Mientras el presidente Morales ofrece todo su apoyo a los contra marchistas del denominado Conisur que demanda la anulación del la Ley 180 de protección del Tipnis, el vicepresidente García Linera dice que fueron “errores” la inconsulta aprobación de la construcción de esa carretera y la mencionada Ley 180 que anula ese despropósito, pretendiendo ahora emitir una nueva “ley de consulta previa” de manera extemporánea y arbitraria. En pocas palabras y vulgarmente, quieren ponerle tranca al corral después de muerto el burro.
El Gobierno nacional, deliberadamente o no, violó la Constitución Política del Estado y otras normas de carácter internacional suscribiendo sin conocimiento ni opinión de los titulares, un contrato de financiamiento con el Gobierno del Brasil y otro de construcción –bajo sospecha de sobreprecio– con la empresa brasileña OAS para atravesar el núcleo del Tipnis con una carretera, que sin duda significará un desastre medioambiental y socio cultural nefasto para ese territorio y para la nación, pero muy beneficioso para la economía informal e ilegal que rige en el país y quizá para el interés de países vecinos de usar el nuestro, como puente rápido de comunicación entre ellos.
Se conoce, según investigación de un conocido y respetado sacerdote y antropólogo español-boliviano, que el denominado Conisur de reciente formación, está conformado por un grupo de 14 comunidades indígenas encerradas entre los 63 sindicatos cocaleros que coexisten dentro del llamado Polígono Siete, un espacio colindante o vecino del Tipnis y sin titulación como Territorio Indígena Comunitario de Origen (TIOC). Entonces, siendo los del Conisur propietarios individuales de terrenos fuera del TIOC, ¿Qué derecho tienen ellos para presentar un proyecto de ley de “consulta previa” sobre un territorio que no les pertenece e ignorando además la soberana voluntad de los titulares del referido TIOC?
La “consulta previa” que hoy pretenden reflotar los impostores sin sentido común, es un tema zanjado por la Constitución y las leyes, y perdió vigencia cuando de manera inconsulta y violatoria de las normas, el Gobierno firmó los contratos de financiamiento y de construcción de la mentada carretera atravesando el núcleo del Tipnis. Hoy, la única forma de exhumar ese cadáver, será volviendo a fojas cero, es decir, anulando esos cuestionados contratos y planteando luego a la ciudadanía boliviana –porque constitucionalmente es de su directo interés– la pertinencia de construir carreteras y explotar recursos que pongan en peligro lugares geográficos vitales para el futuro, como son estos territorios reservas de la biodiversidad denominados parques nacionales, de los que muy pocos y en forma precaria, aún se conservan intactos en nuestro país.
