El almanaque marca ya 33 días desde que Bolivia se sumergió en su última crisis y muchos niños en las ciudades de La Paz y El Alto han dejado de estudiar.
A sus seis años, el mundo escolar de Mercedes cabe en una pantalla. Ella estudia en el Colegio 6 de agosto, de la ciudad de El Alto, pero tres de sus compañeros de primero básico ya no están al otro lado de la señal: en sus hogares, la crisis social y política del país obligó a rifar el derecho a la educación, compartiendo un único teléfono celular entre varios hermanos. La maestra mira el vacío que dejan los ausentes en este año crucial, en que se aprende a descifrar el mundo a través de la lectura y la escritura. «Íbamos muy avanzados; ahora me siento mal por los niños que no pueden seguir estudiando», dice, retratando en una sola frase la fractura invisible de toda una generación.
En 2020, el confinamiento por la pandemia obligó al sistema educativo a migrar de forma abrupta de las aulas presenciales a la virtualidad. Si bien esto permitió dar continuidad a los estudios, también desnudó profundas brechas estructurales en el acceso a la tecnología. Hoy en día, las familias de La Paz y El Alto sufren en carne propia esta desigualdad: en hogares con varios hijos, los hermanos deben disputarse el único celular disponible y racionar la compra de “megas”, logrando conectarse a clases apenas una o dos horas diarias.
El abandono de las aulas es una factura silenciosa que la sociedad boliviana pagará a plazos. El mañana tropezará con una generación amputada: menos preparada para los desafíos del conocimiento y socialmente retraída por el aislamiento. ¿Cómo sostener el viejo relato de un país en vías de desarrollo cuando se le está apagando el motor de su propio relevo? Con mentes jóvenes limitadas para timonear el barco en tiempos de tormenta, el porvenir de Bolivia corre el riesgo de convertirse en una sala de espera donde el único plan de vida de las siguientes generaciones sea hacer las maletas y marcharse a buscar un mejor futuro en otra parte.
En su Discurso sobre el Pacto Educativo Global de 2020, el Papa Francisco sostuvo de manera fehaciente que: «El derecho a la educación no se discute. Pero hoy estamos obligados a mirar más allá y a denunciar que existe un “vulneramiento” de este derecho debido a la exclusión, la pobreza y las desigualdades estructurales». La educación escolar ha quedado encadenada al acceso a internet móvil, un hilo de conexión tan frágil que depende exclusivamente del dinero que los padres logren conseguir cada día para estirar el presupuesto familiar.
El llamamiento a todos los sectores en conflicto y al gobierno nacional es uno solo y no admite esperas: el cese de hostilidades es urgente. Lo demandan estas generaciones confinadas, que tienen el derecho inalienable a una infancia feliz, a la promesa de un aula, al encuentro vital con el otro y a habitar un país en verdadero desarrollo, lejos de la retórica vacía de los discursos oficiales.
