Análisis Santa Cruz

8 desatinos y la extrema sequía originaron el desastre en la Chiquitanía

Texto de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, Bolivia

Factores que dieron fuerza a los incendios

1) Un año de extrema sequía y altas temperaturas. Los registros a nivel global indican que 2019 llegará a ser el año más caliente desde que se tienen datos. Si bien el período de déficit hídrico es la condición determinante de la ecología del bosque seco tropical, como lo es el Chiquitano, en años de mayor déficit hídrico lo torna aún más susceptible a los incendios.

2) El cambio de uso del suelo: parte de las Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP-D.S. 26075) fueron convertidas a ganadería y agricultura utilizando prácticas de desmonte y “chaqueo” inadecuadas, con el fuego como medio para la renovación del pasto en predios ganaderos y/o para la habilitación de los suelos para la producción. Esto ha conducido a una mayor deforestación y a la fragmentación del bosque Chiquitano. Así se han incrementado las probabilidades de quemas en las áreas abiertas y su potencial traspaso a los bosques.

Entre 2016 y 2017, siete municipios chiquitanos, de 25 municipios que concentran el 78 por ciento de la deforestación en Bolivia, registraron más de 130 mil hectáreas deforestadas. Entre estos se encuentran San José de Chiquitos, San Ignacio de Velasco y Concepción.

Según el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de FCBC/ECCOS, entre 1986 y 2016, se deforestó 1.1 millones de hectáreas de este bosque en la parte boliviana. De continuar esta tendencia, se estima una pérdida adicional de otras 4.4 millones hectáreas para el 2040. Lo que llevaría que al 2040 la mitad del Bosque Seco Chiquitano desaparecerá bajo la acción humana.

3) La aplicación de la Ley 741 del 29 de septiembre de 2015. Esta normativa amplía el desmonte de 5 a 20 hectáreas en “tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos y en tierras de producción forestal permanente”. Esto ha dado lugar a que se multiplique la superficie de clareos del bosque y ha aumentado las probabilidades de quemas, ya sean autorizadas por ABT o ilegales, en toda la región.

Si se toma en cuenta, por ejemplo, que 40 mil colonos campesinos constituyen nuevos beneficiarios con dotación de tierras por parte del INRA en la Chiquitanía, con una asignación máxima de 50 hectáreas por beneficiario y con la posibilidad de llevar a cabo 20 hectáreas de desmonte sin autorización de ABT, en aplicación de esta ley se llegará a deforestar entre 800 mil a un millón de hectáreas de Bosque Chiquitano en los próximos cinco años.

4) La aplicación del Decreto Supremo 3973 (9 de julio 2019, que modificó el artículo 5 del DS 26075 del 2001) autoriza el desmonte y las quemas controladas inclusive en tierras de producción forestal permanente (TPFP). Si bien este decreto no es reciente, con seguridad ha funcionado como un “gatillo” para el desmonte, chaqueo y quemas en la Chiquitanía.

5) El impulso del gobierno nacional a la producción ganadera en las tierras bajas de Bolivia. Esto ha motivado no solo el interés de los productores locales, sino también de los agroindustriales extranjeros, principalmente del Brasil, que han invertido en la producción pecuaria en la Chiquitanía y especialmente en los municipios de frontera o próximos como San Ignacio de Velasco, San Matías y el Carmen Rivero Tórrez.

Para tal efecto, han conformado empresas de gran volumen con más de 80 mil hectáreas y 60 mil cabezas de ganado cada una de ellas. La infraestructura desarrollada en el municipio de San Ignacio de Velasco para la exportación de carne vacuna es un claro reflejo de ello.

6) Expansión de las colonias menonitas. En los últimos cinco años se ha registrado un aumento de las colonias menonitas tanto en el norte como en el sur de la Chiquitanía que impulsan claramente la deforestación. Además, tienen prácticas de producción agroindustrial inadecuadas a las condiciones ecológicas de los ecosistemas tropicales secos.

