“El presidente Evo Morales organizó la primera consulta entre los indígenas bolivianos, lo que constituye un histórico acontecimiento. Los brigadistas ingresaron pacíficamente y fueron recibidos en distintas comunidades que pidieron más atención en salud y en educación”.
Así imagino el próximo informe del representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Dennis Racicot, funcionario internacional que no logra disimular su entusiasmo por el Mandatario aymara y por su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los informes de Racicot son técnicamente correctos, pues utiliza datos de la realidad. El dilema es la ausencia de los otros elementos del contexto que permitirían al lector comprender mejor la realidad boliviana. Saca fotos, no relata procesos. Por ello, seguramente para él la consulta será “legal, legítima, histórica”, como presentó a las elecciones judiciales y silenciará otros asuntos sobre los descalzos que defienden el parque nacional y territorio indígena en el Isiboro Sécure.
Es el caso más notorio del (des) enfoque actual en relación a la vigencia de la Declaración de los Derechos Humanos en Bolivia, pero no el único.
La llegada de un presidente combativo, surgido como pocos en el mundo de las entrañas del pueblo, pobre y discriminado, y el respaldo de un 64 por ciento de la población votante, nubla el rol de las organizaciones oficiales y de la sociedad civil relacionadas con los Derechos Humanos (DDHH). Ni hablemos del Ministerio de Justicia y de sus viceministerios, indiferentes ante las víctimas de las dictaduras militares, probablemente para no afectar la alianza del Gobierno con las Fuerzas Armadas.
Cuando me uní, casi adolescente al activismo por DDHH, comprendí que era un reflejo del cristianismo verdadero y del humanismo, que no es de derecha ni de izquierda, pues mide con la misma vara las torturas a presos en Damasco o en Automotores Orletti.
Durante años, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia trabajó con escasos fondos conseguidos por monjas (Amparo Carvajal, Ana María Ajuria, las colombianas, etc.) o curas (Julio Tumiri, padre Eric, los oblatos, los de Bérgamo, salesianos y jesuitas), metodistas y protestantes europeos.
La primera distorsión llegó con la democracia y con el aumento de fondos económicos; aparecieron muchos oportunistas y alguno que incluso no rindió cuentas suficientes sobre sus manejos administrativos y llegó a ser ministro de Estado.
Desde 2006, el entusiasmo por apoyar al oficialismo afecta el rol de DDHH, sobre todo en La Paz. No solamente el Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (Apdhlp) está dividida, contando un sector que aplaude al MAS y calla lo que sucede a los opositores, a los indígenas, a la falta de independencia del Órgano Judicial, de los organismos de control. Ese sector está relacionado con organizaciones como el Capítulo de Derechos Humanos y la mayoría de sus afiliados.
Por ejemplo, apoyan permanentemente posiciones de Venezuela contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ignorando el capital acumulado de esa entidad en defensa de los perseguidos en Bolivia o su apoyo a la capacitación electoral en tiempos en que la Corte Electoral era de notables.
Hay mucho que desarrollar sobre este tema, incluyendo a la Defensoría del Pueblo. No es asunto para una sola nota.
