Análisis

ANF: Insensibilidad ante el drama humano

Los discapacitados han cumplido este martes 30 días en la carretera marchando sobre sus sillas de ruedas o apoyados sobre sus muletas tratando de despertar la sensibilidad del gobierno frente a su pedido de un bono mensual de 500 bolivianos.
 
El gobierno, lejos de abrir una luz de esperanza para este sector vulnerable de la sociedad, ha señalado que es imposible atender la demanda porque está en juego la economía del país. Por el contrario, ha calificado al sector como intransigente y renuente al diálogo y ha acusado a la protesta de tener un trasfondo político.
 
Si estuviéramos hablando de ciudadanos comunes y corrientes quizá estos adjetivos no resultaran tan chocantes, pero estamos frente a hombres y mujeres que pasan la vida en sillas de ruedas, o de niños que carecen de sus facultades mentales para encarar la vida. En este caso, los adjetivos señalados muestran un alto grado de insensibilidad de las autoridades de gobierno.
 
La marcha avanza lenta y penosamente porque, a lo largo del camino emprendido desde Cochabamba, en diversas ocasiones ha tenido que soportar la lluvia, el frío y el hambre ante la decisión de autoridades locales afines al gobierno de no darle posada en escuelas o centros públicos que, dicho sea de paso, fueron financiados con el dinero de todos los bolivianos.
 
Pese a las penurias, la caravana planea llegar a La Paz la próxima semana para decirle al gobierno que los discapacitados son también ciudadanos y que demandan ser tratados con dignidad y respeto.
 
Pero, ¿es realmente irracional, inviable y atentatorio contra la economía nacional el pedido de los discapacitados?
 
En la actualidad los discapacitados considerados graves y muy graves reciben un bono anual de 1.000 bolivianos, conquista lograda en otra penosa marcha que partió a finales de 2011 desde el oriente boliviano y que llegó a La Paz el 2012.
 
El pago de ese bono sale de un fondo de 44 millones de bolivianos anuales que en el pasado estaba destinado al financiamiento a los partidos políticos. De ese total, 22 millones son destinados supuestamente a proyectos productivos para el sector y los otros 22 millones para el bono de 1.000 bolivianos.
 
En caso de que estas mismas personas recibieran un bono mensual de 500 bolivianos, el Estado tendría que subir el fondo de 22 a 250 millones de bolivianos anuales.
El monto no es tan grande para un país que vivió 10 años de bonanza económica. Por ejemplo, para dotar los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, el Estado destina 3.560 millones de bolivianos.
 
Para ir un poco más allá, se podría sumar el costo del nuevo Palacio Presidencial (Bs 252 millones), el nuevo Palacio Legislativo (Bs 190 millones), el museo de Orinoca (Bs 47 millones), el avión presidencial (Bs 263 millones), el aeropuerto internacional de Chimoré de dudosa utilidad (Bs 254 millones), el estadio de Chimoré, que no se llenaría ni con todos los  habitantes del municipio (Bs 20 millones) y las canchas de césped sintético (que según el analista Agustín Echalar habrían demandado un costo de 300 millones de dólares, equivalentes a poco más de 2.000 millones de bolivianos),  para llegar a la conclusión de que si no se hubieran hecho muchos de estos gastos dispendiosos, sí habría dinero para el bono de los discapacitados.
 
La suma de todas esas compras da alrededor de 3.000 millones de bolivianos que podrían sostener un bono mensual de Bs 500 para los discapacitados durante 12 años.
 
Lo que falta en esta historia es voluntad política y, sobre todo, sensibilidad humana.