7) El incremento significativo de asentamientos campesinos autorizados por el INRA en las tierras de producción forestal permanente (TPFP), tanto al norte como al este de la Chiquitanía.

Solo dos ejemplos de referencia: en el municipio de San Rafael de Velasco existían en el 2004 alrededor de 16 comunidades y hoy se registran más de 80, de las cuales la mayoría son de colonización reciente.

Igualmente, en el municipio de San Miguel de Velasco existían unas 34 comunidades indígenas y hoy, como resultado de la colonización, se registran más de 100. Estas nuevas comunidades requieren de la habilitación de tierras para la agricultura a costas del bosque chiquitano.

8) La insuficiente capacidad de control de parte de las autoridades a todos los niveles. Dichas autoridades deberían supervisar y/o evitar los asentamientos en tierras de producción forestal permanente, en el cumplimiento de los planes de ordenamiento predial y en el respeto del Plan de Uso del Suelo del departamento de Santa Cruz.

También están la falta de investigación, seguimiento y sanciones a los casos conocidos de incendios ilegales de años anteriores.

9) La aún débil capacidad de respuesta institucional (gobierno central, departamental y municipal), para hacer frente a contingencias de la magnitud de los incendios forestales. Esto a pesar de los esfuerzos, dedicación y buena predisposición de funcionarios comprometidos con la seguridad tanto ciudadana como de defensa del patrimonio natural y del apoyo de organizaciones locales, la sociedad civil y la cooperación internacional.

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Consecuencias en los bosques y la sociedad

Las consecuencias de los fuegos intensos en la Chiquitanía, sumadas a la deforestación y fragmentación de los ecosistemas naturales, son las siguientes:

1. Pérdida o daños directos a más de 40 millones de árboles con valor comercial, considerando un promedio de 80 ejemplares/hectárea en un estimado de 500 mil hectáreas afectadas por el fuego, lo que representa en términos económicos una pérdida potencial para la economía nacional de más de 1.140 millones de dólares americanos.

2. Hay muerte directa de toda la fauna y riesgo para más de 1.200 especies, de las cuales 43 son anfibios, 140 reptiles, 788 aves y 242 mamíferos. Muchas especies pueden desplazarse, pero la mayoría perece en el lugar de los incendios al ser menos móviles o quedar atrapadas entre los fuegos.

3. Se afectan las fuentes de alimento, sitios de reproducción y de refugio para toda la fauna. Al pasar la crisis de los incendios, el impacto sobre la diversidad de animales será mayor y más extendido en el tiempo.

4. Pérdida de la biodiversidad desconocida. Se asume que solo se conoce y se tiene registro del 20% de la riqueza de especies a nivel global. Tomando en cuenta la extensión, complejidad y desconocimiento de lo que contiene el Bosque Seco Chiquitano, tanto la deforestación como el fuego conducen de manera irreversible a la degradación de su biodiversidad en una magnitud aún mayor a la que se puede registrar con base en la información de especies que actualmente se tiene.

5. El desplazamiento de la población, la interrupción de sus medios de vida y de la asistencia escolar, el costo humano y económico del desarraigo.

6. Las pérdidas materiales de cultivos, viviendas y de activos productivos de la agricultura familiar, comunitaria y comercial, que dificultan su recuperación.

7. Las afectaciones a la salud y seguridad humana. Se tendrán problemas respiratorios y oftalmológicos y otros vinculados al consumo de agua contaminada por la lixiviación de cenizas en los cursos y cuerpos hídricos, además del riesgo para las vidas humanas.

8. Emisión de carbono a la atmósfera al liberarse dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y metano (CH4), lo cual produce un impacto a escala global y el humo generado, dependiendo de la magnitud y permanencia en la atmósfera, puede reducir la actividad fotosintética de la vegetación, además de afectar a la fauna de manera directa y a la salud de las personas, con graves consecuencias, especialmente para niños y adultos mayores.

9. Modificación del volumen de biomasa vegetal y de la composición y estructura del bosque al destruirse la cobertura arbustiva, herbácea y parcialmente arbórea, así como la pérdida de epífitas, lianas y otras plantas que requieren el soporte de los árboles y arbustos.

