Análisis

Andrés Gómez Vela: Señores …Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza

Alberto Acosta, Enrique Viale y Shannon Biggs:

Primero, gracias por su visita y bienvenidos a Bolivia. No les quito mucho tiempo y paso a contarles algunos detalles del caso Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Todo comenzó en 2008, dos años después del ascenso de Evo Morales a la Presidencia. En los primeros meses de ese año, en la Administración Boliviana de Carreteras (ABC) corrió una instrucción para acelerar el proyecto Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por “una orden superior”. De inmediato se lanzó la licitación pública internacional LPI No 001/2008.

El 23 de Julio de 2008, sin estudio técnico en el terreno ya había un precio estimado para el proyecto: 436.229.820 dólares. El 1 de agosto de 2008, la ABC adjudicó la construcción de la carretera a la brasileña OAS Ltda. por un monto total de 415,1 millones de dólares bajo modalidad “llave en mano”. Ese mismo mes, la ABC publicó en su revista anual que la carretera iba a partir en dos el Parque.

Sin embargo, en junio de 2009, el Presidente Morales entregó el título ejecutorial del TIPNIS a los pueblos trinitario-mojeño, yuracaré y tsiman, con el siguiente mensaje: Desde ahora, los dueños legítimos de este territorio son ustedes; están a cargo de la defensa de este territorio.

El 22 de agosto de 2009, Morales y Luis Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil, firmaron en Villa Tunari el protocolo para financiar la carretera. El 28 de agosto de 2009, la OAS recibió la orden de proceder como consta en el sistema de contrataciones estatales (Sicoes). Según el contrato, la obra debía ser entregada en 40 meses, es decir, en diciembre de 2012. Pero el presidente Morales promulgó recién el 20 de mayo de 2011 la Ley No. 112 para ordenar la construcción de la vía.

Casi todos sabían del camino, menos los pueblos indígenas. No habían sido consultados previamente como establecen: la Constitución, en sus artículos 30, 352 y 403; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Ante esta situación, trinitarios mojeños, yuracarés y tsimanes anunciaron en junio de 2011 una nueva marcha (la VIII) en defensa de su territorio. Morales les respondió que se hará la carretera “quieran o no quieran”.

Aunque él dice que no ordenó, la Policía reprimió a los indígenas en plena marcha, en Chaparina, el 25 de septiembre de 2011.

Apenas llegó la caminata a La Paz, Morales firmó la Ley 180 para prohibir la construcción de la carretera por el corazón del TIPNIS y garantizar su preservación.

¡Ah!, pero ¡ni imaginan la trampa que tendió a “sus hermanos indígenas”! En esa norma, introdujo la palabra “intangible” para hacerles creer que no podían aprovechar los recursos naturales del Parque; y si querían algo, debían anular la ley y aceptar la carretera. Esta disposición estaba en contraflecha a la Constitución, que en su artículo 403 reconoce a los pueblos indígenas “el aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables”.

En enero de 2012, el Gobierno articuló una marcha de partidarios del Movimiento Al Socialismo (Conisur) hacia La Paz para pedir levantar la intangibilidad y hacer el camino. En respuesta, Morales firmó la Ley 122 y recién, cuatro años después de haber determinado la construcción de la carretera, decidió hacer la “consulta previa”.

Luego, se ocupó de desgranar una serie de mentiras, les diré sólo tres:

1) “Los indígenas pidieron una carretera por la mitad del TIPNIS”. Ustedes que visitaron el TIPNIS, ¿creen que los yuracarés, moxeños y chimanes son tan tontos como para pedir una carretera a 30, 50, 80 kilómetros de sus casas?

2) “La carretera beneficiará a las comunidades”. ¿Cómo… si el trazo proyectado excluye a 62 comunidades y sólo pasa por dos?

3) “Mientras siga la Ley de Intangibilidad, no podemos llevar ni salud ni educación”. Sí, eso les dijeron. Es más, el vicepresidente García afirmó: “Hablando de la intangibilidad, usted no puede sacar una hoja, es decir, no puede hacer una escuela, un hospital, no puede hacer perforaciones para colocar agua potable para los compañeros”. El artículo 13 de la Constitución señala que los derechos son de aplicación directa.

Por si no fuera suficiente, usaron esas mentiras en la posconsulta, tal y como señala el Informe del Defensor del Pueblo de entonces, Rolando Villena.

Gracias por su atención, estaré atento a las decisiones que asuman, feliz retorno, un abrazo.

Andrés Gómez Vela es periodista.
Fuente: Pagina Siete