Análisis

Bono a las personas con discapacidad grave

En Bolivia, afortunadamente después de más de dos meses del inicio, a mediados de noviembre de 2011, de la penosa y patética marcha de las personas con discapacidad desde Santa Cruz a La Paz, con el trágico balance de un niño fallecido y varias bajas por enfermedad, el ministro Romero con otros personeros del Gobierno viajaron a Quillacollo y accedieron a entablar un diálogo con los representantes de ese sector tan sector marginado de nuestra sociedad. Se llegó a un acuerdo para aprobar finalmente la Ley del Trato Preferencial para las Personas con Capacidades Diferentes, incluyendo también el bono anual para personas con discapacidad grave.

La demanda del bono anual de 3.000 bolivianos (unos 435 dólares) es el punto más convertido, ya que el Gobierno en repetidas ocasiones se ha negado rotundamente a concederlo, alegando que era mucho más importante facilitar programas de rehabilitación y capacitación para la posterior inserción laboral de las personas impedidas. Cabe responder a este punto indicando las personas gravemente discapacitadas no pueden aspirar a una inserción laboral.

El Gobierno también argüía que carece de recursos financieros ya que algunos rubros del presupuesto, entre ellos la subvención a los hidrocarburos, se han incrementado notablemente. Sin embargo, esta explicación contrasta no sólo con el reciente discurso del Presidente, alardeando de unos datos macroeconómicos muy favorables, sino también con los dispendiosos gastos que realiza, entre ellos la compra del lujoso avión presidencial con la construcción de un hangar especial y la compra del proyectado satélite chino “Manko Kapac” con elevados gastos de mantenimiento que sólo países más desarrollados pueden permitirse. Además es bien conocido cómo el Gobierno ha incrementado exageradamente el número de funcionarios públicos junto con la organización de manifestaciones y reuniones oficialistas financiadas en parte con fondos estatales, amén de cuantiosos gastos de propaganda para mantenerse en el poder.

En relación con el bono hay que tener en cuenta que no se pide para todas las personas discapacitadas, que en Bolivia podrían alcanzar hasta un 10% de la población, sino únicamente para aquellas con “discapacidad grave”. Este término, aunque no está del todo precisado, incluiría únicamente a las personas con severas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, impedidas de realizar cualquier actividad laboral. El bono a estas personas, cuyo número según cálculos preliminares ascendería a unas 9.000 personas, serviría para cubrir al menos parcialmente sus necesidades primarias y para no ser una carga excesiva para sus familias.

Tengamos en cuenta que las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 aprobó la Convención para las Personas con Discapacidad, que Bolivia ratificó el 16 de noviembre de 2009, teniendo por lo tanto rango constitucional. Esta Convención declara que la atención preferencial a los discapacitados constituye un derecho humano que debe ser reconocido y atendido por las autoridades políticas.

Además reconoce que “las personas con discapacidades psíquicas, mentales, intelectuales o sensoriales de larga duración” pueden presentar obstáculos “en su plena y efectiva participación en la sociedad en un criterio de igualdad respecto a los demás” (art. 1). Por ello “los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”.

“Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional” (art. 4).

Esperemos que el Gobierno deponga la actitud despectiva que hasta ahora ha mostrado hacia las personas discapacitadas. Es preciso que con solidaridad y transparencia atienda a las demandas legítimas. Igualmente la sociedad civil debe comprometerse mucho más en favor de este sector marginado.

Por su parte, la Iglesia Católica, ya desde sus inicios ha mostrado una dedicación preferencial hacia las personas enfermas e impedidas. En Bolivia, además de Caritas y las pastorales sociales diocesanas, existen instituciones laicales y religiosas, entre ellas mencionamos a la Fraternidad de Enfermos y Discapacitados, los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, las Hermanas Hospitalarias del Corazón de Jesús y la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, esta última recién llegada a Cochabamba. Todas ellas tienen como objetivos prioritarios la atención espiritual y corporal de las personas con las cuales Jesús mismo se identificó: “Lo que hagáis con uno de estos hermanos míos más débiles, conmigo lo hacéis” (Mt 25, 40).