Para Bolivia, la democracia es más que una votación; la lucha para instaurarla costó la vida de bolivianos y el dolor de sus familiares.
Escribir de detenidos, perseguidos, familiares de desaparecidos o asesinados no es otra cosa que referirse a las víctimas de las dictaduras que llegaron a su fin el 10 de octubre de 1982, cuando juró el presidente constitucional Hernán Siles Zuazo.
Siete de esas víctimas cuentan a La Razón sus años de lucha, persecución y exilio, además de sus expectativas en la nueva época de la política boliviana que se inauguraba esa tarde de primavera. Algunos de los protagonistas prefieren guardar el silencio para restañar heridas.
El exvicepresidente Jaime Paz Zamora, quien luego ocupó la presidencia; la exministra Nila Heredia; el periodista Remberto Cárdenas; la diputada Elizabeth Reyes, hija de José Reyes Carvajal; la exdirigente del magisterio Diva Arratia y el sacerdote Xavier Albó desempolvan el desván de la memoria.
Sobre el día de la transmisión de mando, Paz Zamora cuenta que los recuerdos ocuparon gran parte de los pensamientos. La muerte de su hermano Néstor en la Guerrilla de Teoponte, en 1970; el exilio en Venezuela durante los siete años del gobierno de Hugo Banzer; el atentado del 2 de junio de 1980 —del que aún le quedan las heridas—; el asesinato de los ocho dirigentes de su partido en la calle Harrington, el 15 de enero de 1981. Esas imágenes se fundieron con el anhelo de poner fin a la lucha de 18 años y de iniciar una época “no sólo por la instauración de la democracia, sino por la derrota de los gobiernos cívico-militares que guiaron al país desde 1825 hasta esa fecha, para mantener grupos de poder”.
Tras la persecución, apresamiento y exilio en el régimen de Banzer, Heredia optó por la solidaridad, se refugió en Perú y desde ese país —el único de los limítrofes que no vivían en dictadura o con gobiernos apoyados por militares— impulsó la defensa de los derechos humanos y el apoyo a quienes huían de la persecución instaurada por Luis García Meza y Luis Arce Gómez con el respaldo de agentes paramilitares argentinos.
Anhelo. La ex Ministra de Salud asegura que se puso fin al terror y al autoritarismo y, por tanto, a la resistencia desde la clandestinidad y hasta la subversión, para abrir una lucha desde trincheras de la democracia en la que se garantiza libertades y derechos para que la gente exprese sus necesidades, sus anhelos y demandas de manera libre, sin temor a ser reprimida o perseguida. “Aunque los beneficiados aún son grupos privilegiados y el pueblo espera, pese a que el Gobierno actual impulsa un cambio para avanzar a una mayor participación y decisión de las organizaciones sociales”.
Quien vivió desde el exilio la transición, y aún muy joven para entender la política, es Elizabeth Reyes, la hija de José, Pepe Reyes, el dirigente del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). El entonces capitán de la Policía al que le encomendaron la resistencia al régimen de García Meza en Bolivia y quien en esa tarea, junto a siete de sus compañeros, murió asesinado en lo que se conoce como la Masacre de la calle Harrington, donde también murieron Arcil Menacho, Artemio Camargo, Jorge Baldivieso, Ricardo Navarro, Ramiro Velasco, Gonzalo Barrón y José Luis Suárez.
La hoy diputada de Unidad Nacional cuenta que ese crimen acabó una vida de lucha por los ideales de igualdad y democracia que encaró su padre y que tuvo un primer episodio en la dictadura de Banzer, cuando su familia salió al exilio hacia Venezuela, de donde regresó en 1983.
Reyes recuerda que días antes de morir, su padre encomendó a una de sus tías el cuidado de sus cuatro hijos.
Aunque hay la certeza de que José Reyes pidió no disparar, porque no estaban armados, y que, pese a ello, recibió una ráfaga, no se sabe si fue trasladado vivo al Estado Mayor, para ser torturado.
Loyola Guzmán también coincide en que fueron 18 años de lucha en los que se persiguió, apresó, torturó, asesinó y desapareció a opositores políticos. No se permitió el funcionamiento de los sindicatos ni de los partidos políticos ni el ejercicio de derechos civiles y políticos.
Ella fue apresada por primera vez en septiembre de 1967 por ser miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la guerrilla comandada por Ernesto Che Guevara. La expulsaron del país en julio de 1970. Tras regresar clandestinamente en 1971 fue parte de la resistencia a la dictadura de Banzer. Volvió a ser detenida en abril de 1972, y en esa fecha su compañero, Félix Melgar, fue herido y luego desaparecido, y ella estuvo recluida en el Departamento de Orden Político ( DOP) hasta mayo de 1974.
