Al inicio de la gestión 2026, instituciones defensoras de derechos humanos y obras sociales de la Iglesia alertaron sobre una creciente vulneración de derechos de adultos mayores, niñas, niños y adolescentes en distintas regiones del país, como resultado de la reducción de personal, limitaciones presupuestarias y disposiciones administrativas que debilitan la atención y protección estatal.
En este contexto, la alerta en Chuquisaca, donde la Defensoría del Pueblo, a través de la Mesa Departamental por el Derecho a Vivir en Familia, informó sobre la conclusión de contratos y la salida de personal del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES). Esta situación generó un vacío crítico en la atención diaria de menores bajo tutela del Estado, afectando áreas clave como psicología, trabajo social, educación, asesoría legal, cuidado y alimentación, y poniendo en riesgo procesos de contención emocional, seguimiento educativo y acompañamiento integral.
El delegado defensorial advirtió que el problema no era solo administrativo, sino que comprometía directamente la protección cotidiana y el bienestar físico y emocional de la niñez y adolescencia. En la ciudad de Sucre, al menos siete obras sociales a cargo de congregaciones religiosas con atención a personas adultos mayores, niñas, niños y adolescentes en situación de abandono, cuyos servicios se ven hoy seriamente amenazados por la falta de personal.
En Cochabamba, la situación se agravó por el impacto de disposiciones legales y decretos departamentales. Representantes de los hogares del Arzobispado denunciaron que la aplicación de la Ley 1006 y del Decreto Departamental 6038 generó una crisis económica y burocrática que dificulta la suscripción de convenios con la Gobernación y, por tanto, el acceso a recursos para garantizar alimentación, educación y condiciones mínimas de funcionamiento.
La hermana Bruna Pierobon, vocera de estas instituciones, explicó que los trámites para obtener resoluciones administrativas implican costos elevados y que las evaluaciones psicosociales, exigidas exclusivamente a través del SEDEPOS, tienen un costo aproximado de 150 bolivianos por caso, además de generar posibles conflictos de interés al tratarse de la misma instancia que realiza la fiscalización. Esta situación llevó a los hogares a anunciar que no podrán admitir nuevos ingresos mientras persista esta situación.
En caso como en Oruro y Santa Cruz se conoce que hay reducción de presupuesto alimentario en el caso de Oruro a 3.50 bolivianos el almueszo, estas condiciones como la reducción de personal, las restricciones presupuestarias y las normas contradictorias configuran una problemática estructural que trasciende a Chuquisaca y Cochabamba, afectando a otros departamentos y debilitando la aplicación de leyes como la Ley del Adulto Mayor en Bolivia (Ley N° 369) y el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley N° 548), así como los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por el Estado boliviano.
Ante este escenario, la Mesa Departamental por el Derecho a Vivir en Familia en Sucre exigió a las autoridades respuestas inmediatas para restituir el personal especializado, garantizar equipos interdisciplinarios completos y asegurar la continuidad de los servicios de protección. Paralelamente, los hogares de acogida solicitaron la revisión de decretos y procedimientos que obstaculizan su labor y demandaron un compromiso efectivo de los gobiernos departamentales para proteger a los sectores más vulnerables del país.
Fuente: Arquidiócesis de Cochabamba. Defensoría del Pueblo Chuquisaca
