La Defensoría del Pueblo y la Diócesis de El Alto emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresaron su preocupación por la situación de conflictividad social y los bloqueos registrados en distintas regiones del país, particularmente en el departamento de La Paz; ambas instituciones advirtieron sobre el impacto humano, económico y social que esta crisis está provocando en miles de familias bolivianas.
En el documento, difundido este 15 de mayo de 2026, señalaron que, como instituciones comprometidas con la defensa de la dignidad humana, la paz social y los derechos fundamentales, exhortan a todos los actores involucrados a actuar “con responsabilidad, sensibilidad y vocación democrática”.
Asimismo, reconocieron que toda persona y sector social tiene derecho a expresar sus demandas y reivindicaciones dentro del marco constitucional; sin embargo, remarcaron que ninguna medida de presión debe poner en riesgo derechos esenciales como el acceso a la salud, la alimentación, la integridad personal y la libre circulación de la población.
El pronunciamiento también alertó sobre las dificultades que enfrentan numerosas comunidades para recibir alimentos y medicamentos; además, mencionó que productores no pueden trasladar sus cosechas, pacientes y personal médico encuentran obstáculos para movilizarse, y muchas familias viven en condiciones de incertidumbre y angustia.
Ante este panorama, ambas instituciones realizaron un llamado urgente:
- A los sectores movilizados, para permitir corredores humanitarios y garantizar el paso irrestricto de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible.
- A las autoridades del Estado, para promover espacios de diálogo efectivos y soluciones pacíficas, evitando toda acción que agrave la confrontación y la crisis económica.
- A los líderes políticos y sociales, para actuar con prudencia y evitar discursos que incentiven la violencia o profundicen la división malsana entre bolivianas y bolivianos.
- A recordar uno de los principios que se encuentra en el Artículo 8 de la Constitución Política del Estado: ivi maradi (la “tierra sin mal”), que se construye cuando ningún boliviano le hace el mal a otro boliviano, bajo ningún motivo y circunstancia.
La actual coyuntura exige poner en el centro a las personas, especialmente a quienes viven en situación de vulnerabilidad. Ninguna diferencia política o sectorial puede estar por encima de la vida, la salud y la convivencia pacífica.
La Defensoría del Pueblo y la Diócesis de El Alto afirmaron que la actual coyuntura exige poner en el centro a las personas, especialmente a quienes viven en situación de vulnerabilidad, y sostuvieron que ninguna diferencia política o sectorial debe estar por encima de la vida, la salud y la convivencia pacífica.
Finalmente, ambas instituciones convocaron a la ciudadanía a mantener la serenidad, la solidaridad y el compromiso con la paz social, alentando a la población a ser “parte de la solución y no de los problemas de nuestro país”.
