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Cuatro medidas de transparencia pueden evitar actos de corrupción durante la emergencia por el Covid-19

  • La emergencia sanitaria obliga a entidades estatales a agilizar adjudicaciones y contrataciones para enfrentar al Covid-19.
  • Anteriormente, en Bolivia y en varios países del mundo sucedieron hechos de corrupción y desvío de la ayuda en casos de emergencia, afectando a la población más vulnerable.
  • Algunas medidas pueden frenar la corrupción, como la máxima divulgación de información, bases de datos abiertos, espacios de participación social y creación de canales directos de comunicación en redes sociales.

Fundación Jubileo / La actual coyuntura de emergencia sanitaria demanda a varias instituciones públicas (ministerios, gobernaciones y municipios), según sus responsabilidades y competencias, a realizar compras de equipamientos, insumos y contrataciones de personal de salud y servicios de manera urgente para enfrentar la difícil situación provocada por el Covid-19.

Varios análisis y antecedentes advierten sobre los riesgos de corrupción en situaciones de emergencia. Los canales más comunes para la comisión de hechos irregulares son las licitaciones y contrataciones.

Para prevenirlos, se deben asumir medidas de transparencia, acceso a información y rendición de cuentas: Algunas medidas concretas son la máxima divulgación de información, generación de bases de datos abiertos, conformación de espacios de participación social y creación de canales directos de comunicación en redes sociales.

Estructura normativa

Bolivia cuenta con una estructura normativa para la administración pública que establece los sistemas y procedimientos para las compras y adquisiciones, como la Ley 1178 SAFCO y Normas SABS, vigentes desde los años 90; con una secuencia de reglamentaciones en varios sectores, como el de las empresas públicas estratégicas, como YPFB y otros.

En este mismo marco normativo rige el Decreto Supremo Nº 181, del año 2009, que norma los procesos de contrataciones y adquisiciones, y establece que ministerios, gobernaciones y gobiernos municipales, así como otras instituciones públicas, elaboren sus propios reglamentos, denominados RE–SABS; bajo responsabilidad de las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE).

En la actual coyuntura de emergencia, el Gobierno central ha establecido el marco normativo mediante decretos supremos para hacer frente a la situación y viabilizar una oportuna respuesta desde los diferentes niveles de gobierno; es así que el 4 de marzo de 2020 se aprobó el Decreto Supremo Nº 4174 que autoriza “al Ministerio de Salud, a las entidades territoriales autónomas y a las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo, de manera excepcional, efectuar la contratación directa de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico, y servicios de consultoría de personal en salud, para la prevención, control y atención de la emergencia de salud pública de importancia internacional”, provocada por el coronavirus (Covid-19)”.

Ante esta situación de emergencia, a la que Bolivia como país se enfrenta con un sistema de salud precario y limitado en cuanto a infraestructura adecuada, equipamiento, insumos, ítems de profesionales y otros; se suma el desafío de garantizar los recursos necesarios. El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, buscará garantizar los recursos necesarios, probablemente a través de la reformulación del presupuesto general del Estado, recurriendo a las reservas internacionales, a préstamos y otras fuentes; así como la cooperación internacional también tendrá su rol importante con donaciones y créditos que otorguen a Bolivia y a países en similar situación.

Este esfuerzo por conseguir mayores recursos destinados a la emergencia del Covid-19, así como el sacrificio al que se expone a la población por redefinir el gasto público, cambiando presupuestos sectoriales y de los planes operativos anuales (POA) de gobernaciones y municipios, reorientando el gasto a cubrir las necesidades actuales; hace que el proceso de compras y adquisiciones tome mayor importancia y responsabilidad por parte de los que ahora tienen la gestión en sus manos.

Transparencia y acceso a información

Con base en estos antecedentes, reconociendo que la situación está definida como una emergencia que amerita gastos urgentes, es recomendable asumir medidas frente a posibles situaciones de fraude y corrupción; por tanto, reviste importancia incluir los principios y procedimientos de transparencia y acceso a la información en la normativa de compras directas en situaciones de emergencia, como el Covid-19.

