En Bolivia distintas organizaciones sindicales, campesinas e indígenas se han pronunciado con urgencia ante las medidas adoptadas por el actual Gobierno, que mediante el Decreto Supremo N° 4232/2020, autoriza los procedimientos abreviados de productos genéticamente modificados, frente a una crisis social y sanitaria que atraviesa actualmente el País por la Pandemia COVID-19.
Ante esta situación, las organizaciones sociales de la región amazónica representados por el Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), quienes conforman el departamento de Pando, provincia Vaca Diez del departamento del Beni y la provincia Iturralde del departamento de La Paz, han elevado un pronunciamiento de emergencia donde expresan su preocupación por el presente decreto, puesto que no sólo pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria, sino que la medida atropella contra la conservación de los recursos naturales, el territorio, los bosques y además es atentatoria contra toda forma de vida de los pueblos indígenas y campesinos de la Amazonía.
Esta medida plantea la incorporación de nuevos productos transgénicos como el maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, que pone en un escenario de apertura a los intereses de la agroindustria cruceña principalmente con la soya HB4, y consolida la continuidad de expandir la frontera agrícola y la “era de los biocombustibles” en la Amazonía boliviana.
Los transgénicos ponen en peligro la salud, la agricultura familiar, destruye la biodiversidad del ecosistema, y en consecuencia producirá la migración de comunidades campesinas e indígenas que se verán forzados a salir de sus territorios.
Asimismo, el pronunciamiento exige su inmediata abrogación puesto que vulnera textualmente el inciso 8 del parágrafo II del Artículo 255 de la Constitución Política del Estado donde indica: “la prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”. Además, de salvaguardar los derechos en la defensa de sus territorios ante cualquier amenaza que ponga en riesgo el medio ambiente y el bienestar económico y social de la población campesina e indígena.
Se adjunta el pronunciamiento.
Fuente: CIPCA / 14 de mayo de 2020
