La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, y legisladores oficialistas negaron que en el país haya “presos políticos” y aseguraron que sólo hay personas que han cometido delitos y que están siendo procesadas penalmente, en respuesta a la petición de la Iglesia Católica de una amnistía o indulto en gesto de “pacificación” para los encarcelados, exiliados y refugiados políticos.
El diputado del MAS Galo Bonifaz calificó ayer de injerencia política el pedido de la Iglesia Católica de amnistía para los procesados políticos en Bolivia.
El legislador consideró que la Iglesia “equivoca el paso” al demandar la amnistía para procesados por causas políticas, en alusión a que “muchas personas se sienten perseguidas por expresar un pensamiento disconforme con el proyecto político instaurado en el país, y lo más aberrante es que se utilice a la Justicia para tal cometido”, argumenta el clero.
“La Iglesia Católica está equivocando el paso que en vez de acercar a Dios a sus feligreses y salvar almas se mete en temas políticos”, argumentó por su parte Bonifaz, quien agregó que la Iglesia se convierte en “portavoz de delincuentes”.
Oposición
Legisladores de oposición, en cambio, respaldaron el pedido de los obispos. “Ya en varias ocasiones hemos planteado la demanda de una ley de amnistía para los presos políticos, exiliados y perseguidos. Nos alienta saber que esa misma posición acaba de ser expresada por la Conferencia Episcopal Boliviana”, dijo el jefe de la bancada de Convergencia Nacional (CN), Luis Felipe Dorado.
Dorado resaltó que actualmente hay más de 50 presos políticos en el país y cientos de exiliados, según datos del Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas (Acnur)”.
A su turno, el diputado oficialista Luis Alfaro cuestionó el pedido de la Iglesia porque, a su juicio, denota que el clero “no se preocupa de los pobres, sino de ricos que robaron al país”.
“Está fuera de lugar ese pedido porque pareciera que los obispos no conocen la realidad profunda del país”, afirmó.
Por su parte, el diputado de la opositora Alianza Social (AS), Wilman Cardozo recomendó al Gobierno asumir el mensaje de la Iglesia y dar amnistía a supuestos perseguidos políticos.
“Como opositores apoyamos totalmente el pedido de la Iglesia y esa iniciativa la vamos a plantear la próxima semana para que haya una amnistía política en Bolivia como se ha hecho en varios países, porque Bolivia también requiere de una tregua policiaca y judicial para restaurar el Estado de derecho en el país”, dijo.
El secretario ejecutivo de los campesinos productores de la gran Chiquitania, César Rivero, pidió a la Iglesia Católica “cumplir con su rol de apoyo a la sociedad y dejar de hacer política”.
PEDIDO DE LA IGLESIA
La Iglesia Católica pidió el lunes a las autoridades de Bolivia amnistía para las decenas de “encarcelados, exiliados y refugiados políticos” como un gesto de “reconciliación”, y tildó de “aberrante” usar la justicia para perseguir a los disconformes con el “proyecto político” que vive el país.
En un comunicado emitido por el Consejo Episcopal Permanente lamentó que esas personas estén “sufriendo porque no hay garantía de un justo juicio” y también por la lentitud en los procesos judiciales. “Nos permitimos también sugerir (…) hacer un gesto de reconciliación, como un indulto o la amnistía a favor de esos hermanos”, señala el comunicado.
Los obispos remarcaron la importancia de que el ejercicio de la justicia “sea libre de condicionamientos de tipo económico, social y político, no para la impunidad, sino para garantizar juicios imparciales”.
También advirtieron que si continúa la “instrumentalización de la justicia”, se estarán resquebrajando “seriamente” las bases democráticas de la convivencia y se proyectará “una imagen negativa ante el mundo acerca de la vigencia de los derechos y libertades fundamentales” en Bolivia.
Exhortación al diálogo
Los obispos de la Iglesia Católica, a través de su comunicado, también exhortaron a deponer intransigencias e iniciar un diálogo franco y sincero para solucionar la división que ha generado la Consulta en el Tipnis y piden incluir en el Censo la identidad religiosa y sociocultural.
Este pedido fue rechazado por el dirigente indígena, afín al Gobierno, Gumercindo Pradel, quien considera que los únicos que están dividiendo son algunos dirigentes que no tienen ningún reconocimiento en las comunidades y se oponen a que las comunidades sean consultadas.
