Análisis

Editorial -Correo del Sur-: “Asesinato agravado”

Linchamiento en Uncía-Potosí

Argumentos sobran para señalar enfáticamente que los sucesos de San Julián y Uncía no tienen nada que ver con la justicia, originaria, comunitaria o como se la quiera llamar. En ambos casos, turbas de personas que no merecen ser llamadas seres humanos aprovecharon la oportunidad para cometer un asesinato.  

Legalmente, no existe la “justicia comunitaria”.

Si bien es cierto que la actual administración ha incorporado el concepto “comunitario” en gran parte de la Constitución Política del Estado (CPE), incluyéndolo hasta en la forma de gobierno de nuestro país, también es evidente que no se extiende a la administración de justicia.

Lo que existe, pues está constitucionalizada, es la “jurisdicción indígena originaria campesina” que tiene todo un capítulo, el cuarto, en el título tercero del texto constitucional que es el que está destinado al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Según el artículo 191.I de la Carta Magna, “la jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino”; es decir, está referida a grupos específicos con un origen y cultura en común. En virtud a ello, “las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios” (Art. 190.I).

Entonces, para que opere la “justicia originaria”, que es la que se confunde con “justicia comunitaria”, es necesario, primero, que exista una nación o pueblo indígena originario campesino que tenga autoridades elegidas conforme a sus prácticas ancestrales y, segundo, que cuente con un procedimiento propio para juzgar la comisión de delitos. Si no existe ni lo uno ni lo otro, mal se puede hablar de “jurisdicción originaria”.

A título de una malentendida “justicia comunitaria”, dos linchamientos se produjeron en el país en esta semana, uno en San Julián (Santa Cruz) y otro en Uncía (Potosí). En ambos casos, los motivos para quitar la vida a personas son los mismos: se les acusa de la comisión de delitos. En la localidad cruceña, el fallecido es un brasileño a quien se acusó de haber intentado atracar a un agricultor mientras que en la ciudad nortepotosina lo sucedido es todavía más grave porque dos personas de corta edad, acusadas de robo de vehículo, fueron arrancadas de manos de las autoridades para ser lapidadas y posteriormente quemadas.

Ni San Julián ni Uncía pueden invocar jurisdicción originaria porque ambos son municipios que, por lo mismo, están integrados a la división político-administrativa del país, con alcaldes y concejos municipales, y, si de administración de justicia se trata, están sometidos a la justicia ordinaria; es decir, el Órgano Judicial.

Es cierto que en Uncía existen ayllus con prácticas ancestrales –incluidos el famoso Tinku y otros menos atrayentes como las ofrendas de víctimas humanas a las wak’as– pero esta ciudad intermedia, que además es la capital de la provincia Rafael Bustillo, no está considerada en los marcos de la jurisdicción indígena originario campesina.

Pero quizás todos esos argumentos sean vanos frente a una gran verdad: en la justicia originaria, o, si se quiere, comunitaria, no existe la pena de muerte así que matar al acusado de un delito no es una de las sanciones que se aplica. Incluso la CPE dice con claridad que “la jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución”.

Por tanto, argumentos sobran para señalar enfáticamente que los sucesos de San Julián y Uncía no tienen nada que ver con la justicia, originaria, comunitaria o como se la quiera llamar. Lo que ocurrió, en ambos casos, es que las bajas pasiones humanas se desbocaron y turbas de personas que no merecen ser llamadas seres humanos aprovecharon la oportunidad para cometer un delito, asesinato agravado.

 

[Fuente: Correo del Sur (26-11-18)]

[Imagen: lostiempos.com]