Análisis

POLITIZACIÓN PONE EN ENTREDICHO IMPARCIALIDAD DE LA JUSTICIA

Los procesos judiciales que resultaron con la destitución de gobernadores, alcaldes, exautoridades y líderes opositores a la línea gubernamental, pusieron en entredicho la imagen del Órgano Judicial, reconocieron analistas políticos y la Iglesia Católica. Dos expresidentes de Bolivia, Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, coincidieron, por separado, que el Ejecutivo manipula a la justicia para perseguir a los opositores e imponer un único proyecto hegemónico. Mesa pidió al Gobierno terminar con la judicialización de la política, en tanto que Quiroga denunció la ausencia de independencia de poderes.

Ante estos cuestionamientos, el Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, deslindó cualquier responsabilidad que lo involucre en las causas jurídicas contra exautoridades, actuales autoridades y políticos opositores.

Dijo que la justicia es “independiente” elegida por el voto ciudadano y que ahora está cumpliendo con su trabajo y “si hay opositores involucrados en hechos irregulares deben defenderse y no huir del país, complicando más su situación jurídica”.

Lamentó que la derecha equivoque de estrategia, cuando debería proponer programas que superen a la administración de Evo Morales.

El autoexilio, huida, persecución u otro denominativo de más de 150 políticos opositores que están fuera de Bolivia, desde que asumió el poder en 2006 el mandatario Evo Morales, ha marcado una interrogante en la historia democrática ininterrumpida de 30 años, porque en ninguna gestión gubernamental sucedió este tipo de acontecimiento.

Este fenómeno político-social puede tener muchas connotaciones, como lo explica el politólogo Roberto Antezana, quien dijo que para el Gobierno se justifica en la medida en que se considera a las anteriores autoridades como “corruptas” que provocaron daño económico al Estado. “Mientras que la oposición denuncia que se los busca acallar para que el MAS alcance la hegemonía del poder”.

Sobre el retrato de una justicia politizada, Antezana explicó que no se puede eludir el daño que se causa a la credibilidad de este Órgano, porque oficialistas y opositores están dando lugar para afectarlo.

SIN CAMBIOS El exDefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, aseguró que la dependencia del Órgano Judicial ante el poder político “no ha cambiado” en esta gestión gubernamental, pese a que “pregona el proceso de cambio”.

Preguntó qué resultados mostraron los operadores de justicia en casos polémicos en los que se evidenciaron el abuso de poder de autoridades del Gobierno de Morales, “ninguno” se respondió, “al contrario se constató lentitud, displicencia, favoritismo como sucedió en los casos de Caranavi, sobre todo en el de Chaparina cuando se reprimió a indígenas, es más se premia con exilios dorados”, al referirse al exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, embajador de Bolivia ante la ONU.

Aunque está poco convencido de la utopía de su propuesta, de la independencia de poderes “real”, no subjetiva en el discurso de los políticos. Sobre este tema también se manifestó la Iglesia Católica en un comunicado emitido por el Consejo Episcopal Permanente el lunes 17 de septiembre en el que planteó a las autoridades amnistía para las decenas de “encarcelados, exiliados y refugiados políticos como un gesto de reconciliación”, y tildó de “aberrante” usar la justicia para perseguir a los disconformes con el proyecto político que vive el país.

El oficialismo responsabiliza a la derecha de estigmatizar al Órgano Judicial con la constante denuncia de persecución política, que genera en la ciudadanía “dudas”.

El propio presidente Evo Morales manifestó el 13 de junio pasado que en Bolivia “no existen perseguidos políticos, sino delincuentes políticos que no quieren responder ante las instancias judiciales por sus malos actos como funcionarios públicos”, declaración expresada en respuesta al asilo político que le concedió Brasil al senador opositor, Roger Pinto.

El MAS rechaza posición de la Iglesia

El pedido de la Iglesia Católica de una amnistía o indulto como un gesto de “pacificación” para los encarcelados, exiliados y refugiados políticos arrancó la molestia, críticas y rechazo del partido gubernamental MAS.

El diputado masista, Galo Bonifaz, calificó de injerencia política el pedido de los obispos bolivianos y consideró que la Iglesia “equivoca el paso” al demandar una amnistía para los procesados. A su vez el diputado del MAS, Richard Cordel, dijo que la Iglesia no puede darse la tarea de ser juez para liberar a exautoridades que le han provocado daño económico al Estado.

“Le pedimos a la Iglesia que no interceda políticamente por la gente que cometió irregularidades, porque eso significaría indultar a otras personas que están en las cárceles por deudas pequeñas”, afirmó.

La Iglesia Católica pidió el lunes 17 de septiembre a las autoridades amnistía para las decenas de “encarcelados, exiliados y refugiados políticos como un gesto de reconciliación”, y lamentó la judicialización de la política.

Para el Consejo Episcopal Permanente, esas personas opositoras al Gobierno están sufriendo porque no hay garantía de un “justo juicio y también por la lentitud en los procesos judiciales”.

Sobre esta propuesta el diputado de la opositora Alianza Social (AS), Wilman Cardozo, recomendó al Gobierno asumir el mensaje de la Iglesia y dar amnistía como sucedió en otros países.