Fueron tantos los esfuerzos hechos por el Gobierno para reconciliarse con los inversionistas extranjeros, que la medida parece todo un contrasentido
La decisión gubernamental de dar continuidad a la ya tradicional ceremonia de las “nacionalizaciones” inaugurada el 2006, esta vez a través de la expropiación de las acciones de la Red Eléctrica Internacional SAU, subsidiaria de Red Eléctrica de España, en la empresa Transportadora de Electricidad SA (TDE), mediante el Decreto Supremo 1214, ha causado sorpresa dentro y fuera de nuestro país.
Sorpresa, más que admiración, indignación, respaldo o rechazo, como en anteriores ocasiones, es el término que mejor define las reacciones, pues nadie esperaba que tal medida se produzca. Es que a diferencia de la “nacionalización” de la que fueron objeto otras empresas en años anteriores, en esta oportunidad no ha habido una explicación, aunque sólo fuera sustentada en razones políticas, que justifique la medida. Muy por el contrario, fueron tantos y tan explícitos los esfuerzos hechos durante los últimos días por las autoridades gubernamentales para congraciarse con los inversionistas extranjeros en general, y con los españoles en particular, que hasta los más fervientes partidarios de la estatización de la economía vieron en la decisión gubernamental un contrasentido.
Fue muy significativo, por ejemplo, que la “nacionalización” de TDE se haya producido el mismo día, sólo un par de horas antes, de la inauguración de la nueva planta de Procesamiento de Gas Natural del Campo Margarita, ocasión en la que el presidente Evo Morales compartió estrado y protagonismo con el máximo ejecutivo de la “nacionalizada” Repsol. En ese acto, que por su trascendencia y por la difusión propagandística que le dio el Gobierno puede ser considerado como el más importante de todos los conmemorativos del 1 de mayo, Evo Morales no escatimó elogios a la empresa española.
Muy pocos días antes, el Gobierno boliviano decidió cuadruplicar —de 10 a 40— el monto que paga a las empresas petroleras por cada barril que producen, a modo de reavivar su interés por invertir en nuestro país. No menos significativo fue el silencio oficial, apenas disimulado por alguna declaración en una concentración popular, sobre la nacionalización de la que Repsol fue objeto en Argentina, lo que con razón fue interpretado en círculos empresariales y diplomáticos como un tácito gesto de buena voluntad hacia la petrolera española y, a través de ella, hacia los inversionistas en general.
Con esos antecedentes, a los que se suman los muy pobres resultados obtenidos tras las “nacionalizaciones” de las que fueron objeto durante los últimos dos años otras empresas del sector eléctrico nacional, todo hacía suponer que este año se haría una pausa en el proceso de expropiación o adquisición de acciones de capitales privados y se pondría más empeño en dar con los hechos algún respaldo a los denodados esfuerzos retóricos que hace el Gobierno boliviano para congraciarse con inversionistas extranjeros.
Más sorprendente aún es el esmero con que, a diferencia de los casos anteriores, el Gobierno boliviano se adelanta a ofrecer por concepto de indemnización sumas muy superiores a las que, según la misma empresa afectada, vale su paquete accionario.
Son tantos, tan confusos y tan contradictorios los elementos que hacen de telón de fondo del más reciente acto “nacionalizador”, que sin duda habrá que esperar nuevos datos para terminar de comprender la justa dimensión de la medida. Es de esperar que no se trate de sorpresas desagradables.
