Acusan al Gobierno de evadir responsabilidad
El Cardenal Julio Terrazas pidió ayer clarificar las denuncias del exfiscal Marcelo Soza sobre el caso terrorismo, que en una carta habla de una supuesta injerencia de autoridades del Gobierno para implicar a varias personas en la investigación.
Terrazas pidió explicaciones para no tener al país con temor y a “la merced de calificativos”. “Aunque no haya todavía reconocimiento oficial de esta letra, de esta carta, es importante clarificar porque el país no puede seguir viviendo en la ambigüedad, en la sospecha en una especie de temor infundado”, afirmó Terrazas.
El caso terrorismo se remonta a 2009, cuando un grupo comandado por Eduardo Rózsa fue abatido en el hotel Las Américas de Santa Cruz. Un día antes, la casa del Cardenal sufrió un atentado con dinamita. Se atribuyó el hecho a este grupo.
El cardenal Julio Terrazas instó ayer a las autoridades a clarificar, además de las acusaciones del exfiscal Marcelo Soza, todas las denuncias vertidas en los casos terrorismo y extorsión, para dar una gran lección al país.
“Creo que es hora de enfrentar. Darían una gran lección al país las autoridades si se clarifica todo esto, para que no se viva a la merced de calificativos o descalificativos”, manifestó.
La declaración de Terrazas fue formulada en Santa Cruz, en medio de las consultas que realizó la prensa a la finalización de la misa oficiada en un hogar de ancianos conmemorando el Día del Padre en Bolivia.
“Si hay algo que se clarifique, si no hay, que se rinda un homenaje a toda la población que ha sido herida con distintos calificativos”, solicitó Terrazas.
El domicilio de Terrazas fue objeto de un atentado con explosivo el 15 de abril de 2009, cuando se encontraba fuera de su vivienda.
Cuatro años después del atentado y frente al lento avance de las investigaciones, Terrazas decidió retirar la denuncia debido a que las autoridades no dieron con los autores del mismo.
Plan del fiscal
En tanto, en La Paz, ayer el fiscal General, Ramiro Guerrero, informó que una vez que se allanó el camino resolviendo varios trámites, se inició el proceso para la aprehensión del exfiscal Soza.
“Estamos actuando ya hemos enviado la notificación azul a Interpol, que es lo que corresponde, hemos pedido la declaratoria en rebeldía, posteriormente activar todos los mecanismos con la notificación roja y la aprehensión del exfiscal Marcelo Soza”.
Agregó que también realizarán gestiones ante la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) en Brasil para evitar que esta institución otorgue asilo al exfiscal.
Informe
Después de rendir un informe oral sobre la salida de Soza del país, ante la Comisión de Justicia Plural, Defensa del Estado y Ministerio Público de la Cámara de Diputados, Guerrero explicó que no se podía emitir una orden de aprehensión en su contra, (de Soza) porque se debían cumplir plazos procesales.
“En ese caso, en esa investigación, que llevaba adelante el Ministerio Público, cumple todos los plazos establecidos en el procedimiento, y por eso es que no se pidió con anterioridad el mandamiento de aprehensión”, remarcó.
Guerrero detalló que el Ministerio Público inició tres procesos contra Soza, uno en la ciudad de Sucre por incumplimiento de deberes, que se encuentra en etapa de imputación.
Dijo que Soza debe responder ante la justicia boliviana en un segundo caso planteado en la ciudad de La Paz por el supuesto delito de extorsión, sin embargo, aseguró que el proceso fue dilatado por “una serie de incidentes, una serie de excepciones planteadas, tanto por el exfiscal Marcelo Soza, como por la denunciante”.
El Fiscal General afirmó que el tercer caso también es una demanda por extorsión en la ciudad de Santa Cruz, aunque también frenado porque no se pudo notificar a Soza.
Guerrero detalló que en el tercer proceso, tras esperar a que se cumplan los plazos procesales la fiscal Rosemary Barrientos emitió una orden de aprehensión contra Soza el 12 de marzo, un día después de que fugara del país.
Hasta ayer, la Policía Boliviana informó que el exfiscal Marcelo Soza, acusado de extorsionar a presuntos involucrados en el caso terrorismo, no se encuentra en la lista azul de los buscados por la Policía Internacional (Interpol) porque faltan los procedimientos.
ONU no puede intervenir
El representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Antonino de Leo, afirmó que intervenir en el caso terrorismo, como lo pidió Unidad Nacional (UN), no forma parte de las competencias que tiene el organismo internacional. “No está en nuestra competencia”, señaló.
Samuel Doria Medina envió una carta para el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, donde sostiene que el proceso penal por el caso terrorismo “implicó abusos graves contra los derechos fundamentales de varios ciudadanos bolivianos, además de la muerte de extranjeros”.
“Que el principal acusador de ese proceso haya fugado precisamente cuando se iniciaban investigaciones judiciales acerca de su tenebroso proceder como autoridad del Ministerio Público, hace imperativa la intervención pública de la oficina de la ONU que usted dirige”, dice la carta.
