En varios lugares del país han explotado focos de conflictividad social en rechazo a la nueva delimitación de circunscripciones electorales recientemente diseñada por el organismo electoral.
De hecho, ya se realizó un ajuste a la primera propuesta ante reacciones de sectores sociales y políticos que observaron los excesivos márgenes para determinar el tamaño de la circunscripción. Las actuales circunscripciones, como aclaraba hace poco un representante del organismo electoral, responden a criterios eminentemente matemáticos “todo es matemática pura” señalaba, refiriéndose a la aplicación de la nueva fórmula. Sin embargo, como todos sabemos nada, y sobre todo en política, es matemática pura, ni siquiera dos más dos son cuatro. En este caso, si nos atenemos a la Constitución, debieron también tomarse en cuenta criterios: “Las circunscripciones uninominales deben tener continuidad geográfica, afinidad y continuidad territorial, no trascender los límites de cada departamento y basarse en criterios de población y extensión territorial” (Art. 146 inc. VI), y no sólo basarse en los poblacionales.
Por ello, las protestas continúan. Los municipios del norte de La Paz están en su décimo día de movilizaciones, también existen bloqueos en el norte de Potosí en la provincia Bustillos rechazando la fragmentación indiscriminada que han sido objeto las comunidades en distintas circunscripciones, otros conflictos o estados de emergencia se ha revelado en la provincia Cordillera de Santa Cruz por motivos similares. Ante esta situación, las autoridades electorales han ratificado que no modificarán esta última delimitación, sobre la cual ya se han consolidado los asientos electorales; no obstante se encuentran en medio de una fuerte presión no sólo social sino también política.
Evidentemente, uno de los problemas que ha provocado un rechazo justificado a la nueva cartografía tiene origen en la ausencia de consideración de factores que provienen de la propia realidad, en unos casos, la falta de vinculación caminera, en otros la distancia física y orgánica de municipios, y en el peor de los casos, la división de comunidades afines cultural y territorialmente y su adhesión a otras con las que no tienen elementos comunes, como en el caso de La Paz. Si bien esta distribución sólo tiene fines electorales, supone que la representación de los futuros diputados uninominales se sostenga sobre una mínima coherencia en relación con sus representados, sus expectativas y demandas.
Para complicar más la situación, la presión es también política, por una parte, porque algunos partidos de oposición denuncian la voluntad del MAS de dibujar espacios de votación que le favorezcan, al estilo “gerrymandering” –asumiendo además que el organismo electoral es un apéndice del Gobierno. Por otra parte, hay presión de las organizaciones de base del MAS, como los interculturales, apoyados por altos dirigentes sindicales como Fidel Surco o Julio Salazar que critican los “errores” e “improvisaciones” en que habría incurrido el Tribunal Electoral perjudicando a las comunidades interculturales a quienes consideran compañeros del MAS. Aquí hay una confusión sintomática respecto a las atribuciones estatales, pues los dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales solicitaron explícitamente la intervención del presidente Evo Morales para resolver el conflicto, y en una visión también errada, el ministro de Gobierno Romero habría invitado a estos sectores a una reunión en Palacio, cuando verdaderamente, como manda la CPE, corresponde sólo al Tribunal Electoral esta responsabilidad.
El desenlace será revelador de la correlación de fuerzas existentes y la autoridad electoral.
La autora es socióloga, miembro del EPRI.
