Por la segunda vez Bolivia es la sede de una Asamblea General en que los cancilleres de los países miembros de la Organización de Estados Americanos se reúnen por mandato de su estatuto. La primera OEA boliviana fue en La Paz hace 33 años.
Destaco en la anterior cumbre el trabajo realizado por un cochabambino notable, el presidente Walter Guevara, quien varios meses previos a la Cumbre se había preocupado de forma diligente y personal por crear el ambiente favorable al planteamiento boliviano de sacar “la mediterraneidad del plano bilateral a otro multilateral”, vale decir, trasladar el estudio de la demanda boliviana a un escenario más amplio y solidario en que pudiesen actuar además de Bolivia y Chile los miembros de la OEA.
Contra toda esperanza, la OEA acogió la propuesta de Bolivia y le ofreció un respaldo “casi pleno” de no haber hecho abandono del hemiciclo el Canciller chileno. Una ovación cerrada ratificó la mayoritaria decisión. La OEA otorgaba a Bolivia apoyo unánime para situar el problema en el plano multinacional. Una decisión que significó una derrota para la diplomacia chilena a la par que una victoria para la boliviana.
Ahora el planteamiento boliviano de volver a la Resolución de 33 años atrás no tiene la menor posibilidad de prosperar por varios factores de peso. El tema no ha sido incluido en la agenda porque fue planteado muy tardíamente ni pudo ser consensuado entre los países miembros y sólo podrá ser planteado como una moción extra, sin informe de comisión, lo que le resta toda alternativa de llegar al plenario. No es lo mismo plantear hoy bajo el mandato democrático de Piñera que con Pinochet, la urticante cuestión del mar para Bolivia que de alguna manera cuestiona la Guerra del Pacífico y todo el andamiaje estructural de la economía y la política del vecino.
Sin dejar de lado la justeza de la reivindicación que anida en cada boliviano de volver al mar por lo injusto e inaceptable de aquella agresión armada, será hidalgo reconocer los hierros de la administración actual. Aún en desmedro de la santa causa, se tiene que aceptar la enorme pérdida de tiempo que ha significado la prolongada apertura del Gobierno de La Moneda, mientras temas como el Silala, el retiro de miles de minas personales colocadas en la frontera (¿previsión ante una invasión boliviana?), problemas bilaterales como el contrabando, la criminalidad, el narcotráfico, el intercambio comercial, continúan siendo indefinidamente pospuestos a la espera del momento adecuado.
El planteamiento de ir a un arbitraje llevando la causa a los tribunales internacionales y que fue objeto de una sobredimensionada campaña mediática se ahogó en las aguas del intento de contratar uno de los más afamados y costosos bufetes de Buenos Aires, que pidió al Gobierno boliviano una gruesa suma de millones de dólares para empezar el trámite en los tribunales internacionales de La Haya, sin ofrecer garantía alguna de éxito en la gestión.
Mencionar finalmente que la autoridad creada para llevar todo el trámite, con el mayor respaldo económico y formal del canciller Choquehuanca, quedó semifusa en la bruma de la burocracia masista que no ha dado señales de existencia además de presidir la celebración del 23 de marzo.
No cuesta esfuerzo alguno calificar cuál de las dos Asambleas de la OEA en nuestra patria resulta siendo de real beneficio para la causa marítima, ideal irrenunciable del pueblo boliviano.
