Análisis

PRECAUTELAR Y PREVENIR EL PASADO

La legislación que el Gobierno está emitiendo con el objetivo de suplantar al Estado de Derecho que se tenía (aún se tiene) en el país, si bien es cierto que recoge muchas instituciones propuestas por la sociedad, se caracteriza por una improvisada redacción (habitual en el ámbito normativo medioambiental), como a continuación se observa bajo una óptica analítica, descriptiva y propositiva.

Según la Ley del Órgano Judicial, promulgada el 24/06/2010, art. 153, inciso 3, en vigencia desde el 24/06/2012, los juzgados agroambientales tendrán competencia de: “Conocer acciones para precautelar y prevenir la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medioambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio cultural respecto de cualquier actividad productiva, extractiva o cualquier otra de origen humano, sin perjuicio de lo establecido en las normas especiales que rigen cada materia”.

La disposición en sí contiene una contradicción propia de los “legisladores nocturnos” que la hace inaplicable en lo relativo a los daños al medioambiente, puesto que en la estructuración de los elementos del acto ilícito se han confundido los tiempos de la circunstancia y el resultado.

Ella se refiere a los actos de precautelar y prevenir (futuro) el daño causado (pasado), es decir que en el presente y con actuaciones por hacer se pretende evitar lo ya hecho.

En consecuencia, ordenando la norma actuar en el presente para precautelar y prevenir el pasado, nos encontramos frente a una contradicción congénita que convierte tal disposición en una acción abierta, o sea, no perfectamente elaborada por incongruencia estructural en los tiempos.
Lo correcto en esa parte de la norma es que ante el daño surja el deber de la recomposición por parte del sujeto que lo ocasionó, porque lo ya hecho no se precautela o previene, sino simplemente se arregla o recompone.

En caso de que en los próximos meses no haya una norma complementaria que deshaga el entuerto, se habrá colocado al juzgador agroambiental en el eterno dilema de ajustarse a la incongruente norma y no hacer nada, o cada juez deberá buscar una interpretación que atienda el objetivo de proteger el medioambiente, pero saliéndose de la norma recientemente promulgada con bombos y platillos.
Este tipo de incongruencias (establecer algo inejecutable) es habitual que sean introducidas aviesamente por los legisladores para satisfacer parcialmente sus conciencias, evitando en realidad acciones contra quienes dañan el medioambiente; mientras tanto, sigue muriéndose el Piraí.