América Latina y el Caribe — La Iglesia en América Latina y el Caribe se prepara para vivir una jornada de oración y reflexión contra la trata de personas, en el marco de una iniciativa impulsada por la Confederación Latinoamericana de Religiosas y Religiosos (CLAR). La convocatoria busca sensibilizar a las comunidades de fe sobre la defensa de la vida y la dignidad humana frente a una de las formas más graves de violencia y exclusión en la región.
Como parte de esta preparación, la CLAR puso a disposición de parroquias, comunidades religiosas y agentes pastorales el material para la Vigilia de Oración de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, invitando a unir la fe con el compromiso concreto en favor de quienes tienen su dignidad herida. La propuesta pastoral se difundió en diversos países, alentando espacios de oración comunitaria y reflexión crítica.
La jornada, prevista para el 8 de febrero, se enmarcó en un llamado global promovido junto a la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), bajo el lema “La paz comienza con la dignidad”. En este contexto, la Iglesia universal recuerda que la trata de personas no solo es un delito, sino una herida profunda a la humanidad que exige respuestas espirituales, sociales y políticas.
Desde la Iglesia latinoamericana se subrayó que donde la dignidad humana es defendida, allí comienza la paz, reafirmando el compromiso de seguir denunciando las estructuras que favorecen la explotación y acompañando a las víctimas desde una mirada evangélica y humanizadora.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre la trata de personas mostró que este delito siguió siendo una grave violación de derechos humanos a nivel mundial, con tendencias preocupantes que también impactaron a América Latina y el Caribe. El Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2024 de la UNODC, cuyos datos se analizaron entre 2019 y 2023, indicó que casi la mitad de los casos detectados están relacionados con trabajo forzoso, mientras que una proporción importante correspondió a explotación sexual; y advirtió que únicamente una fracción de los casos se llega a denunciar y procesar judicialmente, lo que subraya la persistente invisibilidad del fenómeno.
En este contexto, en Bolivia las denuncias por trata de personas, delitos conexos y tráfico de personas acumulaban 583 casos entre enero y septiembre de 2025, con una caída de más del 30 % en la proporción de denuncias de trata en comparación con 2024; sin embargo, la prevalencia de víctimas mujeres y menores de edad siguió siendo alta y concentrada en áreas urbanas como La Paz y Santa Cruz.
Organizaciones de la ONU y socias han enfatizado también que la trata de personas sigue alimentada por factores estructurales como la pobreza, la movilidad forzada, la desigualdad y la violencia de género, con las mujeres, niñas y otras poblaciones vulnerables en un riesgo desproporcionado de explotación.
Fuente: CLAR, El Deber y UNODC
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