Mientras más se acerca la fecha de inicio de la IX marcha indígena la ansiedad gubernamental asciende a saltos, que asumen la apariencia de nuevas fabricaciones con las que se pretende desbaratar la movilización en defensa de los bosques, los derechos indígenas y la Constitución.
Una de las últimas imposturas es la afirmación de que la carretera (por el centro del bosque) “es una necesidad estratégica para vincular, un tercio del territorio boliviano para (sic) el resto del país”, como lo ha dicho el Vicepresidente. Esos 366.193 km 2 equivalen al territorio íntegro de Beni y Pando que, si bien son departamentos insuficientemente vinculados, no es real que estén aislados y menos todavía que para resolverlo se deba eliminar el parque y territorio indígena, cortando su núcleo.
Si eso del tercio de territorio puede considerarse una exageración, lo dicho en la misma conferencia de prensa sobre que anular el contrato con OAS: “es una decisión soberana del Estado” resulta un embuste chirriante, de acuerdo a la noticia atribuida al periódico “Valor Económico” del Brasil, en el boletín de “Plataforma Energética” distribuido este viernes 13.
La información expresa que ha sido el Banco Nacional de Desarrollo (Bndes del Brasil), financiador del 80 por ciento de la carretera que exigió la resolución del contrato: “Bndes demandó en febrero de 2012 que el Gobierno boliviano anule el actual contrato con la OAS y halle los mecanismos adecuados para firmar un nuevo contrato que se ajuste a la normativa aprobada tras la VIII marcha indígena y que prohíbe la construcción de la carretera por medio del Tipnis. El Bndes ahora aguarda que la constructora OAS y la estatal Administradora Boliviana de Carreteras definan un nuevo borrador de contrato para analizar de qué forma se puede apoyar la obra”. Si la versión es exacta, el “acto soberano” es en realidad un simple acatamiento de lo dispuesto por el dueño de los recursos.
La suma de patrañas es la mejor evidencia de que, aun cuando diga lo contrario, el Gobierno sabe y siente que la IX marcha tiene todas las posibilidades de convertirse en un nuevo movimiento social de dimensión nacional de impugnación a sus políticas.