10. Alteración de los ciclos hidrológicos al reducirse la cobertura del suelo. Esto da lugar a mayor erosión, menor infiltración y recarga acuífera, así como la modificación en el régimen de las precipitaciones locales. La erosión conduce a mayor sedimentación en los cursos y cuerpos de agua, y podría afectar la dinámica de grandes reservorios como el Pantanal y cuencas como la del río Paraguay Plata, la cual tiene parte de sus nacientes en el Bosque Seco Chiquitano.

11. Contaminación y alcalinización de las aguas de las microcuencas que en el caso de la Chiquitanía son la principal fuente directa de agua para el consumo humano y de los animales de producción, pero que también provocan cambios en la biodiversidad acuática con mortandad de peces y demás fauna acuática.

12. A nivel del suelo se pierde la capa humífera, se eliminan invertebrados y hongos clave para la descomposición de la materia orgánica, se volatilizan minerales y nutrientes y todo ello hace al suelo menos fértil, afectándose el buen funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos del calcio, nitrógeno, fósforo y potasio, reduciendo la capacidad de regeneración.

13. El banco de semillas que se mantiene a nivel del suelo se pierde en su gran mayoría, se quema o queda expuesto a posteriores impactos de enfermedades. Este banco es fundamental para los procesos de regeneración del Bosque Chiquitano, los cuales se ven significativamente afectados.

Para tener tierra cultivable como la de la foto, la gente usa el fuego, pero el número de asentamientos campesinos autorizados por el INRA ha aumentado de manera exagerada.

Características del Bosque Seco Chiquitano

El Bosque Seco Chiquitano es el bosque seco tropical más grande y aún mejor conservado de Sudamérica y uno de los pocos en el mundo. Se encuentra casi en su totalidad en Bolivia y la mayor parte en el departamento de Santa Cruz. Por sus valores naturales, culturales y su potencial económico como fuente de maderas de alto valor comercial, debe ser manejado de manera responsable y sustentable.

En el Bosque Seco Chiquitano se evidencia un patrón muy fuerte de recurrencia de fuego en áreas antrópicas (tierras destinadas al uso agrícola, ganadero o resultado de actividades humanas). Esto se debe a que su uso en la agricultura y la ganadería es una práctica común que utilizan los productores para limpiar sus áreas de cultivo o renovar sus pasturas.

El Bosque Seco Chiquitano no ha evolucionado con el fuego. Son muy pocas las especies vegetales adaptadas a las quemas. Probablemente a lo largo de su historia evolutiva, los incendios naturales ocasionales pudieron contribuir en mantener la heterogeneidad del bosque, al quemar solo pequeñas fracciones que permitan la regeneración local de las especies. Pero como ecosistema, es altamente sensible y vulnerable a los incendios recurrentes y extensivos.

Por lo tanto, el fuego es hoy una de las más grandes amenazas y de mayor daño al Bosque Seco Chiquitano y está claramente vinculado a las actividades humanas.

Hay años en que el fuego es más crítico debido a los factores climáticos (sequía más intensa y prolongada). Y hay otros años más benignos porque hay pocos incendios. Entonces, las acciones de prevención y control surten efecto.

Según el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano, el promedio de quemas en la ecoregión entre 2000 y 2018, en la parte de Bolivia, fue de 290 mil hectáreas por año. Los años donde se produjeron más quemas e incendios fueron el 2010 seguido por el 2002 y 2008. Pero este año la situación se ha exacerbado y las causas son múltiples.

Propuestas y recomendaciones

Para prevenir los incendios y mejorar las expectativas de conservación del Bosque Seco Chiquitano, es necesario establecer múltiples estrategias con distintos instrumentos y acciones:

1. Proponemos que las autoridades nacionales soliciten ayuda internacional para la contingencia de los incendios en la Chiquitanía, ya que la situación crítica puede extenderse aún más en el tiempo y el daño final podría llegar a ser mucho mayor al actual.