Crueldad. Para salir en libertad condicional le exigieron que presentara garantes. “Recuerdo que el coronel Rafael Loayza, del Ministerio del Interior, me dijo que mis garantes eran mis hijos. Ellos: Ernesto Vicente y Félix Julio Melgar, tenían tres y dos años”, cuenta.
Al producirse el golpe de García Meza, se refugió en la Embajada de México y salió al exilio en octubre de 1980. Posteriormente residió como refugiada en Suecia, donde permaneció hasta febrero de 1983. Fue en ese país, el 10 de octubre de 1982, donde recibió “con alegría” la noticia de que “se entregaba el gobierno a don Hernán Siles Zuazo”.
“Retorné a Bolivia con la esperanza de que se terminen los golpes de Estado y la pesadilla de las dictaduras. Me reconfortó mucho saber que una de las primeras medidas que tomó Siles Zuazo fue la organización de la Comisión Nacional de Investigación de Personas Desaparecidas por razones políticas y sindicales, lo que significaba que no se olvidaba a las personas desaparecidas por su lucha por la construcción de un país mejor.
Diva Arratia era dirigente de la COB y una histórica del magisterio, fue detenida por firmar un manifiesto en el que se pedía que los docentes no apoyen a los golpistas, como quería la dictadura. Eso le costó la cárcel y torturas. Una vez que se consolidó el golpe de García Meza, en 1980, se refugió durante seis meses y luego fue trasladada clandestinamente a la Embajada de México; pudo salir del país cuando la ONU anunció que una misión verificaría la situación en las embajadas, entonces facilitaron la salida de los exiliados. Ella recibió el salvoconducto cuando regresó al país en 1984; se enteró que fue expulsada por “extremista y terrorista”, así rezaba el documento.
El periodista y abogado Remberto Cárdenas fue fundador de la Juventud Comunista. Sufrió persecuciones y fue detenido por luchar por la democracia, y lamenta el dolor de las familias y los hijos de las víctimas, y, aún más, de los desaparecidos —como es el caso de la familia de Marcelo Quiroga Santa Cruz, a quien su esposa e hijo no pueden enterrarlo 30 años después—.
Por la crueldad sufrida durante el encierro, Cárdenas considera que la dictadura de García Meza tenía la intención de acabar con la dirección de los movimientos de masas y para justificar creaban juicios ficticios, los que no prosperaban porque los militares no permitían las audiencias para que no se conviertan en palestras de denuncia. Ahora espera que “nunca más” ocurra algo similar en Bolivia o en otro país de la región.
Iglesia y DDHH se alinearon con el pueblo
La lucha por la democracia tiene, además de protagonistas de carne y hueso, muchas organizaciones que apostaron por el retorno de la democracia. El padre Xavier Albó destaca el papel de la Iglesia y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia en la lucha contra la dictadura.
El sacerdote jesuita pide no olvidar el rol que jugaron los medios de comunicación de la Iglesia, tanto el periódico Presencia —bajo la dirección de Huáscar Cajías— como las radios católicas Erbol, Aclo de Sucre, San Gabriel o Pío XII. Además, destaca el papel del Servicio de Paz y Justicia, que denunció hechos como la masacre de Tolata, durante el gobierno de Banzer, lo que les costó el exilio a los sacerdotes que impulsaron aquello.
La jerarquía de la Iglesia debilitó esa estructura y permitió mayor protagonismo de la Asamblea de Derechos Humanos, donde el sacerdote Julio Tumiri fue una figura central en esa lucha.
Además de las instituciones, Albó recuerda que hubo ataques y persecuciones a sacerdotes. El religioso que participó en la huelga de hambre durante el gobierno de Banzer, que iniciaron cuatro mujeres mineras, confirma que radio Fides aún guarda el reloj de pared que recibió un disparo durante la intervención militar en el golpe de García Meza.
“Hasta parece anécdota porque, pese a la bala, un cura con mucha habilidad, José María Llopp, logró que vuelva a funcionar”, cuenta el cura antropólogo.
Respecto al 10 de octubre de 1982, recuerda que se fue a San Francisco y en medio de la multitud encontró a la hija de Hernán Siles Zuazo, el hombre que abrió la era democrática. “Sin repetir las mismas palabras, me dijo que su padre era como un mártir, porque sabía lo que le esperaba en el gobierno”.
