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PIDEN 16 AÑOS A UN PÁRROCO DE ZARAGOZA POR FAVORECER MATRIMONIOS DE CONVENIENCIA

(MADRID) El fiscal argumenta que el párroco acusado, Francisco Javier H.O., “no dudó en prestarse a participar en la trama a sabiendas de su ilegalidad” 

Un párroco de una iglesia de Zaragoza será juzgado del 17 al 19 de octubre en la Audiencia provincial por su presunta implicación en una red dedicada a favorecer matrimonios de conveniencia entre españoles e inmigrantes y para quien el fiscal pide penas que suman 16 años de prisión.

En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Efe, el ministerio público asegura que el acusado, junto a otras tres mujeres domiciliadas en Barcelona que habían ideado el fraude y que se enfrentan a las mismas penas de cárcel, ofició alrededor de cincuenta falsos matrimonios entre abril y diciembre de 2007.

Según el fiscal, la red se servía mayoritariamente de carnés de identidad sustraídos a mujeres de nacionalidad española, cuya personalidad suplantaban ellas mismas u otras para realizar los matrimonios.

También ofrecían a parejas estables que tenían intención de casarse la posibilidad de hacerlo por medio de una “vía rápida” que les permitía evitar numerosos trámites, o captaban a mujeres españolas para casarse con un extranjero a cambio de una cantidad que oscilaba entre los 1.000 y los 3.000 euros.

Los inmigrantes, en su mayoría hombres de nacionalidad albanesa o paquistaní y, en menor medida, mujeres inmigrantes, pagaban a la red entre 3.000 y 7.000 euros a cambio de un matrimonio fraudulento que les permitía legalizar su situación administrativa en España y obtener permisos de residencia familiar comunitario y de trabajo.

El fiscal argumenta que el párroco acusado, Francisco Javier H.O., “no dudó en prestarse a participar en la trama a sabiendas de su ilegalidad”, soslayando, presuntamente, el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la celebración de matrimonios canónicos válidos.

Por esta razón, el ministerio público solicita la condena del Arzobispado de Zaragoza, al que pertenece la parroquia de la que es titular el acusado, como responsable civil subsidiario en el pago de indemnizaciones de 20.000 euros a cada una de las mujeres suplantadas, que se vieron repentinamente casadas sin saber con quien.

Al parecer, el párroco no sólo no exigía ni la dispensa necesaria para salvar el impedimento de una posible diversidad de cultos, sino que se prestaba a la búsqueda de domicilios inexistentes en Zaragoza para no tener que realizar las amonestaciones, necesarias para las contrayentes domiciliadas en otras provincias, como figuraba en los carnés de las suplantadas, sustraídos en Barcelona y Valencia.

El fiscal añade que el párroco remitía toda la documentación al Registro Civil de Zaragoza para su inscripción, y que él mismo recogía en ocasiones los libros de familia para entregarlos a los contrayentes, “cobrando a cambio cantidades que oscilaban entre los 300 y 600 euros”.

En la causa está personada una de las mujeres suplantadas, cuyo carné de identidad, sustraído previamente en Manresa (Barcelona), fue utilizado para la celebración de un matrimonio con un inmigrante paquistaní y darle de alta en cinco compañías de telefonía móvil.

La denunciante instó un procedimiento de divorcio en un juzgado de Barcelona, en el que compareció su supuesto marido, quien manifestó ante el juez que no era ella la persona con la que se había casado en Zaragoza.

La investigación, iniciada a raíz de la alerta dada por el juez del Registro de lo Civil de Zaragoza ante los numerosos matrimonios entre inmigrantes y españolas que se realizaban en la parroquia del acusado, favoreció la detención, el 5 de febrero de 2008, de las tres mujeres que conformaban la red.

Dos días después fue detenido en Zaragoza el párroco, quien, según el fiscal, trató de resistirse de forma violenta al arresto, causando lesiones a uno de los agentes, hechos por los que acusa al procesado de un delito de resistencia y de una falta de lesiones.

El ministerio público reclama a cada uno de los cuatro acusados condenas de 6 años por presunta falsedad continuada en documento público, de 7 años por un supuesto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y de 3 por otro continuado de usurpación de estado civil.

Por su parte, el letrado de la defensa del párroco solicita la libre absolución de su cliente, del que asegura que “no participó conscientemente en ninguno de los hechos ilícitos que se relatan, sino que actuó siempre de buena fe”.

Asegura este letrado que la documentación aportada por los contrayentes “tenía toda la apariencia de ser auténtica”, y que las bodas se celebraron de acuerdo con el ritual propio del sacramento.

En este mismo sentido se pronuncia el abogado del Arzobispado de Zaragoza, al asegurar que el sacerdote acusado actuó siempre “de buena fe y con arreglo a la normativa diocesana vigente”, y que percibió las tasas establecidas en su parroquia, que eran de 150 euros por boda, por lo que descarta la responsabilidad civil planteada.

Los letrados de la defensa de las tres mujeres que conformaban, presuntamente, la red también solicitan la libre absolución de sus clientes, y reclaman la nulidad de las escuchas telefónicas que les fueron practicadas al entender que los investigadores pudieron practicar pruebas “menos lesivas” para los derechos fundamentales de las procesadas.