Análisis

DERECHO A LA VIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS ANTES DE NACER

En Bolivia con fecha 3 de marzo de 2012 la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricia Mancilla, ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Penal, especialmente en referencia al aborto, actualmente calificado y sancionado como delito contra la vida. La diputada ha rehusado hacer declaraciones, pero lo ha hecho Malena Morales, la directora en Bolivia de IPAS, ONG estadounidense, que financia esta demanda.

Las personas y asociaciones abortistas que pretenden la despenalización y/o la legalización parcial o total del aborto fundamentan su posición en base a argumentos que, tal como veremos, carecen de consistencia lógica, biológica y también jurídica. El argumento más esgrimido suele ser “mi cuerpo me pertenece” dando a entender que la mujer tiene derecho a tomar la decisión de abortar de acuerdo a sus valores y preferencias.

Sin embargo este argumento es falaz. Una persona puede decidir si se quita o no una verruga o si se opera quirúrgicamente. Pero no se puede aplicar este argumento al aborto. Ningún biólogo o ginecólogo afirmaría que la niña o niño en gestación forma parte del cuerpo de la madre. El “nasciturus”, o sea quien va a nacer, posee ya desde la concepción un genoma con características genéticas y biológicas propias, fruto de la unión de dos gametos, paterno y materno.

En el caso del recurso inconstitucional en Bolivia, arriba mencionado, la directora de IPAS en Bolivia, en una entrevista radiofónica con Erbol, indica que se debe admitir el aborto dentro de las doce semanas de gestación porque “la corteza cerebral del feto aún no ha madurado”. Este argumento es totalmente discriminatorio. Desde la concepción el nuevo ser humano se desarrolla de manera continua armónica y autosustentable, salvo que se le impida por el aborto.

Como es sabido IPAS promociona el método abortero de aspiración endouterina para “limpiar el útero” de la madre en las primeras semanas. En realidad se asesina cruelmente a seres humanos totalmente inocentes e indefensos que tienen ya el derecho a vivir. El Dr. Bernard Nathanson, conocido como el rey del aborto por haber dirigido durante varios años una clínica abortista en Nueva York, se convirtió en defensor de la vida del nasciturus, cuando vio a través de la ecografía un aborto por aspiración (Video “El grito del silencio”). El bebé trata de escapar de la sonda asesina que termina tragándolo como una basura. Se trata, pues, de un crimen abominable, totalmente inaceptable.

La ideología abortista esgrime el argumento de que el embrión o feto no tiene el derecho a la vida que sólo lo adquiere al nacer cuando se le reconoce como persona. Este argumento es erróneo, ya que confunde el ser reconocido legalmente con el ser persona en sentido antropológico. Al ser registrado, el Estado reconoce al que ya antes era un ser humano vivo desde la concepción. Por ello en Bolivia el Código Civil, art. 1.2, “considera nacido al que está por nacer para todo lo que pudiera favorecerlo”, por ejemplo herencias y donaciones. El Código del Niño, Niña y Adolescente” (art. 2) “considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción”.

La práctica legal de registrar recién al ya nacido, común a muchas legislaciones, se debe obviamente a razones prácticas. Hasta la senda mitad del siglo XX no había posibilidad de conocer quién iba a nacer (“nasciturus”). Un avance cualitativo se dio con la ecografía y la fotografía endouterina que lo permite ver en el seno materno y conocer sus características vitales, incluyendo el sexo. La moderna medicina prenatal materno-infantil reconoce al nasciturus como paciente diagnosticándole posibles enfermedades o discapacidades y realizando tratamientos e incluso operaciones quirúrgicas.

Bolivia ha refrendado la Convención Americana de Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José de Costa Rica (1969), que claramente establece en el art. 4: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

El CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación contra la Mujer), creado por el art. 17 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (18 de diciembre de 1979), y otros órganos de monitoreo de tratados inducen a los gobiernos a cambiar sus leyes penales del aborto como delito contra la vida. Sin embargo estos órganos no tienen autoridad, ni por los tratados que las crearon ni por el derecho internacional general, de interpretar estos tratados en maneras que creen nuevas obligaciones estatales o que alteren la esencia de los tratados. No hay ningún tratado de las Naciones Unidas que pueda ser citado con precisión para establecer o reconocer un derecho al aborto, basado en motivos de salud, privacidad, autonomía sexual, no-discriminación, ni por ningún otro motivo (Artículos de San José de Costa Rica, 25 de marzo de 2011).

Los gobiernos deben garantizar leyes y políticas nacionales que protejan el derecho humano a la vida desde la concepción. Por ello esperamos que el Tribunal Constitucional rechace esa demanda de inconstitucionalidad, promovida por ideologías abortistas y antinatalistas, y reconozca los derechos de las niñas y niños por nacer, cuya defensa corresponde a sus padres y madres y también a toda la sociedad y de manera prioritaria e ineludible al Estado.