2. Hacer cumplir la Constitución Política del Estado: Artículo 33 “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”.

Artículo 34: “Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente”.

3. Hacer cumplir la Ley de la Madre Tierra y especialmente el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, basado en el Manejo Integral del Bosque, haciendo énfasis en el uso sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables.

4. Establecer una “Pausa Ecológica” en el Bosque Seco Chiquitano y declararlo de “Importancia Nacional” para la conservación y uso sustentable de sus recursos forestales maderables y no maderables, dada su condición de fragilidad, valor como patrimonio natural del país, importancia económica, social y ambiental. Esta Pausa Ecológica permitirá evaluar los daños de los procesos de deforestación e incendios y establecer estrategias de restauración ecológica y protección.

5. Que las autoridades nacionales, departamentales y locales respeten el Plan de Uso de Suelo (PLUS) del departamento de Santa Cruz. Y, además, que particularmente las autoridades departamentales extremen esfuerzos para su cumplimiento y se apliquen las sanciones y penalidades correspondientes a los infractores y/o transgresores de esta norma fundamental para el desarrollo sustentable del departamento y de la Chiquitanía.

6. Solicitar a las autoridades, especialmente al Ministerio de Agua y Medio Ambiente, la Dirección General Forestal y a la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), refuercen acciones para preservar las Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP).

7. Solicitar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) extreme los cuidados en la dotación de tierras de acuerdo al ordenamiento territorial tanto departamental como municipal, realizando las consultas necesarias a todas las instancias gubernamentales pertinentes y especialmente a los gobiernos locales.

8. Apoyar a los gobiernos municipales de la Chiquitanía en el ajuste e implementación de sus Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI). Para ello habrá que tener en cuenta su potencial forestal, los valores que preservan el patrimonio natural, las fuentes de captación y provisión de agua, el riesgo de sequía, inundaciones e incendios, de tal modo que los planes de ocupación del territorio sean compatibles con la zonificación establecida en base a estos criterios.

9. Incluir en los POA de municipios y gobernaciones un fondo para educación preventiva permanente, donde se transmita a la población las formas de manejo de fuego para uso productivo y/o doméstico. Y deben plantearse alternativas productivas y sociales de adaptación al cambio climático y sea una fuente de educación para la salud social, donde se incluyan aspectos de reconocimiento de los servicios ecosistémicos, valoración del bosque y buenas prácticas de convivencia socio ambientalmente saludables.

10. Fortalecer mecanismos de gobernanza territorial, como la Plataforma Chiquitanía Sostenible de la Red de Bosques Modelo, los Comités de Gestión de Áreas Protegidas, la Asociación de Comités de Gestión de AP de la Chiquitanía, los Comité Impulsores y de Gestión de Cuencas, entre otras, para que tengan mayor protagonismo y capacidad de incidencia en las políticas públicas correspondientes.

11. Promover el ordenamiento territorial en comunidades y predios privados con criterios de protección de los bosques, las servidumbres ecológicas y fuentes de agua. Para ello se tendrá que tomar en cuenta el riesgo de sequía y fuego, estableciendo estrategias y planes de acción frente a la contingencia de incendios, y aplicar la ley de uso y manejo racional de quemas (Ley de 25 de abril de 2019, N. 1171).

12. Revisar y modificar las normativas vigentes a nivel nacional que incentivan la deforestación y las quemas en toda la región, especialmente la Ley 741 y el DS 3973 y los condicionantes para el cumplimiento de la Función Económica Social de los predios en los cuales se incluya la protección activa de los bosques como un criterio para su reconocimiento y valoración.

13. Establecer un programa regional para la restauración del paisaje forestal que debe estar enfocado con las especies originarias del Bosque Chiquitano, excluyendo el uso de especies exóticas y canalizar recursos económicos para su implementación, haciendo notar que los costos para la prevención son significativamente menores que los costos de restauración.

14. Generar mayor conciencia pública de los valores del Bosque Seco Chiquitano como fuente de desarrollo sustentable y adaptación al Cambio Climático de la región y del país.