Análisis

¿Es ético el Decreto del aguinaldazo?

Una medida económica sorpresiva del Presidente de Bolivia, Evo Morales, ha sido el Decreto Supremo 1802 del 20 de noviembre de este año 2013, que concede a todos los funcionarios públicos y a los empleados privados  una doble paga extraordinaria de Navidad, cuando el crecimiento del producto interno bruto (PIB) del respectivo año supere el 4, 5% anual. Este doble aguinaldo, titulado “Esfuerzo por Bolivia”, deberá pagarse ya este año porque el crecimiento anual del PIB previsiblemente alcanzará el 6,5%. En la lógica gubernamental este doble aguinaldo permitirá que la población participe de la bonanza económica tanto en el sector público como en el sector privado. Éste último tendrá unos beneficios de más de 4.000 millones de dólares.

La reacción a este “aguinaldazo”, tal como la gente lo ha bautizado, ha sido favorable en el caso de los funcionarios públicos, especialmente los de más rango superior, ministros, viceministros, parlamentarios, autoridades estatales y autonómicas etc, que ganan sueldos altos y que en su mayoría son del partido gobernante. Ya han expresado su satisfacción por esa dádiva inesperada, aunque posiblemente el Gobierno les pedirá apoyar “voluntariamente” la inminente campaña electoralista.

En el sector privado las reacciones ha sido diversas. En general los trabajadores se sienten contentos, pero en cambio los empresarios han mostrado cierta alarma, aunque la Federación de Empresarios Privados ha aceptado pagar el aguinaldazo, después de haber conseguido del Gobierno una prórroga para su pago hasta el próximo 28 de febrero.

Cabe preguntarnos si esta medida del aguinaldazo se ajusta o no a la ética, distinguiendo entre su legalidad y su conformidad con la justicia. En referencia a lo primero surgen serias dudas sobre si el Gobierno ha actuado dentro del marco legal constitucional o ha incurrido en un exceso de poder. ¿Puede el Gobierno por decreto obligar a pagar un doble aguinaldo, sobrepasando lo establecido en la Ley General del Trabajo, art. 57?

Además, si bien en cuanto a los funcionarios públicos parece a primera vista que el Gobierno podría subir los sueldos según los beneficios que obtenga, sin embargo hay que indicar que los gastos realizados por el Gobierno y los organismos que dependen del mismo deben ajustarse al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional dos meses antes de la finalización del año anterior (CPE art. 321). Esta disposición no se ha cumplido en el caso presente. En Bolivia, sin embargo, es vox populi que el poder ejecutivo controla el poder legislativo.

Además parece más justo y razonable que en caso de un superávit fiscal el Gobierno, tanto a nivel estatal como autonómico, atienda prioritariamente las graves deficiencias en los servicios públicos, sobre todo en salud donde hay muchas quejas por parte de los pacientes y usuarios por falta de estructuras hospitalarias, de personal capacitado y de medicamentos. También los jubilados han expresado su justa protesta de haber sido excluidos de esta norma, con el pretexto de “no ser productivos” y de haber recibido ya otros aumentos.

En lo que se refiere al sector privado el Gobierno argumenta que ha habido grandes beneficios. Pero es preciso distinguir entre las empresas que obtienen ganancias y las que simplemente consiguen cubrir sus gastos o incluso han tenido pérdidas. Es injusto querer obligar a todas con el mismo rasero. Muchas de ellas deberán prestarse dinero, reducir su plantilla de trabajadores o incluso declararse en quiebra. Aquí algunos analistas señalan que en virtud del Decreto 1754 de 7 de octubre de 2013 las empresas en quiebra pueden pasar a ser propiedad de los trabajadores. Ello contribuiría a la economía socialista que pretende el proceso de cambio.

La Iglesia Católica ha denunciado que hay asociaciones que no podrán pagar el aguinaldo doble ya que se dedican a actividades religiosas o sociales, atendiendo a infantes y a personas enfermas, discapacitadas o ancianas en hogares, postas, asilos, hospitales con finalidades de servicio y no de lucro. Particularmente muchos colegios privados se encuentran en situación crítica ya que en años pasados han sido obligados a subir sueldos sin compensación equitativa con la subida de las pensiones escolares. Aquí también podría detectarse la intención gubernamental de monopolizar la educación.

Además cabe indicar que esta medida en todo caso ha sido precipitada. Toda institución seria hace sus presupuestos y previsiones a principio del año, teniendo presente las normas legales y fiscales. Este decreto es un mal precedente para la inversión. En todo caso debería haberse dado un año de plazo para empezar a cumplirlo. Se confirma aquí la sospecha de que esta medida es electoralista para asegurar el apoyo popular de los trabajadores para las votaciones del 2014, tal como ya lo ha manifestado la Confederación Obrera Boliviana (COB). Notemos, no obstante, que dentro de la COB ha surgido también la propuesta de crear el Partido de los Trabajadores en contraposición al Gobierno.

Algunos expertos en economía han alertado sobre los posibles graves efectos negativos de esa medida, incluyendo el posible proceso inflacionario y el crecimiento de la desocupación y del trabajo informal que afecta ya a gran parte de la población. El Gobierno ha respondido indicando que se han previsto medidas complementarias para atenuar estos efectos. Pero en todo caso se mantienen serias dudas sobre sus efectos y sobre la legalidad de esta medida y su conformidad con la justicia que obligan a que la población se mantenga alerta ante esta medida populista, electoralista y socialista.