Análisis

LA ONU Y EL TIPNIS

Mientras la ONU está preocupada por la persistencia de la polémica acerca de la situación del Tipnis, el Gobierno se apresta a promulgar la Ley de Consulta Previa, si acaso para hoy domingo no lo ha hecho ya. En el primer caso, es destacable que ese organismo se haya manifestado en términos diplomáticos sobre un tema que genera opiniones diversas y que tiene intereses de todo orden, entre económicos, medioambientales, existenciales, empresariales, estatales y políticos. En el segundo, el Gobierno no iba a quedarse con los brazos cruzados ante la derrota que significó la promulgación de la Ley Corta.

Para el oficialismo era y es trascendental la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y que ésta atraviese el corazón del Tipnis conforme se tiene acordado con la constructora. De nada sirvieron las recomendaciones de expertos bolivianos que plantearon hasta tres rutas alternativas a fin de evitar de que se afecte un Parque Nacional –maravilloso diría alguien– y con ello se dañe el medio ambiente. De ahí que la consulta previa y su inminente implementación será el mecanismo que posibilitará que el MAS lleve a cabo una ardua tarea política en la zona de aquí a la fecha que vaya a señalarse, donde el objetivo será garantizar que los habitantes del lugar y los que no lo son y dicen serlo, apoyen que una Reserva Nacional sea presa de la modernidad. Otros dicen que el millonario contrato con la empresa brasileña prevé –no me consta– el pago por el Estado boliviano de la suma de 100 millones de dólares únicamente en el ítem “riesgo país”, es decir, que al ser Bolivia un país “tan riesgoso”,  los amigos del Brasil habrían cuantificado ese riesgo en esa cantidad, lo que explicaría si acaso fuera cierto, lo que ha venido aconteciendo.  

Vuelvo al primer caso. Más allá que los organismos internacionales eviten inmiscuirse en los asuntos internos de un país en aras de preservar el principio de no injerencia, el comunicado de la ONU cuando menos deja entrever una legítima preocupación por un tema que debió haber quedado zanjado con la Ley Corta, por lo menos así entendimos luego del apoteósico recibimiento del que fueron objeto los marchistas no afiliados al Gobierno. Y es que independientemente de las amenazas que ya se oyen ante la inminencia de la consulta, aquella servirá también para determinar el alcance del término intangibilidad, machetazo con el que el Gobierno respondió a la Cidob.

Así las cosas, y más allá de las diferencias generadas con alas indígenas que cuentan con representación en la Asamblea Legislativa, la ley fue sancionada (y promulgada) con el propósito vía consulta, de permitir, ante todo, la construcción de la carretera por el Parque, por lo que la exhortación del exdirigente del Conamaq Rafael Quispe en sentido que su organización pedirá la revocatoria del mandato de todos los asambleístas nacionales que aprueben la ley de consulta, quedará en el tintero. Por otro lado, una nueva marcha de la Cidob, anunciada en rechazo a la aprobación de la consulta previa, no impedirá su realización.

Lo más probable es que este tema se resuelva como en el póquer, en una sola jugada. El Gobierno hará todo para ganar la consulta mientras los que la rechazan tratarán de evitar que así sea. Yo haré fuerza porque el Tipnis no se toque y porque se valore a los ingenieros bolivianos que formularon trazos alternativos para contar con una carretera anhelada desde el siglo pasado.