Análisis

LOS PRINCIPALES MALES DE LA JUSTICIA BOLIVIANA

¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que los bolivianos y bolivianas podamos tener una justicia de calidad? ¿Cuántas elecciones y nuevas autoridades tenemos que elegir o nombrar para transformar el sistema de administración de justicia boliviano? o ¿Cuándo podremos decir que efectivamente estamos ejerciendo nuestro derecho a la justicia? La mayoría de nosotros seguro estamos tentados a responder a la primera pregunta con un simple: “demasiado”, a la segunda con un: “más de las que quiero tener en mi vida” y a la última con un lapidario: “nunca”.

Una gran parte de la población es sumamente pesimista acerca de los males que aquejan a la justicia boliviana y sus soluciones, otra resulta escéptica acerca de las reformas que se vienen implementando para su transformación. Con el fin de saber las opiniones de la ciudadanía sobre el tema, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social de Bolivia dentro su proyecto Ciudadanía Virtual, realizó un sondeo de opinión en los tribunales cochabambinos sobre cuáles eran los problemas que más afectaban a las personas para acceder a la justicia en nuestro medio. Este sondeo fue realizado tanto a hombres como a mujeres, solicitando datos como auto identificación cultural, edad, ingreso económico y nivel educativo.

Independientemente de quien era la persona que contestaba, de 20 posibles problemas planteados el 66 por ciento de los encuestados creen que el principal problema son los “altos costos de los procesos judiciales”, un 65 por ciento considera que la “discriminación dentro la justicia” le impide acceder a ésta, un 64 por ciento se ve sumamente afectado por la “retardación de justicia” y un 61 por ciento es golpeado por la “corrupción judicial”. Es decir, que tanto ricos como pobres no pueden solventar los gastos de pedir justicia en este país; mujeres e indígenas son quienes más se sienten discriminados ante la administración de justicia; pareciera que por lo menos seis de cada 10 personas son víctimas de la corrupción judicial, y que todos ellos deben soportar la retardación en sus procesos judiciales.

Pareciera que esos son los principales males de la justicia boliviana, sin embargo, otros problemas identificados fueron: “procedimientos burocráticos”, “falta de respeto a la ley”, “mala distribución geográfica de los tribunales”, “restricciones lingüísticas”, “sobrecarga procesal”, “funcionarios no capacitados”, “politización de la justicia”, “falta de capacidad de los abogados”, “falta de conocimiento de los derechos dentro la justicia”, “leyes difíciles de entender” y “ausencia de valores dentro la justicia”.

La definición de un problema como estructural o coyuntural está determinada por el enraizamiento de dichos problemas en la estructura estatal y el efecto adverso que tiene sobre el bienestar de la población, pues su condición de “problema estructural” amerita soluciones que no sean inmediatistas e intervenciones que no pueden darse al corto plazo. Desde esta perspectiva el problema del derecho de acceso a la justicia en Bolivia es definitivamente estructural y además cala hondo en lo más profundo de los sentimientos de las personas que intentan obtener justicia en el país, pues lejos de alcanzarla parece que terminan sus procesos judiciales totalmente desgastados física, económica y moralmente.
 
El autor es investigador del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social de Bolivia (Ceres)