Altamente custodiada por oficiales de las fuerzas del orden, quienes camuflaban su oficio vistiendo ropas casuales propias de la ciudadanía civil, y ante la presencia de reporteros, camarógrafos y fotógrafos de los medios de comunicación —quienes no cesaban en su afán de lograr una declaración, una toma o la fotografía perfecta—, la Juez Segundo de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de El Alto, Jhenny Prado, fue conducida a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de la sede de Gobierno al pesar sobre ésta denuncias por el presunto comiso de los delitos de prevaricato, cohecho y emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Ocultando el rostro y los ojos detrás de enormes gafas de sol, con la mirada puesta en el piso y sin pronunciar palabra, la abogada abordó el carro policial, el cual, con la sirena encendida, la condujo a su destino.
El sábado 11 de junio de 2011, La Prensa, dentro de un trabajo de periodismo de investigación, denunció que once delincuentes, de nacionalidad peruana, colombiana y boliviana, que habían participado en el atraco a la agencia de vidrios Los Ángeles, el robo a la casa de giros Euroenvíos y Money Gram, fueron redimidos por jueces que, de manera ajena a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal, emitieron mandamientos de libertad a favor de estas personas. Entre los administradores de justicia que incurrieron en estos hechos se mencionó el nombre de la Sra. Jhenny Prado. Producto de esta publicación, el Ministerio Público libró una amplia indagación del caso, que derivó en la interposición de una querella criminal por parte del Estado en contra de la mencionada juez y otros.
Recordemos que los asaltos vividos en la ciudad de La Paz y El Alto incluyeron el uso de armas de fuego, pistolas y ametralladoras de mayor calibre y tecnología que las utilizadas por la Policía Nacional. Vehículos automotores, robados o chutos, que circulaban en el país sin mayor inconveniente. En un periodo de 24 horas, La Paz fue testigo de cinco robos violentos que incluyeron grandes pérdidas, tiros y heridos. Acontecimientos como éstos eran, hasta entonces, ajenos a nuestra realidad. Sin duda, la seguridad ciudadana se encontraba en riesgo, en su peor momento. A pocos días se celebraría la tradicional y ostentosa fiesta del Gran Poder. Los fieles no podían esconder su preocupación.
¿Quién es esta juez? ¿Qué relación o vínculo tiene o pudo tener con los malhechores? ¿Cómo llega a administrar justicia en la ciudad de El Alto? ¿Cuáles son sus relaciones políticas? ¿Tiene antecedentes criminales dentro o fuera de Bolivia? Son algunas de las interrogantes que se deberá absolver durante el proceso judicial. Lo cierto es que la justicia boliviana, una vez más, es puesta en tela de juicio. La credibilidad de un sistema tiembla y se sacude. Llueven sobre jueces y fiscales denuncias por irregularidades en el ejercicio de la función pública. Esto es lo que hasta ahora conocemos. ¿Y qué de toda la basura que se ha escondido bajo la alfombra?
