Análisis

Periódico El Deber: Derechos Humanos vulnerados

Un panorama sombrío se plantea para las libertades y los derechos de millones de personas ahora que se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El ascenso de los nacionalismos y la radicalización ultraconservadora a escala global está llevando a mayores hechos de violencia contra los migrantes, las mujeres y contra las poblaciones afectadas por los conflictos armados y por la confrontación social.

La persecución de disidentes políticos, las restricciones a las libertades de expresión y de prensa, los retrocesos de la democracia por los afanes prorroguistas de varios gobernantes y la prevalencia de la pobreza y la inseguridad configuran un panorama realmente preocupante para los derechos humanos.

Desafortunadamente, América Latina aparece como una de las regiones de mayor retroceso en este sentido, tal como lo indica un informe de la organización Human Rights Wacht (HRW). En ese contexto, los casos de Venezuela, Nicaragua, Brasil, México y Bolivia aparecen como los más preocupantes.

Sobre Bolivia, HRW alerta que persiste en el país un grave problema de impunidad de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. El Gobierno del presidente Evo Morales, dice el estudio, ha generado un clima hostil para los defensores de derechos humanos, que menoscaba sus posibilidades de trabajar de manera independiente.

A pesar de las reformas legales recientes, el uso extendido de la prisión preventiva —sumado a las demoras en los juicios— atenta contra los derechos de los acusados y agrava la sobrepoblación carcelaria. Otras graves cuestiones son las amenazas a la independencia judicial, la violencia contra la mujer y el trabajo infantil.

Paradójicamente, Evo Morales ha apelado a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y al Pacto de San José de Costa Rica para justificar su supuesto “derecho humano” a postularse para una nueva elección en octubre de 2019. Dicha interpretación transgrede la propia Constitución Política del Estado (CPE) y la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

Toda la legislación internacional está pensada para proteger los derechos humanos de los ciudadanos frente a los abusos de las autoridades estatales y para evitar los privilegios para los políticos de turno.

Ojalá América Latina, en general, y Bolivia, en particular, tomen conciencia de este crucial documento con el único fin de hacer posible la utopía de las 48 naciones, entre las que estaba Bolivia, que firmaron la Declaración el 10 de diciembre de 1948 en París (Francia).