¿Incluir procesos y herramientas de transparencia y acceso a información para la gestión y servidores públicos ocasionaría un lento proceso de compras y adquisiciones, afectando una respuesta oportuna desde los diferentes niveles de gobierno? Al respecto, Wilson Sandóval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de El Salvador, en su columna titulada ¨la corrupción mata¨, analizó que los recursos públicos desviados por corrupción pueden afectar los suministros y equipamiento necesarios para la atención en salud, más en países en vías de desarrollo donde las capacidades de los sistemas de salud son insuficientes y precarios.

En un análisis realizado por un grupo de trabajo conformado por representantes de 13 países que componen Transparencia Internacional, se hace referencia a datos de Naciones Unidas que establecen que, en el ámbito mundial, entre 10 a 25% de los presupuestos destinados a la compra de equipamientos y suministros en salud son malversados o destinados a la corrupción, lo que equivaldría a unos 500.000 millones de dólares por año.

Con referencia a ejemplos del destino del gasto público en situaciones de emergencia, la Oficina de Rendición de Cuentas de EEUU informó que en la emergencia del huracán Katrina el 16% de los recursos tuvo un uso indebido.

Otra experiencia similar al Covid-19 fue el de la epidemia del ébola, de 2014 a 2016, en África. Una investigación de la Cruz Roja Internacional afirma que el costo de corrupción fue de más de 6 millones de dólares, tanto en el desvío de fondos, pagos de salarios fantasmas, duplicación de suministros y otros.

Son distintos antecedentes en varios lugares del mundo donde un porcentaje de recursos se han gastado sin estar relacionados a la razón de la emergencia o han sido desviados por hechos de corrupción, lo que hace aconsejable que en Bolivia también se adopten normativas y procedimientos transparentes, eficientes y oportunos.

El país cuenta con normativa para la lucha contra la corrupción, con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la cual reconoce derechos importantes como el de la participación y control social, en conformidad con la Constitución Política del Estado. También rige una ley modelo para la administración y sistemas de la gestión pública, como la Ley SAFCO 1178; no obstante, Bolivia no dispone de una ley de transparencia y acceso a información. Si bien tiene disposiciones vigentes de menor rango, el secretismo y las restricciones para el acceso a información pública son prácticas constantes en todos los niveles de gobierno.

Otra característica de la normativa es que no hay límite de gasto para los ítems requeridos en emergencias. A partir del gasto de Bs 20.000 o más, posteriormente a la ejecución, se debe informar a la Contraloría General del Estado y proceder a su registro en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).

También, se ha identificado que, pese a que la normativa agilizaría los procesos de compras y contrataciones durante las emergencias, existen cuellos de botella que hacen lenta la ejecución del gasto, como ser el ajuste del POA y Presupuesto, ya que la norma señala que no se pueden realizar gastos públicos sin que estén previamente incluidos en el presupuesto. Otro factor que llama la atención y refleja una gran debilidad en municipios medianos y pequeños es que los servidores públicos y autoridades, para evitar futuros problemas con normas de control y fiscalización, prefieren utilizar las normas habituales, antes que aplicar los procedimientos de compras directas, ocasionando de esa forma una lenta gestión.

Medidas aplicables

No está demostrado que actividades de transparencia, acceso a información y generación de espacios de participación social bloqueen o hagan lentos los procesos de compras y contrataciones; es más, varias instituciones y expertos recomiendan esta apertura de transparencia y acceso a información para generar mayor confianza en la ciudadanía, como un elemento clave para una buena mejor gobernabilidad.

Existen estándares internacionales de transparencia, recomendados por organismos internacionales, donde principios como de la máxima divulgación de la información, la promoción del acceso a datos abiertos, la gratuidad en el acceso a información, la publicidad de toda la información pública sin necesidad de requerimientos, el acceso como regla y el secreto como excepción, entre otros, se plantean con el objetivo principal de generar confianza en la ciudadanía y fortalecer la gobernabilidad.

