Análisis

¿JUSTICIA EN EL CEMENTERIO?

La semana pasada se vivieron momentos de gran angustia y desconcierto, especialmente para los familiares de los presos en la cárcel de Palmasola: 31 muertos y más de una cincuentena de heridos. Las sirenas de las ambulancias, en un ir y venir continuo, marcaban el ritmo de los trágicos hechos que, desde tempranas horas del 23 de agosto, enlutaron al país.

La información sobre lo que allí sucedió está presente en los medios de comunicación aunque falta esclarecer muchos elementos que permitan comprender la dimensión de lo sucedido. Las autoridades nacionales y departamentales que tienen a su cargo el régimen penitenciario han ofrecido también información al respecto. No han faltado quienes de uno u otro modo han expresado su opinión sobre lo acontecido. Se anuncian cambios, debates y nuevas políticas penitenciarias. Nada de eso resucitará a los muertos.

Hace poco más de dos meses se generó un debate sobre la conveniencia o no de que haya menores viviendo en las cárceles, debido a otro hecho doloroso ocurrido en el recinto penitenciario de San Pedro, en La Paz. Las acusaciones y discusiones entre el gobernador de San Pedro y el director de régimen penitenciario fueron parte del conflicto; pero eso no cambió la suerte de una menor presuntamente violada en el recinto penitenciario.

Las especulaciones estériles, los debates insulsos, las acusaciones irresponsables son parte de la demagogia política pero no resuelven nada, son sólo más tierra que se echa sobre las vidas negadas.

No es necesario haber ido a la escuela o tener una capacidad de raciocinio más allá de la media para darse cuenta de dos cuestiones fundamentales: las pésimas condiciones de las cárceles y la ineficiencia judicial están matando gente.

Las cárceles del país están hacinadas porque hay autoridades en el país que creen que lo mismo da que vivan 2 personas en un espacio de dos por dos a que sean 5 ó 10 ó 20; como los conductores de micros que “embuten” a la gente porque, según ellos, “hay campo al fondo”. Dado que a ellos no les afecta pueden permitirse el lujo de condenar a una vida inhumana a miles de personas.

La bonanza económica del país seguramente no alcanza para construir centros de reclusión en mejores condiciones ó ¿se pensará que la población penitenciaria ha perdido su condición humana y ciudadana por los delitos de que se les acusa?  Cuando las ejecuciones presupuestarias de alcaldías y gobernaciones muchas veces no exceden el 50% ¿no sería que se haga un “esfuercito” por cumplir con lo que les corresponde? ó ¿el dinero de los impuestos es sólo para los “buenos” pues los “malos” sólo merecen castigo? En todo esto hay lógicas perversas que son parte de los hechos que causan tristeza y dolor en muchas familias.

Por otra parte, es muy probable que se aplique a las cárceles el dicho “ni son todos los que están, ni están todos los que son”. La retardación de justicia es un problema estructural del Estado, sin soluciones efectivas ni en anteriores gobiernos ni en este, por lo que va más allá de los colores político partidarios. !Cuánta gente está perdiendo su vida porque no hay justicia efectiva para ella!

Alguno dirá que se está mejorando y pretenderá que se crea que con la promulgación de leyes y reglamentos se resuelven las cosas. Probablemente no se acerca a los juzgados ni por asomo. ¿Hasta cuándo habrá retardación de justicia y hacinamiento en las cárceles? ¿La justicia llegará cuando se esté en el cementerio? Los promesas no le sirven a los muertos.