Análisis

LOS MEDIOS, UN CHIVO EXPIATORIO

La defensa de la libertad de expresión y de la Ley de Imprenta es ineludible frente a la intimidación y el amedrentamiento que surge desde las esferas de poder y que tienen el propósito de controlar y tener a los medios de comunicación como voceros de las estrategias de Gobierno.

La demanda planteada por el Gobierno a la Agencia de Noticias Fides (ANF) El Diario y Página Siete en los estrados judiciales por “racismo y discriminación” según expertos constitucionalistas no corresponde, porque los periodistas y los medios no hacen más que registrar, procesar, seleccionar y difundir la información que se genera en las distintas fuentes de información que cubren cotidianamente.

El discurso del Presidente del Estado Plurinacional, por cierto, no ha sido “interpretado ni distorsionado ni manipulado” como señalan las autoridades afines al Gobierno. Lo que hace un periodista es recoger la noticia, evaluar, valorar, contrastar, seleccionar, redactar y difundir la noticia hacia el público, tomando en cuenta los principios éticos y considerando principalmente la responsabilidad y la veracidad de la información.

Ahora, mucho depende del que recibe la noticia y la decodifica en función de su posición político-partidaria, la clase social, el contexto, su formación académica, su pertenencia a un grupo deportivo, religioso, lo que determina finalmente el sentido y la re significación que puede hacer del mensaje escuchado, visto o leído a través de un medio de comunicación social.

Eso mismo ocurre precisamente con las autoridades políticas próximas al Presidente que interpretan el hecho en función de intereses políticos, con la intención de intimidar y amedrentar a los medios y los periodistas que cumplen una función social, tal que incluso el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, les recuerda a los medios y los periodistas su pasado político y su ligazón con intereses político-partidarios, para descalificar las acciones de protesta asumidas en defensa del gremio.

Por el otro lado, encontramos posiciones de apoyo a los tres medios cuestionados que señalan que no han cometido una falta o un delito y que vaticinan el fracaso del juicio por la vía penal, porque no existe materia justiciable y que el Gobierno —si tiene la razón— debería enjuiciar a los medios por la vía de la Ley de Imprenta que sigue vigente y que es un mecanismo legal reconocido por la Constitución Política del Estado y otras normas internacionales firmadas por el Gobierno como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos que garantizan el derecho a la libertad de expresión.

El debate está planteado, aparecen otra vez criterios que señalan que la Ley de Imprenta es obsoleta, desactualizada y que habría que modificarla. Por el otro lado, los gremios periodísticos insisten en que la Ley de Imprenta está plenamente vigente y que debería ser el instrumento legal a través del cual se juzgue los delitos de imprenta.

Que no sea que la acción jurídica que emprende el Gobierno en contra de los medios demandados, se convierta en un “chivo expiatorio” para callar y amordazar a la prensa. Si fuera así, la democracia estaría avasallada, porque se amenaza también a la libertad de expresión y la falta de respeto a la Constitución Política del Estado que incorpora el derecho a la información y el derecho a la comunicación, de acceder a información responsable y verídica a través de los medios.

El autor es periodista y docente universitario