Sujetas a la voluntad política y a ajustes normativos, algunas medidas aplicables y preventivas de la corrupción en tiempos de emergencia son:

Máxima divulgación de información:

Consiste en transparentar toda la información referida a los recursos públicos disponibles, su origen, su ejecución y destino o impacto; para ello se pueden utilizar las plataformas web y de redes sociales de las diferentes instituciones públicas; pero también utilizar la difusión mediante los medios de comunicación masivos (tv, radio y prensa), ya sean en sus formatos digitales, impresos u otros. En este tema, lo critico sería hacer propaganda política antes que aprovechar estos espacios pagados con recursos públicos para una comunicación educativa e informativa.

Bases de datos abiertos:

El Gobierno debería crear una base de datos de toda la información referida a los procesos de compras y adquisiciones, y contrataciones estatales referidas al Covid-19, que pueda ser accesible a instituciones y organizaciones de sociedad civil, para que esté visible ante los actores económicos y de la gestión pública que intervienen en estos procesos de compras y contrataciones directas. Esto beneficiaría a una competencia abierta entre las ofertas de las empresas, permitiría a la sociedad civil conocer el destino de los recursos, retroalimentado una evaluación sobre la calidad del servicio recibido, permitiendo a la misma gestión y autoridades corregir posibles deficiencias en la distribución de equipamientos, insumos, contrataciones de personal de salud y otros.

Espacios de participación social:

Sin tener la ambición de que se conformen espacios amplios con la participación de representantes de las organizaciones sociales y el control social, la decisión de conformar comisiones de seguimiento y monitoreo para la transparencia, acceso a información y rendición de cuentas en los principales programas y proyectos que se ejecutan en esta emergencia del Covid-19, convocando a personas e instituciones referentes y con trayectoria notable; darían un claro mensaje de una voluntad política para un adecuado gasto de los recursos del Estado. Esto podría también aportar a que la relación con las organizaciones sociales no sea solo en el ámbito de la demanda y promueva la corresponsabilidad de los ciudadanos y sus organizaciones. Una sociedad informada sobre los recursos disponibles y las limitaciones de las instituciones del Estado para responder a tan grandes desafíos tendría una actitud abierta a dialogar y buscar salidas a los retos venideros.

Creación de canales directos de comunicación en redes sociales:

La utilización y buena administración de las plataformas de redes sociales, como Facebook y Twitter, con las que cuentan los ministerios, gobernaciones y municipios, podrían servir de instrumento de alerta temprana, de denuncia y respuesta oportuna para diferentes situaciones.

De alerta temprana porque es el canal casi inmediato donde se sube información sobre las necesidades de la población, por ejemplo: la existencia de suministros o personal de salud en determinados centros de salud u hospitales, la alta demanda de personas que requieren consulta médica y otros.

De recepción y atención de denuncias, por ejemplo: cuando una persona con sospecha de Covid-19 no recibe atención en un centro de salud, sea público o privado, cuando se informa que se han repartido equipamientos y resulta que la población del lugar evidencia en sitio que no existe este equipamiento en tal lugar.

Otro elemento que puede aportar a la identificación de posibles temas de conflictividad es el de la respuesta oportuna y clarificación de información desde fuentes oficiales, lo que es necesario ante una alta incidencia de noticias falsas (fake news). Al respecto, la OMS acuñó el concepto de “infodemia”, donde la información falsa, sumada a la información contradictoria de las diferentes autoridades, genera niveles bajos de confianza en la población sobre la gestión que se lleva adelante.

La promoción de la transparencia y acceso a información pública, en esta situación de emergencia del Covid-19, es imprescindible para reducir los riesgos de fraude y corrupción en un tema tan sensible como las compras y adquisiciones estatales.

El propósito es que equipamiento, medicamentos e incluso transferencias y bonos creados para aliviar las necesidades de la población más vulnerable lleguen efectivamente a los destinatarios esperados, con transparencia y efectividad.

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