Oruro

Religiosos esperan solución ante la disputa de terrenos con particulares

La disputa por el terreno ubicado en la calle Adolfo Mier entre Soria Galvarro y La Plata, lado del templo de La Catedral, genera nuevamente expectativa ante el cambio de juez que tiene como principal función hacer cumplir la sentencia del 20 de abril de 2006, que favorecía a los religiosos.

En conferencia de prensa el Obispo de la Diócesis, Monseñor Cristóbal Bialasik, y la asesora legal del Obispado, María Luz García Castillo, dieron a conocer su preocupación por el conflicto suscitado con los esposos Alberto Ordóñez Plaza y María Salomé Lima Crespo, que surgió por el derecho propietario de un espacio ubicado entre La Catedral y la vivienda de la mencionada familia.

A través de un informe sucinto, recordaron que el proceso iniciado en 1999 concluyó con el dictamen de la sentencia desde la Corte Suprema de Justicia, en octubre de 2011, máxima instancia a la que llegó el proceso.

Según se informó, la sentencia contra la familia Ordóñez, fue negativa para los esposos por el delito de falsedad material y uso de instrumento falsificado, habiéndoles sentenciado a tres años de privación de libertad.

“Son casi tres años de emitida la sentencia de la Corte Suprema mediante la cual se determina que los esposos Alberto Ordóñez Plaza y María Salomé Lima Crespo debían cumplir una condena de tres años por la falsificación de firmas y documentos”, explicó la asesora del Obispado.

PROCESO

El proceso se inició en 1999 cuando el padre Tomás Chávez Uría presentó la denuncia ante la Fiscalía de Distrito, advirtiendo que se había alterado la superficie del terreno que colinda entre la construcción de La Catedral Virgen de la Asunta y la propiedad de los esposos Ordóñez.

En base a documentos, se conoció que la superficie del bien inmueble de la familia Ordóñez, que tenía 160 metros cuadrados en Derechos Reales, apareció en la documentación notarial con 260 metros cuadrados lo que habría sido aprovechado por los esposos Ordóñez para conseguir toda la documentación de propiedad con la nueva superficie de los terrenos que fue comprada de la Mutual el Progreso.

Los involucrados, al conocer la sentencia, solicitaron el derecho que se les suprima la condena por ser personas de la tercera edad, que fue aceptada por el juez liquidador 3 Juan Carlos Zelaya, quien a pesar de haber concedido la suspensión de la condena, se negó a continuar con el proceso declarando incompetencia, sin hacer cumplir al cien por cien la sentencia.

No obstante, los denunciados apelaron la decisión provocando la retardación de justicia y el incumplimiento del auto supremo por lo que existe retardación de justicia de 944 días, explicó la asesora del Obispado.

En la demanda los esposos Ordóñez señalaron que su domicilio se encontraba en la calle Adolfo Mier entre Soria Galvarro y La Plata donde deberían ser notificados, pero a través del juez Juan Carlos Zelaya se conoció que su domicilio es en Cochabamba, lugar donde no fueron encontrados para ser notificados, motivo por el que se hizo mediante cedulón.

El viernes se informó que el proceso fue derivado al juez Gregorio Orozco, por lo que esperan que se cumpla la sentencia emitida el 20 de abril de 2006 a la brevedad posible ante el mal aspecto de este terreno que se convirtió en un basural.

La disputa por el terreno ubicado en la calle Adolfo Mier entre Soria Galvarro y La Plata, lado del templo de La Catedral, genera nuevamente expectativa ante el cambio de juez que tiene como principal función hacer cumplir la sentencia del 20 de abril de 2006, que favorecía a los religiosos.

En conferencia de prensa el Obispo de la Diócesis, Monseñor Cristóbal Bialasik, y la asesora legal del Obispado, María Luz García Castillo, dieron a conocer su preocupación por el conflicto suscitado con los esposos Alberto Ordóñez Plaza y María Salomé Lima Crespo, que surgió por el derecho propietario de un espacio ubicado entre La Catedral y la vivienda de la mencionada familia.

A través de un informe sucinto, recordaron que el proceso iniciado en 1999 concluyó con el dictamen de la sentencia desde la Corte Suprema de Justicia, en octubre de 2011, máxima instancia a la que llegó el proceso.

Según se informó, la sentencia contra la familia Ordóñez, fue negativa para los esposos por el delito de falsedad material y uso de instrumento falsificado, habiéndoles sentenciado a tres años de privación de libertad.

“Son casi tres años de emitida la sentencia de la Corte Suprema mediante la cual se determina que los esposos Alberto Ordóñez Plaza y María Salomé Lima Crespo debían cumplir una condena de tres años por la falsificación de firmas y documentos”, explicó la asesora del Obispado.

PROCESO

El proceso se inició en 1999 cuando el padre Tomás Chávez Uría presentó la denuncia ante la Fiscalía de Distrito, advirtiendo que se había alterado la superficie del terreno que colinda entre la construcción de La Catedral Virgen de la Asunta y la propiedad de los esposos Ordóñez.

En base a documentos, se conoció que la superficie del bien inmueble de la familia Ordóñez, que tenía 160 metros cuadrados en Derechos Reales, apareció en la documentación notarial con 260 metros cuadrados lo que habría sido aprovechado por los esposos Ordóñez para conseguir toda la documentación de propiedad con la nueva superficie de los terrenos que fue comprada de la Mutual el Progreso.

Los involucrados, al conocer la sentencia, solicitaron el derecho que se les suprima la condena por ser personas de la tercera edad, que fue aceptada por el juez liquidador 3 Juan Carlos Zelaya, quien a pesar de haber concedido la suspensión de la condena, se negó a continuar con el proceso declarando incompetencia, sin hacer cumplir al cien por cien la sentencia.

No obstante, los denunciados apelaron la decisión provocando la retardación de justicia y el incumplimiento del auto supremo por lo que existe retardación de justicia de 944 días, explicó la asesora del Obispado.

En la demanda los esposos Ordóñez señalaron que su domicilio se encontraba en la calle Adolfo Mier entre Soria Galvarro y La Plata donde deberían ser notificados, pero a través del juez Juan Carlos Zelaya se conoció que su domicilio es en Cochabamba, lugar donde no fueron encontrados para ser notificados, motivo por el que se hizo mediante cedulón.

El viernes se informó que el proceso fue derivado al juez Gregorio Orozco, por lo que esperan que se cumpla la sentencia emitida el 20 de abril de 2006 a la brevedad posible ante el mal aspecto de este terreno que se convirtió en un basural.