Al respecto, Di Leo agregó, “no he visto la carta. Yo creo que se ha entregado a la coordinadora residente, pero naciones unidas no puede apoyar en esto que es un asunto de la justicia boliviana”, finalizó.
Ponce de león pide ampliar declaración
Moisés Ponce de León, abogado del exfiscal Marcelo Soza, pidió ampliar sus declaraciones al Ministerio Público en torno al caso extorsión, que fue denunciado por la senadora Carmen Eva Gonzáles. Anunció que revelarán todos los detalles en torno a este proceso desde el penal de Palmasola, donde está recluido, informó Enrique Valdez, representante legal de Ponce de León.
Valdez informó que su cliente está dispuesto a revelar nombres y otros datos de quienes estarían implicados en los hechos de extorsión, en desmedro de los imputados en proceso por terrorismo.
“Quiere hablar y él va a decir su verdad, como lo ha hecho en su defensa material en la audiencia de medidas cautelares.
Nosotros nos hemos comprometido en coadyuvar en el proceso de investigación en curso y una de las diligencias que vamos a promover es la solicitud de ampliar la declaración”, dijo el abogado defensor, al señalar que “tal vez se escapó un dato importante y se lo va a manifestar en su declaración ampliatoria”.
Ponce de León fue detenido el viernes 14 de marzo pasado y fue trasladado a Santa Cruz, acusado de presuntos hechos de extorsión en el caso terrorismo, luego que el exfiscal Marcelo Soza huyera del país dejando una carta en la que denuncia injerencia del Ejecutivo en los hechos ocurridos la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando el húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores, el húngaro-rumano Árpad Magyarosi y el irlandés Michael Martin Dwyer fueron abatidos a tiros por la Policía acusados de pertenecer a una célula terrorista.
Fiscalía dice que probará complot
El fiscal Marco Antonio Rodríguez afirmó ayer que el Ministerio Público probará, en el juicio oral que se realiza en Santa Cruz por el caso terrorismo , que mercenarios europeos urdieron una guerra civil para fragmentar Bolivia.
“El Ministerio Público presentó una acusación en cuya tesis se afirma y se comprobará mediante los elementos probatorios de que hubieron actos de una organización armada para separar al país”, afirmó a la agencia ABI.
Al ser consultado sobre el pedido de anulación del caso terrorismo por parte de algunos acusados, el Fiscal alegó que jurídicamente lo que corresponde es que se emita una resolución por el Órgano Jurisdiccional.
Sin embargo, lo correcto y procedente -dijo- es que se llegue a la fase de la sentencia para que el Tribunal de Sentencia emita un fallo jurisdiccional declarando probada o improbada la acusación o en su efecto condenarlos o absolverlos a imputados o acusados. Rodríguez, agregó que “en este caso la comisión de fiscales tienen la obligación como Ministerio Público de sustentar la acusación por los delitos de terrorismo y alzamiento armado”.
El Fiscal dejó establecido que “no es un capricho personal, se trata de una labor institucional, porque el Ministerio Público se rige bajo el principio de unidad, que quiere decir que un fiscal puede sustituir a otro y mantener la acusación como expresión institucional”.
Respaldan informe
La jefa de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Flora Aguilar, respaldó ayer el informe que presentó la comisión multipartidaria, en una anterior gestión legislativa, sobre la investigación del caso terrorismo.
“Este informe que ha hecho la comisión multipartidaria del anterior Congreso, ese informe adjunta toda la documentación correspondiente que se ha pasado al presidente de la Cámara de Diputados, a la anterior legislatura y al Ministerio Público, no es sólo un resumen, sino es una documentación evidenciable”, explicó en una conferencia de prensa.
Aguilar afirmó que toda esa documentación coadyuvó en la investigación preliminar, en la etapa preparatoria y conclusiva.
“Todas las pruebas están, todos los mapeos, están evidentemente los armamentos en diferentes lugares en el hotel y Cotas que es en Santa Cruz, saludo a la comisión multipartidaria que dio informe de la realidad de los entrevistados”, subrayó.
En esa línea, dijo que el Ministerio Público debe continuar con el juicio para sancionar a los responsables.
Delgado descalifica al Vice
La diputada disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, afirmó ayer que el vicepresidente Álvaro García es el menos indicado para hablar de temas de terrorismo, al recordar que como miembro del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) participó de acciones terroristas en 1991, organización irregular que fue desarticulada entre marzo y agosto de 1992 por los sistemas de seguridad del Estado.
Las declaraciones de la diputada Delgado surgieron luego que García Linera descalificara las revelaciones hechas por el exmayor de Policía, Fabricio Ormachea, jefe de la Unidad Anticorrupción de la institución verde olivo, y el exfiscal del caso Terrorismo, Marcelo Soza, respecto a la implicancia de su hermano Raúl García Linera y de otros ministros en el proceso de separatismo, donde el Gobierno habría comprado testigos.
“Lo que diga o no el vicepresidente Álvaro García no tiene valor, creo que es la persona menos adecuada para tratar el tema”.
