Análisis

Fernando Pérez: “Siembra extractivismo y cosecharás tormentas”

Hace algunos años los comunarios de Cerrito vinieron a la ciudad a pedir apoyo de las instituciones porque una empresa minera de propiedad del señor Gonzalo Sánchez de Lozada, estaba contaminando las aguas y acabando con los cultivos y ganado de la comunidad, además de provocar enfermedades en las familias y problemas sociales.

La empresa se fue del país y quedo un embudo profundo en lugar de un cerrito. Nadie sabe cuánto oro sacó y que beneficios dejó para el país, pero si sabemos que los comunarios tuvieron que irse a otra zona a buscar tierra limpia y aguas sanas.

La situación parece llevarnos a ese escenario antiguo. El gobierno nacional ha lanzado decretos que afectan como promedio un 43% de ocho parques nacionales, ubicados en la franja sub andina, mediante actividades exploratorias y de explotación de hidrocarburos.

El decreto 2298 deroga los derechos de consulta y participación de las comunidades para la realización de actividades hidrocarburiferas en territorios indígenas.

El decreto 2195 revoca la potestad de establecer por parte de las comunidades los daños económicos, ambientales, y socioculturales y el correspondiente monto de compensación, que en este caso no puede superar el 1,5% de la inversión empresarial en el área. Las compensaciones serán en obras para la comunidad y no en efectivo.

El decreto 2366 establece que el SERNAP servicio nacional de áreas protegidas deberá adecuar planes y programas de protección a la actividad de la empresa petrolera, en lugar que las empresas se adecuen a las normas del Estado.

Con todo este nuevo marco, desaparecen el derecho al veto de los pueblos indígenas, se fijan límites a la compensación y se negociará directamente con las comunidades y no con sus organizaciones matrices. Las autoridades competentes podrán emitir licencias ambientales si las comunidades no llegan a un acuerdo con la empresa.

Son estos decretos un claro desconocimiento de derechos indígenas establecidos en la constitución y en convenios internacionales. Es un retroceso respecto al equilibrio que nos plantea la constitución entre actividades productivas y protección de la naturaleza, con el consenso de las comunidades indígenas. Es un reconocimiento de que el Estado no ha dotado de instrumentos técnicos para evaluar los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales por parte de los afectados. Es una prolongación del modelo de desarrollo extractivista y reconocimiento de que no se ha logrado un cambio en la matriz productiva en el país.

Fernando Pérez es Pedagogo