Análisis

La Iglesia Católica defiende la verdad sobre el Tipnis

En la segunda semana de diciembre de 2012 se ha reabierto la confrontación de algunas autoridades del Gobierno contra la Iglesia de Bolivia. Esta vez se ha producido por la publicación del Resumen del Informe de la visita realizada por la Comisión Interinstitucional en el mes de diciembre de 2012 a 36 comunidades del TIPNIS. La Comisión, conformada por miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos con la Federación Internacional de Derechos Humanos (DDHH) y de la Iglesia Católica en Bolivia, tenía como objetivo evaluar los resultados de la Consulta gubernamental realizada semanas atrás para subsanar la falta de consulta previa, libre, informada y de buena fe, exigida por las normas constitucionales e internacionales antes de proceder a la construcción de la carretera a través del TIPNIS: Existía la sospecha de que el Gobierno distorsionó la consulta y tergiversó las propuestas de los representantes de los pueblos originarios, afirmando que un 80 % de las comunidades del TIPNIS habían aprobado la construcción de la carretera. Ambos documentos han sido publicados en internet.

La Comisión de DDHH y de la Iglesia visitó a 36 comunidades del TIPNIS, incluyendo un centro de gestión, con el resultado de que 30 comunidades expresaron su rechazo a la construcción de la carretera por medio del TIPNIS, mientas que 3 comunidades aceptaron la construcción de la carretera y 3 comunidades aceptaron de forma condicionada a estudios y cambio de ruta de la misma. Transcribimos las conclusiones, comentando algunos puntos más significativos. El proceso de “consulta” del Gobierno no se ajustó a los estándares de consulta previa, conforme lo establecido en las normas nacionales e internacionales. Las comunidades no conocían el protocolo de consulta empleado por el Gobierno. Algunas comunidades rechazaron a la consulta y organizaron movilizaciones en su contra.

La Consulta del Gobierno no fue libre y de buena fe, ya que fue precedida y acompañada por regalos, prebendas y promesas de desarrollo y servicios. Al mismo tiempo hubo amenazas: a las comunidades que no aceptasen la propuesta de la carretera se les suspendería la prestación de servicios de salud. Esas amenazas se han realizado en algunos casos. La consulta no respetó las normas y procedimientos propios de las comunidades y pueblos indígenas del TIPNIS. Algunas consultas se realizaron extemporáneamente y fuera de las comunidades, generando división entre familias y comunidades.

La Consulta gubernamental giraba en torno a la disyuntiva “intangibilidad o desarrollo”, presentando la intangibilidad como la imposibilidad de utilizar cualquier recurso natural del TIPNIS para la subsistencia de las familias indígenas. Con ello se pretendía que las comunidades solicitasen la derogación de la Ley 180 que estableció la intangibilidad del TIPNIS, impidiendo no sólo la construcción de la carretera por el TIPNIS, sino también el cultivo de la tierra por los propios indígenas.

Tampoco el Gobierno cumplió la condición de consulta “informada”, porque no se presentaron estudios sobre los impactos concretos ambientales, sociales, económicos y culturales de la construcción de una carretera por medio del TIPNIS. Se habló, sin concretar más, de una carretera ecológica, elevada o subterránea. Esta carretera, según los expertos, es totalmente inasequible para un país como Bolivia.

La gran mayoría de las 36 comunidades visitadas por la Comisión de DDHH rechazó la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, por medio del TIPNIS. Esta oposición ya se mostró desde los años 90, tal como se vio patentemente en la VIII y IX Marcha Indígena. Muchos comunarios están concientizados de que el Gobierno con la construcción de la carretera a través del TIPNIS pretende favorecer a las federaciones de cocaleros, cuyo presidente es el mismo Evo Morales, que ya han penetrado en el TIPNIS a través del CONISUR y que ahora pretenden ampliar sus asentamientos para el cultivo de la coca que inseparablemente lleva a la producción y tráfico de cocaína. Esta carretera favorecería también a Brasil, cuyo expresidente Lula concertó con el presidente Morales sin someterse a la obligada licitación la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos – Villa Tunari por medio de la empresa OAS de dudosa reputación.

La Iglesia que no busca intereses políticos ni económicos ha cumplido una vez más su misión evangélica de atender solícitamente a los más pobres, escuchar sus testimonios y darlos a conocer para que puedan ser contrastados con las informaciones del Gobierno. Por eso el Informe de la Comisión lleva como subtítulo la frase de Jesús: “Entonces conocerán la Verdad, y la Verdad les hará libres” Jn 8, 32.