Análisis

Linchamientos no son justicia

Un presunto criminal corrió la peor suerte. Y esta suerte la decidieron ciudadanos y ciudadanas sin autoridad alguna, cargados de ira descontrolada e impulsados, unos a otros, por un sentido divino de justicia. Este sentimiento, superior a cualquier principio, no se detiene en el simple escarmiento del supuesto delincuente, puede fácilmente llegar a la muerte de éste. La dimensión del delito es apenas analizada por los “justicieros”; pensar que la persona ajusticiada tiene derechos ni siquiera se les cruza por la mente.

En otras palabras, se castiga crimen con crimen; se sanciona los delitos con el peor atropello que se puede hacer a la justicia, suplantando sus principios, códigos y normas.

En nuestro país es lamentable como ésta, que erróneamente ha adoptado el denominativo de justicia comunitaria, se reproduce sin que haya, hasta la fecha, un precedente de castigar a quienes la cometen.

En días pasados, el supuesto cabecilla de una banda de delincuentes fue golpeado y quemado hasta la muerte por comunarios de Ivirgarzama, en la región del Chapare. El sujeto se hacía pasar por un oficial de Umopar, robaba vehículos portando armas y, al parecer controlaba a otros delincuentes como él; es decir, había cometido robo, asociación delictuosa y tentativa de asesinato. Junto a él fueron aprehendidos dos de sus cómplices (de 30 y 16 años), que también fueron golpeados; éstos no murieron, pero se encuentran en estado grave.

Entre tanto, la comunidad de Ivirgarzama y los miembros del sindicato de transportistas que ejecutaron estos hechos no han sido ni siquiera convocados a declarar por ninguna autoridad policial o judicial. Como suele suceder en estos casos, existe un pacto de silencio entre todos los comunarios, que dificulta el trabajo de la Policía. Pasan los días y lo probable es que se entierre a más víctimas y los vecinos sigan su vida con normalidad, orgullosos de haber impuesto un precedente a los delincuentes.

Esta actitud y estos desenlaces son inadmisibles en una sociedad que pretenda vivir bajo el amparo y garantía del respeto de los derechos humanos. Actos como el de Ivirgarzama y otros cientos que se han cometido en el país, no pueden justificarse ante el argumento del aumento de la delincuencia ni la inoperancia policial pues, en democracia, la que determina una sanción o castigo a un crimen es la justicia. Seguir presenciando y practicando estos excesos jamás disminuirá la gravedad de los delitos, únicamente seguirá legitimando la ley del más fuerte, que tanto daño le causa a la sociedad en cualquier ámbito.