madres. Estadísticamente son bastante escasos los embarazos producidos como consecuencia de violaciones.

Algo similar puede suceder cuando la mujer encinta rechaza su situación y con la colaboración de un médico complaciente que declare que el embarazo pone en peligro su vida y/o su salud con una lista de de posibles efectos secundarios. En ambos casos una vez que la mujer encinta haya presentado la copia de la demanda la sentencia constitucional ante un centro médico la sentencia obliga a éste a proceder al aborto a la brevedad posible.

De esta manera el Tribunal Constitucional, aunque proclama el derecho a la vida del nasciturus, en la práctica lo anula al reconocer a la mujer encinta el derecho al aborto. Se trata de una sentencia totalmente contradictoria.

Esta contradicción se hace mucho más evidente en la Resolución Ministerial de Salud 0027 con fecha 29 de enero de 2015 que dispone la vigencia del “Procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud”. Este Procedimiento, del cual sólo se conoce una copia no oficial, dada a conocer por internet, añade además, como indicación para abortar, el caso de malformaciones congénitas letales del feto, que ni siquiera está considerada en el Código Penal.

Exige que la interrupción legal de embarazo a sola presentación de la copia de la denuncia por violación, sin ningún otro requisito o justificación alguna, se realice dentro de las 24 horas de haberse presentado la solicitud de la paciente (art. 8). El Procedimiento admite la objeción de conciencia como decisión personal, pero no como decisión institucional (art. 9).

Pidamos al Dios de la vida para que no permita que Bolivia ingrese al grupo de países abortistas donde reina la cultura de la muerte derramando la sangre de los niños no nacidos, totalmente inocentes e indefensos. A pesar de sus limitaciones económicas, nuestro país debe esforzarse en cultivar una cultura de la vida con gran amor a los niños desde la concepción.