Hace 20 años se sentaron las bases de la actual política hidrocarburífera. El resultado principal ha sido la pérdida de oportunidades históricas para haber encaminado al país hacia un mayor desarrollo sostenible en el tiempo.
Dos décadas después, la crisis del sector se manifiesta en la disminución de las reservas, caída de la producción, caída de los ingresos, impactos económicos y sociales por la dependencia de la renta y pérdida de mercados internacionales.
Poco antes del inicio del siglo XXI, Bolivia tenía potencial para ser uno de los principales proveedores de gas natural en la región; pero una política de captura y derroche de la renta, sumada a una deficiente gestión sectorial que estuvo guiada por la ideología política, condujeron a que Bolivia pasara de ser país exportador a importador neto de hidrocarburos.
Dependiendo de las decisiones que se asuman para una nueva política hidrocarburífera, las soluciones tardarán más de una década para revertir la situación que ha “tocado fondo”. El descubrimiento de reservas, el desarrollo de los campos, la atracción de inversiones, el nuevo régimen fiscal, la construcción de infraestructura, la suscripción de contratos con nuevos mercados y la definición del uso de la renta son parte de una larga lista de desafíos para reestructurar el sector y lograr soluciones orientadas al largo plazo.
Perspectivas
La política hidrocarburífera que aplicó Bolivia desde el año 2005, en adelante, se ha caracterizado por ser rentista, estatista y orientada exclusivamente al gas natural, descuidando la sostenibilidad del sector en el largo plazo y omitiendo políticas para el desarrollo de los otros hidrocarburos y derivados, por lo que se requiere con urgencia una nueva ley sectorial que se desprenda de una nueva política energética y sea resultado de un debate nacional multiactor que considere en el horizonte una urgente y necesaria transición energética para los próximos 30 años. Esta nueva ley debería considerar aspectos como: entorno del negocio, marco institucional, transparencia y acceso a información, condiciones previas, contenido de los contratos de exploración y explotación, mercados, renta hidrocarburífera y uso de la renta.
El sector hidrocarburos es un sector de largo plazo, por lo que, una eventual nueva política hidrocarburífera dará resultados en los siguientes 10 o 15 años. Con esto en claro, es importante que para el corto y mediano plazo el país tenga por objetivo estratégico la diversificación de la matriz eléctrica que actualmente depende en gran medida de gas natural, se debe desarrollar capacidad hidroeléctrica con proyectos de pequeña y mediana escala, así como de fuentes renovables no convencionales como la eólica, solar, geotérmica y biomasa con la finalidad de disminuir la necesidad de gas natural para el mercado interno y liberar estos recursos para la exportación con el objetivo de generar renta hidrocarburífera.
La renta hidrocarburífera que se genera en el país actualmente y en los siguientes años por concepto de explotación de hidrocarburos debería ser destinada exclusivamente a la diversificación económica, ahorro de largo plazo y transición energética.
Un aspecto que es fundamental y que debería ser objeto de debate y reflexión a nivel nacional con los múltiples actores involucrados es la política de subvención a los hidrocarburos que hace unos años ya se ha vuelto insostenible de la forma en que viene siendo aplicada, peor aún en un escenario de caída en la producción de hidrocarburos y parque automotor creciente.
Si bien aún resulta complejo para la población y para la economía en general un retiro completo de esta medida, es recomendable que, al menos, se focalice la misma solo en la población que requiere de esta ayuda estatal, considerando criterios como: actividad económica, marca, modelo, año y cilindrada del vehículo; así como introducir otras gasolinas con precios y calidad diferenciados que sí fluctúen en función al mercado.
De manera simultánea el país necesita avanzar en políticas de electromovilidad articuladas entre el nivel central y los niveles subnacionales. Si bien el hecho de liberar del pago de ciertos impuestos para la importación de estos vehículos ayuda, no es suficiente, debe ir acompañado del desarrollo de infraestructura de recarga, así como la implementación de transporte público masivo eléctrico, y del cambio de matriz eléctrica.
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