La Iglesia Católica, la Gobernación y el SEDES dialogan para concretar un nuevo convenio de cooperación
La permanencia en Sucre de la congregación Siervas de María corre riesgo. Así lo admitieron ayer las religiosas, en una conferencia de prensa en la que no pudieron contener las lágrimas ante esa posibilidad. Quieren que el convenio en discusión con la Gobernación se trabaje con ellas, en el propósito de seguir trabajando para la ciudadanía, pero en condiciones en que su dignidad no se vea mellada.
Las religiosas salieron ayer, a los medios de comunicación, para expresar su solidaridad a una de sus miembros, a quien se removió del puesto de Jefa de Personal sin las tres llamadas de atención previas que se usan en estos casos.
La madre superiora provincial de las Siervas de María, sor Verónica Romero, quien llegó de emergencia desde Argentina, se sintió tan dolida que hasta abrió la posibilidad de que la orden religiosa deje la ciudad.
“Lógico que (nuestra permanencia) está en riesgo. Está muy en riesgo porque si el señor Gobernador va a ser el que haga el convenio para las religiosas y no con las religiosas, da la impresión de que nosotras no tenemos opción”, dijo sor Verónica.
De no haber un cambio de conducta, las Siervas de María no sólo dejarían el Hospital Santa Bárbara, sino el hogar de ancianos 25 de Mayo y el hospital San Pedro Claver.
Sor Verónica dijo que las hermanas quieren quedarse, que aseguran estar dispuestas a soportar el estado actual de cosas si su labor sigue beneficiando a la gente, pero ella, como responsable, no puede permitirlo en la situación actual.
Recordó que el día que visitó al gobernador para hablar sobre los dos memorandos contra una de las religiosas, no fue bien recibida. “Fue así de claro: él (Gobernador) ha dicho muy bonito que tuvo una reunión con la Iglesia, que la recibió muy bien. No es verdad o mejor dicho es mentira porque nos costó mucho llegar a esa reunión con el señor Gobernador”, remarcó.
Las Siervas de María expresaron su indignación luego que sor Sonia Butrón fuera removida del cargo de Jefa de Recursos Humanos del Hospital Santa Bárbara.
La religiosa recibió un memorándum de severa llamada de atención, por supuestas irregularidades en el control de asistencia de personal. “El delito cometido por la Jefa de Personal, según la doctora (Giovanna) Ordóñez, directora interina del Hospital, es el no haber comunicado a las instancias superiores el permiso otorgado a un profesional”, sostuvo la Madre Superiora de la orden religiosa.
La indignación también es porque la hermana Butrón no tuvo opción a la defensa y al debido proceso, pues no incurrió en una falta grave y tampoco recibió las tres llamadas de atención que por norma corresponden antes de la destitución, detalló.
“En este momento, lo que pedimos es la restitución de la madre Sonia Butrón en la Jefatura de Personal y luego hablaremos de una revisión del convenio existente”, añadió sor Verónica.
Las religiosas recibieron el respaldo de los trabajadores del Hospital Santa Bárbara y de la Federación de Trabajadores en Salud de Chuquisaca, quienes las acompañaron en la conferencia de prensa de ayer.
LA REUNIÓN
Instalada la mesa de diálogo, aunque sin las religiosas, representantes del Ministerio de Salud, la Gobernación, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) y la Iglesia Católica se pusieron de acuerdo para renovar el convenio que permite a las Siervas de María administrar algunos centros de salud en Sucre.
El vicario pastoral de la Arquidiócesis de Sucre, monseñor Percy Galván, quien acudió a la reunión en representación del arzobispo, monseñor Jesús Pérez, sin mencionar el tema de la destitución de la religiosa, dijo que el planteamiento de la Iglesia Católica es renovar el convenio en cuestión.
El jefe de Gabinete de la Gobernación, Ever Almendras, por su lado, aseguró que la reunión permitió aclarar algunos puntos del conflicto generado en torno a la religiosa que fue removida de su cargo en el Hospital Santa Bárbara.
Aclaró que el reclamo de la hermana Sonia Butrón es un “asunto aislado” y no tiene relación con el convenio que se pretende actualizar, pues la religiosa fue removida del cargo porque supuestamente incurrió en irregularidades en el ejercicio de sus funciones como servidora pública, según sus palabras.
Afirmó que la renovación del convenio es inevitable, porque tiene que ajustarse a las normas vigentes a partir de la nueva Constitución Política del Estado.
Los representantes de la Iglesia Católica y del Gobierno volverán a reunirse el próximo martes, pero esta vez para definir el contenido del nuevo convenio.
