Esta noche termina el plazo dado para que los vehículos llamados “chutos”, por haber sido introducidos al país violando las normas de Aduana e importación vigentes, puedan ser legalizados.
Se ha tratado de un largo proceso en el que, originalmente, se registraron más 100.000 solicitudes de legalización y se estima que, al terminar el plazo, se llegue a alrededor de 90.000 vehículos que podrán transitar por el país sin problema alguno.
Se ha tratado de una política que, de acuerdo a los entendidos, responde a dos factores principales. El primero, de índole netamente político, porque se trata de un amplio número de ciudadanos que se benefician de esta autorización, ayuda que puede convertirse fácilmente en apoyo político sea para tiempos de elección, sea para tiempos de movilización. El segundo, porque el Tesoro General requiere recursos para cumplir sus obligaciones.
Pero, ya se ha hecho los suficientes comentarios sobre la medida. Lo que ahora corresponde es, además de evaluar los resultados una vez que se conozcan las cifras finales, reflexionar sobre si, como se ha ofrecido, a partir de mañana se ingresa en una nueva etapa y, por un lado, se procede con rigor a confiscar aquellos vehículos que no han sido legalizados, quien sea su propietario, y, por el otro, si se ejercerá un estricto control en las fronteras para evitar que el país se vea nuevamente invadido de vehículos de contrabando, más aún si mucha gente siempre alberga la esperanza —no frustrada, lamentablemente— en que algún momento el Gobierno de turno abrirá las compuertas para legalizarlos.
Ahí está el nuevo reto y es de interés general hacer el seguimiento correspondiente…
