En los últimos años nuestro país, Bolivia, ha sufrido un considerable aumento de fraudes, corrupción, robos, violencias y asesinatos, unidos a violaciones, abortos y delitos relacionados con el narcotráfico, por limitarnos a algunos hechos más escandalosos, relatados con ribetes sensacionalistas en los medios de comunicación amarillistas.
Este lamentable incremento de la delincuencia muestra una creciente degradación moral que va invadiendo a todos los estratos de la sociedad. En nuestra opinión este deterioro ético está en parte vinculado a la equivocada política gubernamental en relación con la religión y más en concreto con la marginación del cristianismo, promovida por el Gobierno, contraviniendo los mismos preceptos constitucionales.
La Constitución Política en su artículo 4 declara “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”. Este breve artículo enuncia dos principios ético-jurídicos. El primero reconoce la libertad religiosa, proclamada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 18), aunque todavía está lejos de ser practicada particularmente en algunos países de religión musulmana donde se impide a los mahometanos convertirse al cristianismo y se discrimina a los cristianos, incluso a través de leyes. El principio insiste en que Todos los ciudadanos son libres para practicar la religión que estimen mejor según su conciencia. Por lo tanto el Estado no debe imponer una determinada religión a sus ciudadanos.
El segundo principio se refiere a la independencia del Estado frente a la religión. Este principio necesita una adecuada interpretación y complementación. El Estado debe regirse por los principios democráticos sin injerencias ilegítimas, provengan de donde provengan. Pero como complemento se debe añadir que también las religiones deben gozar de una legítima independencia, rechazando imposiciones estatales ilegítimas.
Con ello se reconoce que el Estado y la religión tienen finalidades diversas, pero no se debe entender como una oposición entre ambas. No son opuestas, sino que en muchos casos se complementan. El Estado promueve el bienestar de los ciudadanos, favoreciendo el bien común. Las religiones también buscan el bienestar personal y colectivo con una proyección transcendente hacia la vida eterna. Lógicamente la mutua independencia entre el Estado y la religión debe ser entendida como una recíproca complementación para el beneficio de los ciudadanos.
La religión cristiana proclama la fe en Cristo Jesús al que reconoce como el Hijo de Dios resucitado que transmite a su Iglesia su Rúaj (Espíritu) Santa para dar la vida eterna a quienes cumplen sus mandamientos, centrados en la justicia, la misericordia, el amor fraterno y el amor pleno al Padre celestial. Por eso la Iglesia no se desentiende de la vida terrena de sus fieles, sino que la reorienta hacia la vida eterna.
Podemos concluir que respetando la libertad religiosa el Estado debe reconocer la realidad de cada país y buscar una colaboración recíproca con las religiones más difundidas entre los ciudadanos. Por ello es muy conveniente que el Estado, además de las leyes generales, establezca convenios específicos con las iglesias más representativas en el país. Estos convenios o leyes especiales, que pueden llamarse privilegios en el sentido etimológico de “leyes privadas”, no significan una discriminación para otros grupos religiosos minoritarios.
En el caso de Bolivia creemos que la religión cristiana puede ser un apoyo muy grande para revertir la degradación ética que indicábamos al inicio de este artículo. Sin embargo, la política gubernamental profesa las creencias telúricas a la Pachamama y a Dios (CPE Preámbulo) y acepta los principios éticos autóctonos: “No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Vivir bien. Vida armoniosa. Vida Buena, Tierra sin mal. Vida noble” (CPE art. 8 I), desconociendo la realidad religiosa del país. El mismo Presidente con sus dos entronizaciones ha mostrado su preferencia por los ritos ancestrales y en no pocas ocasiones ha acusado de ser enemigos del pueblo al Cardenal y a los Obispos de la Iglesia Católica que han proclamado la ética cristiana, denunciando algunos abusos cometidos en el país.
Esta política oficial ha contribuido a un cierto eclipse de la fe y de la ética cristianas profesadas por la mayoría de la población boliviana. Este eclipse se ha agravado por la cultura globalizada adveniente, predominantemente materialista, hedonista y erotista, que ha agravado la degradación de la moral pública y privada. Ojalá estas líneas sirvan para reencauzar la política gubernamental y reorientarla hacia una mayor colaboración entre el Gobierno y la religión cristiana, reconociendo la contribución histórica cultural y moral del cristianismo y específicamente de la Iglesia Católica.
