Análisis

VALIUM PARA LA INEPTITUD

La pésima ejecución presupuestaria de los municipios y gobernaciones del país supone que las obras no han sido ni serán ejecutadas. Ante estos resultados deprimentes ¿cómo podría esperarse mejorar la calidad de los servicios públicos?

La ejecución presupuestaria es un indicador de eficiencia o ineficiencia de la gestión pública, ésta depende del planeamiento, de la capacidad del personal y de la eficacia de los procedimientos administrativos y financieros, si estos no son efectivos, el resultado es la inejecución física de las obras necesitadas por la gente.

Las malas decisiones han generado una enorme incapacidad de gestión, lo que ha llevado a una virtual paralización de la administración del Estado. Se arguye como causas: el cambio de reglas para los municipios, la mala elaboración y/o la aprobación tardía de los POA, las oposiciones en los concejos y/o asambleas, las cuentas congeladas, la burocracia del Ministerio de Economía y las crisis políticas internas. Se trata de justificar lo injustificable aduciendo que los municipios, al haber sido incorporados al Presupuesto General del Estado, implicó cambios en la forma de trabajo y en los plazos de elaboración de los POAs, y que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz genera mayores recaudos para aprobar partidas presupuestarias, licitaciones y adjudicar proyectos.

No obstante, si se analizan estas afirmaciones, resultan ser los efectos y no la causa del problema. La causa que degeneró esta situación es la ineptitud. La administración pública no tiene personal técnico especializado por haberse prescindido de él, los profesionales idóneos que saben hacer proyectos han abandonado la administración pública por los bajos salarios y/o por el clientelismo del MAS.

El incumplimiento de los cronogramas establecidos en los POAs, afecta a los programas y proyectos de inversión dirigidos a satisfacer las necesidades básicas colectivas y a elevar el nivel de bienestar, lo que repercute negativamente en la dinamización de la economía por la baja inyección de recursos públicos y, si a esto se suma la casi nula inversión privada en el PBI, está impactando negativamente en el crecimiento y aumentando los niveles de pobreza.

Como no está previsto legalmente sanciones para la indolencia de los funcionarios públicos cuando incumplen lo establecido en las disposiciones de la Ley Financial, la Contraloría debería actuar para fiscalizar y sancionar a los gobiernos que incumplan las metas de los POAS, o cuando el Estado defrauda su deber.

Si existiendo el presupuesto no se invierte el dinero público para mejorar los niveles de vida de la población, generar empleo y enfrentar la pobreza, cabe la pregunta: ¿Quién debería pagar por los objetivos de gestión incumplidos y por los daños causados? Son los “mandatarios” quienes frustran las esperanzas de la gente que ha votado por ellos.