Análisis

María Teresa Zegada: Inequidad en las campañas políticas

Concentraciones con grupos musicales de moda, banderas, poleras, panfletos, movilizaciones sociales y caravanas, entre otras, son las maneras más difundidas de realizar campaña electoral. Ninguna de estas actividades es organizada sólo con la buena voluntad y el compromiso de la militancia, el éxito de cualquiera de ellas depende de la cantidad de recursos con que cuenta determinada organización política, respondiendo a la vieja fórmula: a mayor cantidad de recursos, mayor visibilidad.

La movilización política en tiempos electorales exige inexorablemente contar con recursos económicos para ese fin. Diversos estudios sobre procesos electorales han demostrado, primero que las organizaciones políticas utilizan o gastan sus recursos para dar a conocer a sus candidatos y propuestas a través de desplazamientos dentro y, si es posible fuera del territorio nacional, de la distribución de incentivos materiales o discursivos, de la generación de grandes concentraciones sociales y la agregación social, de gigantografías, de campañas puerta a puerta, de spots mediáticos, entre las principales estrategias desplegadas. La segunda constatación es que la mayor cantidad de los recursos de las organizaciones políticas es destinada a la propaganda en medios de comunicación, que resulta ser el ítem más costoso entre los gastos de campaña. Ésta es una realidad incontrastable, más allá de si estemos o no de acuerdo con el sesgo mercantil que, desde hace décadas, ha asumido la democracia.

No obstante, el problema no consiste solamente en constatar en qué se gastan los recursos en épocas electorales, sino de donde provienen los mismos. Este, el origen de los recursos, fue uno de los grandes problemas de la democracia boliviana que generó descrédito y rechazo de la población a la actividad de los partidos pues, como las reglas eran bastante permisivas y ambiguas, los partidos no tenían ningún problema en recaudar fondos de las más diversas maneras: aportes de la militancia y de los candidatos, actividades sociales, recepción de donaciones de entidades privadas, el uso de recursos públicos, y en el extremo la presencia de fuentes ilícitas para financiar la política. Ello ha implicado muchas más consecuencias negativas que positivas, porque los protagonistas políticos terminaban subordinados y capturados por los intereses privados, que cobraban su generosidad a través de políticas públicas y leyes que los favorecían.

Una de las formas que la propia democracia ha encontrado para neutralizar esta situación, es el financiamiento público a la política, el mismo que se aplica en la mayoría de los países de América Latina. El financiamiento público significa al menos tres ventajas sustanciales: garantiza una mayor equidad entre los competidores porque todos cuentan con una base económica mínima para disponer –que puede ser directa en dinero o indirecta a través de espacios o material electoral– para las campañas; recupera la independencia de los políticos respecto de la injerencia privada; y por último, permite la administración transparente y la rendición de cuentas del manejo económico a una entidad regulatoria, en este caso al Órgano Electoral.

La elección del domingo expresa con una contundente claridad, la gran inequidad entre campañas electorales; por ejemplo entre la de Evo Morales y el resto de competidores, o entre opositores, algunos como Fernando Vargas prácticamente no pudo acceder a fondos mínimos para darse a conocer electoralmente, por tanto, no ha sido suficiente la aplicación del cuestionado control electoral y la drástica disminución en el tiempo de propaganda en medios para remediar esta situación, es preciso replantear la posibilidad del financiamiento público a la política.

La autora es socióloga, coordinadora del EPRI.